El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), para aplicar la gradualidad en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de arquitectura, ingeniería y construcción de obra civil.
Se trata del expediente 21.637, el cual recibió 45 votos a favor y ninguna oposición en su votación definitiva, posterior a lo cual corresponde a Casa Presidencial firmarlo como Ley y mandarlo a publicar a La Gaceta.
El texto tinal aprobado establece que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), que a la entrada en vigencia de la Ley del IVA y que durante los tres meses posteriores a esa fecha cuenten con los planos debidamente visados por dicho colegio, estarán exentos del IVA durante el primer año de vigencia de esta nueva ley.
Por otro lado, todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y visados por el CFIA estarán sujetos a los siguientes beneficios tributarios del IVA:
- Los registrados ante el CFIA entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 estarán exonerados del IVA durante ese periodo. Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 pagarán un 4% y del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 pagarán un 8%.
- Los proyectos registrados del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 pagarán un 4% del IVA y del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 pagarán un 8%.
- Los proyectos registrados del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 pagarán un IVA del 8%.
A partir del 1 de julio de 2023, los ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general del 13% y la aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos servicios, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) aplaudió la aprobación de este proyecto e instó al Presidente de la República a firmar la Ley de manera célere, para que pueda ser publicada y entre en vigencia a la mayor brevedad posible.
"Los diputados, con esta modificación, benefician principalmente a las familias, para quienes materializar el derecho a la vivienda resulta difícil principalmente por los costos de los inmuebles y la poca capacidad de endeudamiento, situación que empeoró con la implementación del impuesto al valor agregado a los servicios de arquitectura, ingeniería y construcción de obra civil", dijo la cámara.
Breves
— 46 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.438, el cual autoriza a la Municipalidad de La Unión a condonar las deudas de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Ing. Mario Quirós Sasso.
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 21.147 Ley para el aprovechamiento y disposición de los vehículos automotores de uso policial, servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación, con el fin de autorizar que si esos bienes se encuentran en desuso, ocupando patios o predios, generando gastos incluso por alquiler de esos espacios físicos para su almacenamiento, puedan deshacerse de ellos.
— La Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público determinó en votación 4 vs. 2 que en la investigación sobre el supuesto tráfico de influencias denunciado por la Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra, ante el Consejo de Gobierno, contra el entonces presidente ejecutivo del Sinart, Mario Alfaro Rodríguez; no se encontró tal delito de tráfico por parte de Alfaro, sin embargo, la Comisión recomendó al Plenario que sus hallazgos sean enviados a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética y al Tribunal Supremo de Elecciones, para otra investigación.
— La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, avaló el crédito por $156 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para digitalizar los controles y procedimientos en el Ministerio de Hacienda. Acosta señaló que el crédito proyecta reducción en la evasión, aumenta los ingresos por mejora de la brecha de cumplimiento, reduce los costos de administración tributaria y los tiempos en aduanas, así como los costos para contribuyentes por disminución en los plazos.
— La Comisión Investigadora de la UPAD reanudó las audiencias y recibió este jueves a Esteban Jiménez Cabezas, experto en ciberseguridad; y Mauricio París, experto en protección de datos y abogado. Jiménez cuestionó que se utilizara la plataforma pública Tableu para el manejo de los datos por parte de la UPAD, mientras que París afirmó que el Presidente de la República sería el responsable por el mal manejo de los datos personales de los costarricenses.
