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Diputados avalan 15 años de cárcel por robar combustibles y freno a abusos en revisión de pensiones

El Plenario de la Asamblea Legislativa se dedicó este jueves a afinar proyectos de ley previo a darles la votación de primer debate. Tres de ellos tienen particular relevancia:

El primero es una interpretación auténtica al inciso d) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, para dejar plasmado en el texto que aunque se diga que las empresas en dicho régimen están exoneradas por 10 años del pago del impuesto territorial (el cual está derogado), debe entenderse que es una exoneración al pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles.

El diputado José María Villalta del Frente Amplio intentó que se aprobaran mociones para que el texto dijera que dicha interpretación no tendría efecto retroactivo (en perjuicio de las municipalidades), sin embargo, fueron rechazadas ya que la mayoría consideró que eran innecesarias.

Villalta alertó que las interpretaciones auténticas son de las pocas leyes que tienen efectos retroactivos, por lo que las municipalidades que hubiesen o estuviesen cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles a empresas en zona franca, podrían perder millonarios juicios para devolver esas sumas pagadas. Finalmente, el proyecto fue aprobado con 43 votos a favor y 1 en contra.

Luego se conoció el expediente 21.447 que impone severas penas de prisión por el robo de combustibles y delitos relacionados. Por causar daños al Sistema Nacional de Combustible la pena será de 6 meses a 4 años de cárcel, pero si como consecuencia de ese daño se produce un derrame de combustible, la pena será de 4 a 6 años de cárcel.

Por el robo de combustibles se impondrá cárcel de 5 a 15 años; por el transporte y distribución ilegal de combustibles la pena será de 1 a 4 años de cárcel y por la importación ilegal de combustibles o sus derivados la pena será de 3 a 5 años de cárcel.

Por el delito de apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de marcadores de hidrocarburos se impondrá cárcel de 1 a 3 años, mientras que por el delito de apoderamiento, alteración o
manipulación ilegítima de sistemas e instrumentos de control la pena será de 3 a 8 años de cárcel.

A la persona que conociendo el origen y sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles sancionadas en esta ley, reciba, almacene, oculte o de cualquier otra forma tenga en su poder combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, o sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de alguno de estos delitos, se le impondrá cárcel de 1 a 5 años

Por otro lado, la sanción de cárcel de 2 a 5 años caerá sobre quien conociendo el origen ilícito de procedencia, destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización a cualquier título, de combustibles derivados del petróleo, sistemas e instrumentos de control o identificaciones legalmente autorizadas, cuando provengan de la ejecución de alguno de los delitos regulados en esta ley.

Finalmente, se impondrá la pena de 3 a 5 años de prisión a quien compre, venda, distribuya o comercialice mediante cualquier título, con fines de venta combustibles derivados de petróleo que se trate de un producto exonerado para uso del sector pesquero no deportivo, a cualquier otra persona física o jurídica no beneficiado legalmente por dicha exoneración.

Esta iniciativa recibió 45 votos a favor y ninguno en contra.

Luego 45 diputados dieron visto positivo en primer debate al expediente 21.796, el cual autoriza a la Caja del Seguro Social a cambiarle el fin a un terreno de su propiedad (sí, absurdo) para que pueda destinarlo a construir infraestructura para la propia institución...

Siguió el expediente 21.063 denominado Ley para frenar abusos en la revisión de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el cual suspende la pensión a aquellas personas que perciban por concepto de dietas una suma superior al equivalente a tres veces el salarios base más bajo pagado por la Administración Pública. Para garantizar que esa suspensión se materialice de forma efectiva, se impone una serie de deberes a los actores que intervienen en este proceso, así como algunas sanciones en caso de incumplimiento.

La iniciativa, además, incorpora regulaciones para la percepción de pensiones con cargo al presupuesto por parte de parejas supérstites que se encuentren ocupando cargos remunerados en la Administración Pública, de modo que se podrán seguir recibiendo ambas siempre y cuando la remuneración pagada por dicho cargo no supere la suma resultante de cinco veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

Finalmente, se endurecen las reglas para poder solicitar la revisión del monto de pensión en caso de que la misma haya sido suspendida por reingreso a la función pública. De este modo, únicamente tendrán derecho a solicitar la revisión del monto de su pensión o jubilación las personas que después de haberse reintegrado a la función pública han cotizado para el régimen respectivo; y para efectos de esta revisión se tomará como base el monto de pensión que la persona beneficiaria disfrutó antes de reingresar a laborar.

Solo procederá incrementar dicho monto por el equivalente al aumento en el costo de vida correspondiente al período laborado, en un porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para dicho período. Finalmente, la solicitud de revisión deberá presentarla la persona interesada, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que cesó en su desempeño del cargo.

Esta iniciativa fue respaldada por 43 diputados y ninguno se opuso.

Finalmente, el Plenario por unanimidad decidió devolver al trámite de comisión el expediente 19.902 Ley para la protección y el desarrollo de oportunidades para personas con trastorno del espectro autista, a fin de que se rinda un nuevo informe.

Más comisiones instaladas

Este jueves concluyó la instalación de las comisiones permanentes especiales. De las 11 que escogieron directorio hoy, seis estarán presididas por mujueres.

En la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia presidirá María José Corrales Chacón del PLN, mientras que Patricia Villegas Álvarez del PIN será la secretaria.

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos seguirá presidida por el PAC, pero esta vez por la diputada Nielsen Pérez Pérez, mientras que Jorge Luis Fonseca del PLN será el secretario.

La Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales la encabezará Karine Niño Gutierrez del PLN, mientras que Floria Segreda Sagot del PRN será la secretaria; y en la Comisión Permanente Especial de la Mujer presidirá Nielsen Pérez del PAC y Aida Montiel Héctor del PLN será la secretaria.

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos la presidirá Jorge Fonseca Fonseca del PLN y Floria Segreda Sagot del PRN será la secretaria, mientras que la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación estará presidida por tercer año consecutiva por Wagner Jiménez Zúñiga del PLN y Mileyde Alvarado Arias del PRN será la secretaria.

La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor la encabezará Catalina Montero Gómez del PAC, acompañada en la secretaría por María José Corrales Chacón del PLN; y en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales encabezará Luis Ramón Carranza Cascante del PAC y Daniel Ulate Valenciano del PLN será el secretario.

La Comisión Permanente Especial de Turismo estará dirigida por dos expresidentes legislativos: Carlos Ricardo Benavidez del PLN en la presidencia y Carolina Hidalgo Herrera del PAC en la secretaría; mientras que la Comisión Permanente Especial de Ambiente reeligió a Paola Vega Rodríguez del PAC como presidencia y a Paola Valladares Rosado del PLN como secretaria.

Finalmente, por primera vez en la historia la Comisión Permanente Especial de Honores se instaló de forma pública gracias a la acción de inconstitucionalidad presentada y ganada por Delfino.cr. Quedó electo Otto Roberto Vargas Víquez del PRSC como presidente y Laura Guido Pérez del PAC como secretaria.

Todos los puestos fueron electos por aclamación.

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