La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó lo relacionado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobó este miércoles su informe final, el cual contiene decenas de críticas y recomendaciones a las universidades estatales.
Este foro legislativo integrado por Wagner Jiménez Zúñiga, Pablo Heriberto Abarca, Erick Rodríguez Steller, Yorleny León Marchena, Roberto Thompson Chacón, Patricia Villegas Álvarez, Xiomara Rodríguez Hernández, Mario Castillo Méndez y Enrique Sánchez Carballo fue creado por el Plenario el 25 de octubre de 2018, con el objetivo de "buscar el fortalecimiento de las universidades públicas costarricenses".
El informe de 140 páginas señala, en primer lugar, que se necesita que las universidades generen valor público que sobrepase las necesidades estudiantiles y que, además, esté al servicio de la ciudadanía. A eso se le debe introducir el fortalecimiento financiero de la investigación, porque este elemento es vital para el futuro de los ingresos universitarios.
"Creemos que es importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido", dice el informe.
En segundo lugar, recomiendan introducir una obligación legal que evalúe el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) de una manera mucho más rigorosa, preferiblemente por un tercero y que el cumplimiento efectivo de metas y objetivos se premie con una distribución del FEES más equitativa.
En tercer lugar, la Comisión calificó de "inaceptable" la actitud de algunas universidades de escudarse en su autonomía para evadir controles relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Es vital que dentro de la próxima negociación del FEES 2021 se establezcan reglas claras donde se garantice que ninguna universidad quedará fuera de Sicop, dado que estas irregularidades han hecho pagar recursos de más y no ha transparentado del todo las actividades financieras de las universidades.
En cuarto lugar, los diputados criticaron la actitud "displicente" de los rectores universitarios respecto al origen de los recursos que financian el FEES, que según el Ministerio de Hacienda, para este año está financiado en 53,49% con deuda; criticaron que los rectores no aceptaran que la autonomía financiera de las universidades estuviera sujeta a controles y evaluación de resultados; y que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) sea un órgano cerrado que no se democratiza.
El informe también cuestiona la deuda en acreditación de carreras universitarias, especialmente en las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana. A ello se suma la crítica de una completa desvinculación entre las metas establecidas en el PLANES y el Plan Nacional de Desarrollo, en perjuicio de las regiones.
Los diputados plasmaron en su informe, además, el repudio al hostigamiento que el estudiante Carlos Boschini recibió luego de particiar en la comisión y afirmar que los salarios del Técnológico de Costa Rica crecían de forma desmedida y exponencial. Dejando ello de lado, los diputados elogiaron que el TEC dé el ejemplo de cómo hacer mucho con pocos recursos, de becar a sus estudiantes con base en sus ingresos reales y de tener acreditadas casi la totalidad de sus carreras.
El TEC es el centro universitario mejor evaluado por estos diputados y diputadas, dado que los criterios de gasto expuestos parecieran haber sido eficientes por la inversión en las regiones, el aumento en matrícula ha sido una realidad mucho más palpable, en contraposición con la UNA o la UCR, los cuales reciben mayor porcentaje del FEES. Además, siendo la universidad del futuro por el tipo de carreras que imparte, es necesario que se avance en dos vías de financiamiento, ya sea generando ingresos propios, o bien, teniendo una mayor participación del FEES.
En contraparte, criticaron que la presidenta del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, Andrea Chacón, rechazara la propuesta de implementar el mismo modelo del TEC de que el rico pague como rico y el pobre como pobre.
Se considera pertinente que, desde el Conare, todas las universidades adopten la propuesta del TEC, en cuanto al modelo para hacer un modelo de becas sustentado en los estudiantes que realmente necesitan el beneficio. Y que los ingresos de colegios privados y demuestren que tienen ingresos altos contribuyan al gasto universitario.
La comisión legislativa también afirmó haber quedado "muy impresionada" por el nivel de responsabilidad con la que los estudiantes de la Universidad Nacional han tomado el tema de la sostenibilidad financiera de esa casa de enseñanza, al ser conscientes de que para el año 2028 todos los recursos de la UNA se usarán para pagar salarios, con la actual estructura salarial.
Siempre en la UNA, el informe califica de "negligente" al rector saliente, Alberto Salom, respecto a las gestiones para tratar que los efectos de la convención colectiva no causaran un inmenso daño a esa universidad: "Por perder tiempo valioso, ese gasto excesivo en remuneraciones consumió los superávits de la Universidad".
Tras la audiencia al Programa Estado de la Nación, la comisión determinó que Costa Rica no tiene un sistema nacional de educación superior; que la oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo, lo que produce una sobre oferta en Ciencias Sociales y un alto déficit en carreteras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; y que la inversión en las regiones sigue siendo precaria y se convierte en uno de los principales desafíos de la educación superior.
Retomando el tema de las remuneraciones, los diputados citaron al exrector de la Universidad Técnica Nacional y ahora Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, cuando dijo en la comisión que el sistema de remuneraciones de las universidades era absolutamente insostenible y abusivo en perjuicio de la Hacienda Pública.
El informe también critica que el Ministerio de Educación Pública rehuyera su compromiso para contener el gasto en las universidades, declinando ejercer su rectoría, que se carece de una política para ejercer esa rectoría y que lo único que se cuenta es una agenda de cooperación.
En la Universidad de Costa Rica, el informe critica que el rector saliente, Henning Jensen, afirmara que la situación de la UCR es peligrosa y deficitaria, pero al mismo tiempo defendiera las acciones judiciales entabladas para no aplicar medidas de ajuste en el régimen salarial, y hasta planteara denunciar a los diputados por prevaricato al recortarle 10 mil millones de colones al FEES.
Principales solicitudes
Los diputados aprobaron en su informe pedir una inversión prioritaria en las regiones y recomendaron la entrega de diplomados como una forma de democratizar la educación superior en las regiones, de modo que las universidades no compitan ni tengan duplicidad de carreteras, aunque ello es algo que deberían adoptar por acuerdo ellas mismas.
Asimismo, el informe pide que se mejore la oferta de carreras ofrecidas en regiones fuera de la GAM, ya que los cursos allí impartidos no responden a la realidad económica ni social de una determinada región.
Por otro lado, tomando como base el constante superávit acumulado de las universidades expuesto por la Contraloría General de la República, la comisión legislativa recomendó una redistribución del FEES.
Para los diputados, son los ministros de Hacienda, Presidencia, Planificación y el propio Presidente Alvarado quienes deben liderar las reformas necesarias para dotar a las universidades de un modelo salarial sostenible y que responda a la realidad fiscal del país, pero que también se homologue con el resto del sector público, dado que las remuneraciones están consumiendo el gasto del FEES.
Para que las universidades generen sus propios ingresos, los diputados recomiendan permitir la venta de servicios a los sectores productivos y empresariales, el cobro escalonado de créditos de acuerdo con su condición económica, un sistema que sancione la repitencia y eliminar el tope de 12 créditos a pagar de los estudiantes con alto nivel económico.
Todo esto con el objetivo de incentivar y agilizar la creación y el funcionamiento de las empresas y las sociedades tecnológicas en las universidades, también conocidas como spin-off. Esa figura es muy utilizada con éxito en diferentes partes del mundo y permite a las universidades crear empresas para transferir de mejor forma conocimientos al sector productivo, generando un círculo virtuoso entre el sector privado y las universidades, que potencia el crecimiento económico y mejora la competitividad del país.
Además, por la venta de servicios de esas sociedades tecnológicas, los diputados creen que las universidades captarían mayores recursos para reinvertirlos en más investigación y desarrollo.
Conclusiones y recomendaciones
Al Poder Ejecutivo los diputados le recomendaron establecer aspectos para fortalecer la rectoría del MEP, en lo relacionado con la educación superior y procesos de mejora en lo atinente con el uso y distribución de los recursos del FEES, que consideren la efectividad de los programas que se desarrollan, el costo unitario de los servicios que se brindan y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
También piden mejorar el sistema de becas para que su otorgamiento sea de acuerdo con las necesidades reales y los ingresos familiares, que la proyección de matrícula para los próximos diez años esté vinculada con los presupuestos de las universidades públicas y una reforma constitucional para que se incluya en las negociaciones y distribución del FEES a la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Finalmente, a los rectores universitarios los diputados les recomendaron ser consecuentes con las metas de estabilidad fiscal del país, por medio del cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en especial lo referente a remuneraciones, asumir su responsabilidad con la sostenibilidad de las universidades que lideran, denunciando las cláusulas abiertamente abusivas de las convenciones colectivas suscritas en los últimos años y efectuar un análisis comparativo de escalas salariales entre universidades, para desarrollar una estrategia en aras de alcanzar la equidad y sostenibilidad financiera.
