El Plenario de la Asamblea Legislativa no pudo sesionar este martes porque al momento de vencer el plazo para arrancar la sesión, había 37 de 38 diputados necesarios.
Según el registro oficial de (in)asistencia, faltaron: cinco diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), siete del Partido Liberación Nacional (PLN), tres del Partido Restauración Nacional (PRN), dos independientes, uno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno del Frente Amplio.
Naturalmente, aquellos ausentes que no tengan justificación tendrán el rebajo en su dieta correspondiente.
Donde sí se trabajó fue en las comisiones. En la de Hacendarios nuevamente se recibió en audiencia al ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, quien llegó a defender la solicitud de aprobación del crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $504 millones de dólares.
Sin embargo, allí surgió una duda de suma relevancia: ¿es necesario que los diputados lo aprueben? La diputada Silvia Hernández Sánchez del PLN, presidenta de ese foro legislativo, afirmó que lo presentado por el Poder Ejecutivo no es un contrato de préstamo
Inclusive, el nombre del expediente 22.018 es "Autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19".
Hernández recordó que el Gobierno tiene una autorización general de negociar contratos de créditos, y que lo que debe hacer es someter dicho contrato a la Asamblea Legislativa. Es decir, no necesita una autorización para contratar el crédito, como pretende el actual proyecto.
Además, quien hace las negociaciones con el FMI es el Banco Central, de modo que sería esa institución la que obtendría el crédito con ese organismo y luego prestaría los recursos al Gobierno.
Eso generó dudas sobre el procedimiento a seguir que ahora deberán ser evacuadas en los próximos días por los entes técnicos y legales que serán consultados: Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República.
Por otro lado, en la Comisión de Asuntos Económicos se pospuso el trámite del proyecto de ley que pretende cambiar el cronograma mínimo para presentar las declaraciones al Registro Único de Beneficiarios Finales (conocido como el registro de accionistas), ante el señalamiento del diputado José María Villalta de que la redacción que se pretende aprobar sería un incentivo para el fraude fiscal.
En su lugar, se aprobó un texto sustitutivo para el expediente 21.148, el cual crea la contribución parafiscal a favor de la Cruz Roja Costarricense, a base de un impuesto del 1% sobre la facturación mensual que paga el usuario por los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
Este nuevo texto otorga el plazo que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) necesita para que se implemente el mecanismo de aplicación de la base del nuevo tributo; y se otorgan dos meses a partir de la publicación de la ley para iniciar los nuevos cobros establecidos.
