El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer y segundo debate varios proyectos de ley.
En primer lugar, tras casi un año y cinco meses de presentado, el proyecto de ley que dispone el cierre del cascarón que actualmente es el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) fue aprobado en primer debate con 32 votos a favor y 9 en contra.
La iniciativa, tramitada en el expediente 21.344, pretende derogar la Ley que da vida jurídica a Fonabe y ahorrarle al Estado 2100 millones de colones anuales, que es el costo por tener a la institución aún con vida y 30 funcionarios, a pesar de que ya es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el que se encarga de dar las transferencias monetarias condicionadas.
A pesar del ahorro que tendrá el Estado por el cierre definitivo de esa institución, nueve diputados (algunos de los cuales pasan despotricando contra el despilfarro de recursos públicos) votaron en contra: Carmen Chan, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marulin Azofeifa e Ignacio Alpizar del bloque tránsfuga; Shirley Díaz del PUSC, José María Villalta del FA; Patricia Villegas y Wálter Muñoz del PIN.
El segundo debate tendrá lugar el martes 8 de septiembre, según anunció el presidente legislativo Eduardo Cruickshank.
Y hablando de Cruickshank, 42 diputados le aprobaron en primer debate su proyecto de ley tramitado en el expediente 22.165 con el cual se pretende prohibir la compra de licores por parte de la Asamblea Legislativa, y la donación de las unidades existentes que están en desuso.
Sin embargo, el nombre del proyecto ya no debería ser Ley de prohibición de la compra de licores por parte de la Asamblea Legislativa, pues los diputados aprobaron una moción que cambió la prohibición total y absoluta de futuras compras de licor, por una prohibición de papel, pues se permitirá la compra cuando el fin sea su uso en actividades protocolarias.
El texto pasó de decir:
ARTÍCULO 3- Se prohíbe a la Asamblea Legislativa la compra de todo tipo de licores. La Asamblea deberá modificar su normativa interna a fin de hacer efectiva esta prohibición
A decir:
ARTÍCULO 3- Se prohíbe a la Asamblea Legislativa la compra de todo tipo de licores.
Se exceptúan de esta prohibición las compras que se destinen a la atención de los actos protocolarios oficiales, debidamente aprobados por el Directorio Legislativo. A tal efecto, la administración establecerá vía reglamento la normativa interna que regirá tales compras.
Bien señalaba el periodista de La Nación, Aarón Sequiera el sin sentido del cambio: el licor comprado por el Congreso desde siempre es para actividades protocolarias...
Las unidades actuales de licores disponibles en el Congreso que estén en desuso serán donadas a la Fundación Pro Mundo, quien deberá rendir ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público dentro del año siguiente a la entrega de la donación, un informe sobre el resultado de la venta y el destino dado a los recursos obtenidos.
Por otro lado, 41 diputados aprobaron el expediente 21.936 que traslada la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia promulgado por la Ley 9747 al 1 de octubre de 2022, una solicitud de la Corte Suprema de Justicia dadas las capacitaciones que son necesario realizar y la falta de presupuesto para implementar la reforma.
También se aprobó en primer debate el expediente 21.929, el cual consiste en un crédito por 475 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura vial negociada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con esos recursos se pretende financiar: 1) la ampliación del tramo Taras–La Lima en Cartago y sus cargos asociados; los estudios de factibilidad de la nueva vía a San Carlos; 2) el fortalecimiento técnico e institucional al MOPT, el Consejo Nacional de Concesiones y el propio Ministerio de Hacienda para desarrollar proyectos en Alianzas Público-Privadas; otras capacitaciones para innovación, sostenibilidad y género en esas instituciones y 3) estudios y diseños de la nueva vía a San Carlos.
El proyecto dispone que si los estudios de factibilidad de la nueva vía a San Carlos llegan a concluir que no es factible financiar ese proyecto, los recursos destinados a ese fin podrán ser redireccionados a otros proyectos prioritarios de infraestructura.
46 diputados dieron su voto afirmativo y ninguno se opuso.
Por otro lado, 43 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.621 que pretende autorizar al Gobierno a inutilizar pistas de aterrizaje clandestinas.
La iniciativa de la diputada Zoila Volio establece que las pistas de aterrizaje no autorizadas por el Consejo Técnico de Aviación Civil que se encuentren en propiedad privada; parques nacionales y propiedades del Estado, serán declaradas como ilegales por la Dirección de Aviación Civil mediante un acto administrativo.
Una vez verificada la ilegalidad, el Ministerio de Seguridad Publica a través del Servicio de Vigilancia Área deberá notificar al particular la resolución. Tener una pista de aterrizaje no autorizada será considerado una infracción administrativa y la sanción será la inhabilitación y destrucción de dicha pista.
El Servicio de Vigilancia Aérea deberá notificar al propietario, poseedor o arrendatario sobre la ilicitud y condición de la pista declarada como no autorizada. Esa persona contará con un plazo de 10 días hábiles para probar la condición en que se encuentre dicha pista. Con el apersonamiento y contestación el Servicio de Vigilancia Área tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver; y con la resolución emitida por el SVA, el propietario o poseedor tendrá un plazo de 3 días hábiles para presentar recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la Dirección General de Aviación Civil. Con lo resuelto por dicha Dirección se agotará la vía administrativa y se procederá con lo resuelto por el ente superior.
Una vez realizada la notificación, y transcurridos los 10 días hábiles y con la resolución emitida por parte del Servicio de Vigilancia Aérea en la que se declara la pista como no autorizada o no existiera respuesta alguna por parte del propietario o poseedor, el Servicio de Vigilancia Aérea procederá con la inhabilitación, destrucción o demolición de las pistas identificadas como no autorizadas.
El Servicio de Vigilancia Aérea podrá utilizar siembra de árboles o palmeras; realizar movimientos de tierra o usar dinamita para inhabilitar, demoler o destruir pistas no autorizadas.
En segundo debate se aprobó con 41 votos a favor y 1 en contra (Jonathan Prendas) el expediente 21.671 que autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS) a donar entre ₡1396 millones y hasta ₡1500 millones de colones al Consejo Nacional de la Producción, para que ese Consejo construya el Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte. El mismo proyecto establece que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) trasladará al CNP otros 1040 millones de colones, para cubrir los requerimientos de equipamiento necesarios del Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte.
Finalmente, se aprobó en segundo debate con 44 votos a favor el expediente 20.611 que autoriza al Estado a desafectar dos lotes de su propiedad y donarlos a la Municipalidad de Tibás.
Breves
— La Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación aprobó una moción para recibir en audiencia a la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz para que se refiera a las decisiones tomadas con relación al curso lectivo del 2020 así como las acciones que implementará el MEP para fortalecer la virtualidad en beneficio de la población estudiantil.
