El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandí, presentó a finales de enero de este año el informe sobre la situación de la explotación ilegal de oro en Crucitas y las afectaciones ambientales asociadas, en el cual se detallan los daños que se han podido registrar hasta la fecha.
El informe se conoce tras la insistencia de la diputada María José Corrales Chacón, quien tuvo que interponer un recurso de amparo en enero porque no se le habían hecho llegar, tras solicitarlo desde diciembre del 2019.
El informe señala que la zona de Crucitas afectada por la explotación minera y con daños ambientales, a diciembre del 2018, abarcaba 19 fincas (circundantes a la finca Vicoyet) que alcanzan una extensión de 45.11 hectáreas y estaban dedicadas principalmente a la conservación forestal.
Dato D+: La Finca Vicoyet era donde se pretendía establecer el proyecto minero de Industrias Infinito.
El informe detalla que según la Dirección de Geología y Minas (DGM) la extracción de oro entre 2017 y el 2018 se estima en 149.243 onzas troy, lo que tendría un valor de mercado superior a los $197 millones, aunque el informe destaca que la estimación es aproximada, ya que no se cuenta con datos de campo para hacer los cálculos reales de la extracción de oro.
En cuanto a la afectación ambiental por la extracción ilegal, la Dirección de Agua del MINAE ha identificado 35 cuerpos de agua afectados de distintas maneras como excavaciones de lechos, ampliaciones de los cursos de agua y contaminación por sedimentos de las zonas de excavación cercanas.
Adicionalmente, se han detectado cambios en el proceso de separación del oro extraído, pues inicialmente se registró el uso de mercurio en los alrededores de los sitios de extracción pero actualmente se ha detectado el traslado del material a zonas aledañas.
El informe también destaca que se han identificado tres fincas que, siendo receptoras de Pago por Servicios Ambientales, presentan afectaciones de diferente tipo ocasionadas por actividades relacionadas a la minería, incluyendo un caso donde en una finca se alberga a personas que la utilizan de refugio para hacer extracción minera en otras fincas. El MINAE aseguró que en esos casos se estarán realizando los procesos administrativos y jurídicos correspondientes.
Según señala el informe, entre el 2017 y el 2019 el MINAE ha establecido cinco denuncias penales (que se encuentran en trámite) y definió para el 2020 una serie de acciones que incluyen:
- Continuar con los estudios por parte del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la UNA.
- Capacitación y coordinación entre funcionarios del SINAC y Ministerio Público para la presentación y trámite de las denuncias en sede judicial.
- Continuar la labor de la comisión especial, nombrada en diciembre del año pasado por el ministro Rodríguez, y que deberá prepara los informes de daños y delitos ambientales.
- Realizar seis monitoreos, durante el primer semestre del 2020, en el sitio.
Al conocer el informe la diputada Corrales señaló:
Me preocupa enormemente que las denuncias que he venido haciendo sobre el abandono en Crucitas, desde hace casi dos años, en lugar de contenerse, se incrementan, sin que exista una estrategia integral para resolverlas. Y más me preocupa aún que para tener acceso a estos datos tuve que interponer un recurso de amparo, porque de lo contrario el Gobierno no hubiese tenido la voluntad ni la transparencia para hacerlo. Da vergüenza esta situación y nos descredita como país frente al mundo para levantar una bandera de defensa del ambiente, ante semejante hipocresía.