El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate este lunes, tras varios días de debate por el fondo, el crédito rápido entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar gastos del gobierno producto de la emergencia sanitaria por COVID-19.
A diferencia de días previos donde un grupo de diputados de la oposición obstaculizó que el Plenario pudiese pasar rápidamente a conocer este y otros proyectos en la agenda; y extender el horario de la sesión hasta su votación final, en esta ocasión los votos fueron mayoritariamente a favor. A ello se le sumó que a la sesión se presentaron más de 50 diputados, algo anómalo respecto a semanas previas.
En la votación, 37 diputados votaron a favor en primer debate y 15 lo hicieron en contra: ocho diputados independientes, tres del PUSC, dos del PIN, uno del PLN y uno del Frente Amplio.
El presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, programó el inicio del trámite en segundo debate para este jueves 26 de agosto, sin embargo, en esa ocasión el empréstito deberá recibir al menos 38 votos a favor, pues de lo contrario resultará rechazado.
El crédito con el FMI consiste en 504-508 millones de dólares y se emite bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (Rapid Financing Instrument en inglés).
El desembolso sería en un solo tracto y los recursos se dirigirían al Gobierno Central, quien los prestaría al Ministerio de Hacienda.
El crédito tiene una tasa de interés de 150 puntos base sobre la tasa de interés de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI (que en este momento es de 5 puntos base), para una tasa total en la actualidad de 1,55% anual.
El plazo del crédito es de cinco años, con pagos trimestrales a partir de 3¼ años del desembolso.
El 10% del crédito se destinaría a amortizar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el resto a atender las necesidades de financiamiento del Gobierno, mediante conversión de deuda en el marco local a altas tasas de interés, por este crédito que tiene mejores condiciones.
Este lunes se hizo presente el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, quien afirmó que el crédito debe estar definitivamente aprobado antes de que inicie el mes de septiembre, sin embargo, tal señalamiento fue tomado por algunos diputados como una "amenaza".
Yorleny León, diputada del PLN, calificó de "errada" la decisión del Consejo Económico del Gobierno de enviarles una carta con ese y otros señalamientos.
Por su parte, el independiente Erick Rodríguez indicó que no es de recibo que digan que va a haber un ahorro de 100 mil millones de colones en cuatro años, La diputada Nidia Céspedes aseguró que el empréstito no trae ningún beneficio real para los costarricenses, pues “es como dejar un zorro en un cuarto lleno de gallinas”.
Además, el diputado Dragos Dolanescu dijo que se trata de alcahuetear al Gobierno PAC y que “aprobarlo es entregar parte de nuestra soberanía nacional”.
Breves
— Este lunes el Plenario fue enterado del veto impuesto al proyecto de ley 21.637 que pretendía exonerar del IVA a varios servicios del sector construcción, por lo que ahora se envía a la Comisión de Infraestructura para que en un mes remita al Plenario la recomendación de enmendar el proyecto, o resellarlo con al menos 38 votos a favor.
— Al momento del fuerte sismo con epicentro en Garabito que se registró este lunes, la Comisión de Nombramientos del Congreso estaba en audiencia con el candidato a subcontralor, Gustavo Fernández. Los diputados no evacuaron (contraviniendo el protocolo) sino hasta que se activaron las alarmas.
— María Inés Solís, presidenta de la Comisión Especial que analiza las denuncias que podrían terminar en la destitución de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, declaró secretas las sesiones de ese foro legislativo.
Estamos en un proceso sancionatorio-disciplinario y la sesión debe ser privada, según la Ley General de Administración Pública y la consulta al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa AL-DEST-CJU-042-2020. Eso se hace para resguardar el derecho constitucional de la confidencialidad de los datos sensibles que existen en el proceso. De no ser así, traería un vicio de nulidad por no haberle garantizado a la persona investigada.
