El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en definitiva, este martes, el cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) creado por la Ley 7658 del año 1997.
En total, 29 diputados votaron a favor y 14 lo hicieron en contra, una de las votaciones de proyectos de ley más reñidas del actual Congreso, y que de haber necesitado 38 votos afirmativos para el cierre de esta institución, no habría prosperado.
El cierre de Fonabe fue planteado por el Poder Ejecutivo a través del expediente 21.344, luego que el Gobierno decidiera transferir sus funciones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), afirmando que el cierre de la otra institución ahorraría unos 1500 millones de colones, debido a que los gastos administrativos del IMAS son más bajos respecto a los de Fonabe.
Entre otros motivos para cerrar Fonabe se encontraban sendos informes de la Contraloría General de la República (CGR) los cuales señalaban deficiencias graves en la operación de esa institución, adscrita al Ministerio de Educación Pública (MEP), los cuales incluían controles débiles para evitar filtraciones y una mala capacidad para atender de manera oportuna las solicitudes de subsidio estatal.
La situación se complicaba porque cuando un estudiante escolar becado por Fonabe se graduaba y entraba al colegio, no había procedimientos formales para que el IMAS obtuviera la información de ese estudiante, en caso de que éste requiriera continuar percibiendo una transferencia monetaria.
Dato D+: Mientras en 2018 Fonabe becó a 86.064 estudiantes con una inversión de ¢19.600 millones; el programa Avancemos del IMAS becó 201.631 estudiantes con una inversión de ¢68.505 millones.
Los votos en contra provinieron de diputados de las bancadas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Integración Nacional, Frente Amplio e independientes.
Patricia Villegas Álvarez, jefa de fracción del PIN, afirmó que ella "no se come el cuento" de que el cierre de Fonabe sea para ahorrar recursos.
Ese cuento yo no me lo como porque aquí hablan de ahorros del Estado, hablan de dignificar a la educación costarricense, pero están lastimando el bien social que es la educación costarricense, el ser humano como tal. Esto para mí es maquillar un recorte para simplificar nuestro Estado costarricense y hacerlo un poco más trazable.
Por su parte, la diputada Shirley Díaz Mejía del PUSC afirmó que votaba en contra porque ella "no cree en los superministerios", haciendo alusión a la idea de Gobierno de que el IMAS se convierta en un ministerio de ayudas sociales.
¿Qué forma más sencilla de ganar una campaña electoral que dando becas o dando ayudas sociales? Esa política clientelista no va conmigo. Fonabe era un órgano técnico que estaba llevando una buena ejecución presupuestaria, que tenía muchos beneficiarios, que había superado los principales problemas con los que contaba la institución a la hora del otorgamiento, a la hora de ser eficientes, a la hora de ser expeditos en lograr otorgar las becas.
Díaz afirmó que en un momento en que la economía de este país está quebrada por la falta de eficiencia del Gobierno, "no es justo, ni es sano entregar las ayudas sociales en manos del IMAS".
Breves
— Con 43 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 21.936 que pospone la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia al 1 de enero de 2022, para que la Corte Suprema pueda concluir las preparaciones económicas y de capacitación a funcionarios necesarias.
— Con 41 votos a favor y 1 en contra (José María Villalta), el Plenario aprobó en segundo debate el expediente 20.071 que autoriza a la Municipalidad de Goicoechea a donar un terreno de su propiedad a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José.
— Ni porque fue 15 de septiembre, los diputados pudieron estar a la altura. La moción de agenda en Plenario prevista para este martes fracasó como si estuviéramos en tiempos de sesiones extraordinarias. Votaron en contra de ella el PUSC, los independientes neorepublicanos y el PIN, sin embargo, horas después La Nación reveló que los socialcristianos habían votado en contra porque están disgustados con la futura repartición de curules en el nuevo Plenario legislativo: no quieren sentarse frente al PAC, sino en una línea trasera junto con los diputados independientes. ¿Patético y poco creíble? Absolutamente, pero resulta que su jefe de fracción, Rodolfo Peña, ignoró las solicitudes de comentario sobre este tema, y la subjefa de fracción, Shirley Díaz, dijo que quien debía referirse al tema era Peña... Cerrada la edición de este reporte a la medianoche del miércoles, ningún diputado socialcristiano desmintió lo publicado por el diario de Tibás.
— El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata anunció a la Comisión de Hacendarios que su ministerio estará recortando 589 plazas para el año 2021, respecto a las plazas de este 2020; además de que el presupuesto global fue recortado en 52.443 millones de colones respecto al 2020, hasta los 444.148 millones de colones. El ministro adelantó que el efecto "devastador" de la crisis actual en el presupuesto del MOPT y sus distintos entes tardará entre 7 y 8 años en recuperarse, en perjuicio del desarrollo de la infraestructura del país, ya que además ve muy dificil que se puedan suscribir más préstamos internacionales.
— La Comisión de Asuntos Sociales aprobó una moción del diputado José María Villalta al expediente 21.345 de reforma a los regímenes de pensiones, con la cual se elimina la pensión para expresidentes y expresidentas de la República. Tal y como expuso Villalta, se trata de un régimen de privilegio que otorga una pensión de varios millones de colones por la que no se cotizó un solo colón. Para 2021, esas pensiones significarán más de 450 millones de colones.
