Cuando de excusas se trata... Ya lo hemos dicho. La Asamblea es buenísima para ventearse acusando y señalando presuntos actos de corrupción en el resto de la Administración Pública, pero cuando se trata de faltas graves evidentes cometidas por alguno de los 57 "padres y madres de la Patria"...

El párrafo final del artículo 112 de la Constitución Política, que dispone la destitución de un diputado que viole el deber de probidad, seguirá sin poder aplicarse porque los propios congresistas se niegan a promulgar la ley especial aprobada por al menos 38 de ellos que defina los casos y procedimientos a seguir para dicha destitución.

Aunque la diputada Yorleny León del Partido Liberación Nacional (PLN) planteó en 2018 un proyecto en ese sentido, la parlamentaria explicó que el proyecto no se movió en la agenda legislativa y no fue sino hasta mayo de 2019 que entró a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde nunca recibió trámite alguno a pesar de ser una iniciativa que debía tramitarse bajo las "nuevas [actuales]" reglas de procedimiento expedito que dispone el Reglamento.

Debido a esa parálisis, el proyecto fue trasladado a la Comisión de Asuntos Sociales el 29 de mayo de este año, sin embargo, allí tampoco recibió mayor trámite.

"Cuando el expediente llega a esta comisión estamos en media pandemia, y eso imposibilita a esta comisión tener audiencias como normalmente lo veníamos haciendo; hasta julio no pudimos recibir audiencias. La suma de todo esto impidió que se pudiera conocer a profundidad este proyecto, que no es cualquiera, es uno sumamente importante que viene a saldar la deuda que los legisladores tenemos con este país", dijo.

León afirmó que los plazos ya no permiten tener audiencias ni continuar el trámite del proyecto porque el plazo "se vence el lunes".

La presidenta de la Comisión de Sociales, Xiomara Rodríguez afirmó que si bien es importante legislar sobre este tema, parte de la responsabilidad es dar trámite serio al proyecto porque la tramitación del mismo no ha permitido el diálogo reposado.

El proyecto cuenta con una serie de posibles vicios de constitucionalidad por violación a los principios de seguridad jurídica y tipicidad penal, toda vez que tratándose de materia sancionatoria la norma debe ser clara en precisar la conducta punible para que las personas sepan a qué atenerse. Al basarse en términos abiertos como "riesgos de construcción, favores" y al no dejar claro quién determinaría que el hecho se encuentra en la conducta a sancionar, podría haber un grave riesgo de interpretación, prácticamente podría convertir cualquier cosa en un acto violatorio del deber de probidad.

La diputada Catalina Montero del PAC instó a la diputada Yorleny León a que vuelva a presentar el proyecto de ley, al afirmar que el proyecto obedece a un párrafo constitucional y por ende es de gran peso, cuidado e importancia.

Por su parte la diputada Carolina Hidalgo reiteró su apoyo al proyecto de ley y afirmó que se debía ser coherente.

Es una vergüenza que habiendo aprobado la reforma constitucional, no se defina el procedimiento. Todos los días en Plenario hacemos señalamientos a procedimientos que deben llevarse en la función pública, pero nosotros somos inmunes a cualquier procedimiento. Eso es una vergüenza, no hay otra forma de plantearla. Entiendo que por equis o ye motivos la Comisión no ha podido tener una discusión reposada, pero tenemos fácil 15 días adicionales para poder discutir el tema.

Xiomara Rodríguez afirmó que si bien todos los proyectos conocidos en esa comisión son enviados a los asesores de los diputados para revisión; no sabían que el tiempo para tramitar este proyecto estaba tan próximo a vencer y que por ende no era aceptable que se pretendiera acoger un texto sustitutivo a estas alturas.

Nosotros nunca hemos trabajado, a lo largo de esta legislatura, así.

Breves

Con 34 votos a favor y seis en contra (Walter Muñoz del PIN, José María Villalta del FA, Shirley Díaz del PUSC, Paola Vega del PAC; y los independientes Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu) el Plenario remitió al Ministro de Hacienda de las administraciones Figueres Olsen y Chinchilla Miranda; Fernando Herrero Acosta, como candidato a integrar el Consejo Fiscal creado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9635).

— La discusión por el fondo del proyecto que reforma las reglas sobre el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) continuó este martes, sin embargo, no se agotó el debate y por ende la votación en primer debate no pudo realizarse.

— La Comisión de Guanacaste finalizó este martes el trámite de mociones de fondo vía artículo 137 (presentadas en Plenario) al proyecto de ley 21.229 denominado "Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares", el cual hace referencia a la problemática actual que enfrentan los denominados coligalleros.

Al expediente se le agregó un transitorio que autoriza a los mineros de Abangares, partir de la entrada en vigencia de la ley y por un plazo de 18 meses la explotación y procesamiento del oro por parte de las cooperativas de vecinos del cantón que tengan presentadas solicitudes de concesión para el área de reserva minera. Por el mismo plazo, estas cooperativas y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, UNCADA podrán comercializar el oro con personas físicas o jurídicas.

Durante ese plazo dichas cooperativas y agrupación mencionadas que adquieran ese material podrán exportarlo, sin tener que apegarse al Decreto Ejecutivo sobre los requisitos requeridos y reglamentados del Código de Minería. En su lugar deben aportar una declaración jurada en donde conste que el material proviene de Abangares del área concesionada, el tipo de material a exportar, cantidad y peso, país, lugar de destino y medio de transporte a utilizar, así como la estimación del valor comercial.

El resto del texto ya acordado que prohíbe la utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras, ni para las asociaciones sin fines de lucro que ya cuenten con una concesión minera, siempre que se dediquen a la explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, hasta tanto el Estado no cumpla con las obligaciones estipuladas en el artículo 8 del Código de Minería, relacionadas con la formalización de concesiones exclusivamente a cooperativas y con el otorgamiento de asistencia e incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias y de alternativas productivas sustentables que den valor agregado a la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero.

— El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, alertó a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa este martes que el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda para el año 2021 tiene un faltante de 10 mil millones de colones.