El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, por unanimidad, la recomendación dada por la Comisión de Infraestructura de acoger el veto parcial presentado por el Presidente de la República, contra el proyecto de ley que exonerará a varios servicios del sector construcción del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Al acoger dicho dictamen, el Plenario reinicia el trámite del proyecto de ley por lo que deberá discutirlo y votarlo nuevamente en ambos debates para que pueda convertirse en Ley de la República, ya que la Constitución Política dispone que, acogido el veto y subsanado el texto, la Presidencia no puede volver a vetarlo.
El veto se fundamenta en los siguientes motivos:
- Al eliminar del Transitorio V de la Ley 9635 los párrafos segundo y tercero (este último de forma parcial), se dejó sin regulación el tratamiento fiscal gradual que tuvieron los proyectos durante el primer año de vigencia de esa ley, lo que implica que esos proyectos tendrían que pagar el IVA respectivo a una tarifa del 13% de forma retroactiva, lo cual es inconstitucional.
- Deja un vacío respecto de situaciones concretas relacionadas con los proyectos registrados o visados en el periodo que va del 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020, lo cual implica la necesidad de definir su tratamiento fiscal; de lo contrario tales proyectos continuarían pagando la tarifa general del impuesto.
El veto fue acogido con 47 votos a favor, y ninguno en contra.
Con el nuevo texto recomendado por el Ejecutivo, acogido por la Comisión y ahora el Plenario, todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica independientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los siguientes beneficios tributarios del Impuesto sobre el Valor Agregado:
- A partir del día siguiente de la Ley y hasta el 31 de agosto de 2021, inclusive: exención del 100%.
- Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, inclusive: tarifa del 4%
- Del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, inclusive: tarifa del 8%.
A partir del 1 de setiembre de 2023, todos estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general de 13%. La aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos servicios del 1 de julio de 2019 a la entrada en vigencia de la Ley.
Aunque se tenía previsto que este martes iniciar el trámite de primer debate, la sesión fue cancelada por problemas con el aire acondicionado del Plenario, los cuales -según la Administración- no es posible solventar antes de dicha sesión.
Y hablando sobre sesiones.... El Plenario aprobó que durante septiembre se siga sesionando durante las mañanas, de modo que las comisiones tengan que hacerlo a las 7:00 am o bien, después del mediodía.
Breves
— Se aprobó en primer debate con 43 votos a favor el expediente 20.611 que autoriza al Estado a desafectar dos lotes de su propiedad y donarlos a la Municipalidad de Tibás. Esto generó un nuevo debate sobre la necesidad de tramitar una reforma que permita estos procesos sin la autorización legislativa, y aunque ya se presentó un proyecto sobre ese tema para el caso de las municipalidades, sin que los diputados hagan la reforma constitucional correspondiente el texto no irá a ninguna parte.
— Se aprobó en primer debate con 41 votos a favor y dos en contra el expediente 21.671 que autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS) a donar entre ₡1396 millones y hasta ₡1500 millones de colones al Consejo Nacional de la Producción, para que ese Consejo construya el Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte. El mismo proyecto establece que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) trasladará al CNP otros 1040 millones de colones, para cubrir los requerimientos de equipamiento necesarios del Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte.
— Este lunes finalizó el primer periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura. En total se aprobaron ocho proyectos de ley en segundo debate:
- Expediente N.º 21.348: Autorización a la Municipalidad de Nicoya para que segregue en lotes un inmueble de dominio privado de su propiedad y lo done a personas de escasos recursos en Residencial Los Lirios de Rosario de Nicoya.
- Expediente N.° 22.099: Autorización de prórroga de los nombramientos de los órganos constituidos al amparo de la ley N.° 8285, de 30 de mayo de 2002, Ley de Creación de la Corporación Arrocera, ante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19.
- Expediente N.º 22.079: Autorización de prórroga de los nombramientos de los Comités Cantonales de la Persona Joven y de la Asamblea Nacional de la Persona Joven constituidos al amparo de la Ley N.º 8261, Ley General de la Persona Joven ante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19.
- Expediente N.° 20.435: Autorización al Estado para donar un terreno de su propiedad a la Municipalidad de San Mateo.
- Expediente N.° 21.287: Creación del Parque Nacional Isla San Lucas.
- Expediente N.° 21.995: Utilización de los cánones, tarifas y prestaciones de Japdeva para el beneficio exclusivo de la Vertiente Atlántica.
- Expediente N.° 21.148: Modificación a la Ley de Creación de la Contribución Parafiscal al Servicio de la Telefonía Móvil y Convencional, prepago, pospago o cualquier otra modalidad de Telefonía destinada al financiamiento de la Asociación Cruz Roja Costarricense, Ley 8690, del 19 de noviembre del 2008, y sus reformas.
- Expediente N.° 22.018: Autorización al gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19.
