Autoridades del Poder Judicial realizaron el día de hoy una conferencia de prensa para informar del problema que están enfrentando debido a que el Ministerio de Justicia y Paz no está recibiendo a personas privadas de libertad en el sistema penitenciario nacional.
La presidenta a. i. de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló que desde el Poder Judicial no desconocen las dificultades que atraviesa el Ministerio de Justicia y Paz por el hacinamiento carcelario y los cierres por ordenes sanitarias debido a brotes de COVID-19, pero recordó que la emergencia nacional "no significa que no debamos continuar prestando un servicio esencial".
Solano enfatizó que, a pesar de haber realizado una gran cantidad de conversaciones con el Ministerio de Justicia y Paz, para coordinar la realización de diferentes audiencias —tanto de audiencias donde se discute prisión preventiva como juicios— les preocupa que en este momento, no se están recibiendo a privados de libertad.
Solano destacó que incluso el OIJ ha tenido que trasladar a las personas detenidas desde las diferentes sedes del Poder Judicial hasta el sistema penitenciario y viceversa, pese a que no está dentro de sus labores asignadas, y recordó que los edificios del Poder Judicial tienen una cantidad determinada de celdas, que son exclusivamente para el periodo de detención de una persona y mientras esta es pasada a los Tribunales, pero al día de hoy hay 179 personas en dichas celdas.
Adicionalmente, Solano recordó que la ley establece un máximo de 72 horas que las personas pueden ser detenidas en celdas judiciales antes de ser trasladadas a los diferentes centros penitenciarios, por lo que la imposibilidad del Ministerio de Justicia y Paz de recibir estas personas ya ha ocasionado que se declararan con lugar 47 recursos de habeas corpus contra el Estado por tener a las personas más de 72 horas detenidas sin ser trasladadas a un centro penitenciario.
Según señaló Solano, producto de esta situación han tenido que suspenderse muchos juicios por la imposibilidad de realizar los traslados de las personas indiciadas para que participen en las audiencias, y tampoco han contado con la posibilidad de que participen de manera virtual desde los centros penitenciarios, lo cual para Solano representa tanto una violación a los derechos de la persona sometida al proceso, como a la persona usuaria que acude al Poder Judicial por las ofensas recibidas.
La presidenta en funciones del Poder Judicial enfatizó que la situación está ocasionando un "colapso completo a la administración de justicia"; añadió que en estos momentos "si viene una persona detenida no podremos recibirla porque no tenemos capacidad" y sentenció "si no encontramos una respuesta pronta, toda la administración de justicia no va a poder dar la respuesta que tenemos que dar".
Por su parte, el director General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, detalló que 85 de las 179 personas detenidas (47.48%) al día de hoy tienen menos de 5 días de estar en espera pero, como corresponden a primeros ingresos son personas que, tras la imputación del Ministerio Público, un juez determinó que debían mantenerse en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso, pero no están siendo recibiendo en los centros penales.
Espinoza señaló que "estamos afrontando una omisión del Ministerio de Justicia de recibir de manera efectiva y eficiente a las personas que transitan por estrados judiciales y que por primera vez son remitidas a celdas penales". Adicionalmente, añadió que de las personas detenidas en celdas del OIJ 74 (41.89%) llevan mas de dos semanas y 20 (11.17%) tienen entre 5 días y 2 semanas detenidas.
Espinoza recalcó que la situación se vuelve más compleja porque las autoridades policiales no pueden dejar de ejecutar acciones, operativos, allanamientos y "la sociedad requiere y exige actuación de la ley, ejecución de detenciones", pero cuando esas personas son detenidas deben deben ingresar a celdas del OIJ para que el Ministerio Público valore su situación y valore si pedirá medida cautelar o no, y añadió: "pero como las celdas se están llenando, evidentemente el sistema empieza a colapsar en virtud de que va a llegar el momento en que no podremos recibir a las personas".
El jerarca del OIJ recordó que esta situación representa una violación a las garantías fundamentales de quienes permanecen en las celdas judiciales, y aunque aseguró que desde el OIJ han tomado medidas para sobrellevar la situación y garantizar condiciones humanas y dignas, dijo que la situación sobrepasa las capacidades.
El pasado 16 de septiembre la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, había señalado vía comunicado de prensa su preocupación debido a que, a pesar de que la Sala Constitucional ha señalado que se puede permitir una sobrepoblación de hasta un 20% en los centros penitenciarios, jueces de ejecución de la pena han ordenado a su Ministerio no recibir a nuevos ingresos, incluso en centros que tienen espacios disponibles.
Salazar, enfatizó que el proceso de recepción de personas se ha atrasado, ya que se les han presentado tres circunstancias de forma simultanea:
- La ocupación de espacios para el aislamiento de personas de primer ingreso o aquellas que salen de los centros a cumplir con diligencias judiciales.
- La imposibilidad de recibir a privados de libertad en centros sobre los que existe orden de cierre por parte de jueces de ejecución de la pena.
- Las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud para los centros donde existen casos positivos de COVID-19.
Dato D+: Según datos del Ministerio de Justicia y Paz tras la creación de los Tribunales de Flagrancia entre el 2010 y el 2020 la población penitenciaria ha crecido en un 78%.
Según el Ministerio de Justicia y Paz varios centros penales del país que no llegan al 100% de su capacidad o han emprendido acondicionamientos extraordinarios de manera paliativa han recibido órdenes judiciales que les impiden nuevos ingresos o solicitan deshacer los movimientos que ha realizado la institución en procura de poder recibir las personas que esperan en celdas judiciales.
Desde el Ministerio de Justicia y Paz aseguraron que desde inicios del mes de julio la institución planteó a varios jueces de ejecución de la pena la solicitud de levantamiento de las órdenes de cierre vigentes, entre los cuales se encuentran centros que cuentan con espacios disponibles que no se están pudiendo utilizar en acatamiento esas órdenes.
