La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitó ampliar los hechos denunciados por el caso del cambio en la metodología para la venta de licencias para pesca de atún, que dio pie a la demanda penal presentada hace un mes contra el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
En esa denuncia también se involucra al caso al Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado Rivera, a la Jefa del Despacho del MAG, Ana María Conejo y el ex Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Moisés Mug por un posible delito de prevaricato.
Recordemos que los pescadores solicitaron al Ministerio Público investigar los hechos denunciados por la publicación del Decreto Ejecutivo 41635-MAG, firmado en marzo de 2019, que en su artículo 6 establece la subasta pública como la nueva metodología para la venta de licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones de bandera extranjera.
Según el sector, este decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del INCOPESCA y, además, señalan que durante la vigencia de la nueva metodología no generó absolutamente ningún ingreso por este concepto ya que no logró vender ninguna licencia.
La denuncia recae sobre el presidente de la República y el ministro de Agricultura ya que ellos fueron quienes firmaron el decreto que, según el sector, "no contaba con sustento técnico ni jurídico".
Con el anuncio de esta semana, el Ministerio Público no solo dio trámite a la demanda, sino que además pidió a la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangrera que colaboren con mayor documentación relacionada con la Comisión Técnica e Interinstitucional que definió el cambio en la metodología de cobro de dichas licencias de pesca.
Además, de acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio Público, estos datos serán clave en la investigación penal “para analizar los criterios metodológicos que permitan determinar el valor justo y el número de licencias de pesca de atún con red de cerco en la Zona Económica Exclusiva costarricense”.
El Vocero de la Cámara de la Industria Palangrera, Marco Seas, dijo que:
Vemos con gran satisfacción que por orden de la Fiscala General de la República, se nos solicite a los sectores pesqueros ampliar la información que ya presentamos en la demanda penal. Incluso nos sorprende positivamente que el Ministerio Público haya ido un paso más allá y esté solicitando información que ya la misma Sala Constitucional -en un recurso de amparo fallado a nuestro favor- había ordenado que el Ministerio de Agricultura nos entregará”.
