La diputada liberacionista, María José Corrales, presentó un recurso de amparo en contra del ministro de Ambiente y Energia, Carlos Manuel Rodríguez, debido al incumplimiento en el envío de un informe de evaluación ecológica ambiental en la zona de Crucitas de Cutris, en San Carlos.

La legisladora asegura que tuvo conocimiento de la existencia de un informe ambiental desde el 29 de noviembre del año pasado cuando la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN) del Minae, Mariana Jiménez, aseguró públicamente que existía el citado informe.

Tras la solicitud de la información el 2 de diciembre pasado, el jerarca del Minae solicitó el 19 de diciembre —tras haberse vencido los 10 días hábiles para entregar la información— una prórroga para el envío del documento, argumentando que el informe todavía no estaba terminado ya que faltaba información sobre aspectos de origen hídricos y de suelos.

La prórroga otorgada por la diputada para la entrega de la información se venció el 15 de enero de este año, por lo que Corrales procedió a interponer el recurso de amparo el día de ayer alegando una violación al derecho de petición, pronta resolución y a la justicia pronta y cumplida, así como al derecho constitucional de acceso a la información administrativa.

En un comunicado de prensa, la diputada aseguró que desde la primera reunión que sostuvo con jerarcas de Gobierno para tratar la situación de Crucitas, en mayo del 2018, ha venido denunciando públicamente los riesgos ambientales, económicos, sociales, de salud y de seguridad que persisten en la región, producto de la actividad minera ilegal que se desarrolla, principalmente en los distritos sancarleños de Pocosol y Cutris.

Sobre la situación actual de Crucitas, la diputada aseguró:

Estamos con los ojos vendados sobre la realidad del impacto ambiental de lo que ocurre en Crucitas. Si seguimos sin tener acceso a datos y cifras oficiales, ¿Cómo el Gobierno va a poder realizar acciones de control y mitigación en la zona? Ese secretismo no va acorde con la transparencia que debe regir el ejercicio público ni mucho menos, va en sintonía con la agenda ambiental que dice defender el Gobierno.

El recurso de amparo se tramita con el expediente 20-985-0007-CO, y ya fue admitido para estudio por parte de la Sala Constitucional.

Polémico proyecto de reactivación de minería metálica

La diputada Corrales es la autora —junto a otros congresistas del PLN— del proyecto de ley 21.584 para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, presentado el 11 de setiembre anterior, y el cual se encuentra actualmente con el trámite legislativo en pausa en la Comisión de Asuntos Sociales, ya que no fue convocado por el Poder Ejecutivo para el actual periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el próximo 31 de abril.

La iniciativa propone regular tres tipos de minería: la artesanal, la pequeña minería y la mediana. Se pretende, además, que las personas o empresas interesadas cuenten con una viabilidad ambiental otorgada por Setena y cumplir con los requisitos de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El proyecto propone que por cada concesión minera otorgada se deberá integrar una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) con participación de funcionarios del Minae, las municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales, para dar seguimiento al trabajo que desarrolle el concesionario.

La minería, sin embargo, no podría desarrollarse en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestres, prohibición que también está vigente desde hace años. Lo mismo ocurre con la prohibición expresa del uso del mercurio, ya que por convenios internacionales suscritos por Costa Rica tal práctica está prohibida y el Estado está obligado a erradicarla.

El proyecto establece un impuesto del 20% sobre las ventas brutas del material extraído, y establece un canon por actividad minera de la siguiente forma:

  • Minería Artesanal: Un tercio de salario base por hectárea
  • Pequeña Minería: Medio salario base por hectárea
  • Mediana Minería: tres salarios base por hectárea
  • Plantas de Beneficio: tres salarios base por hectárea

Tras la presentación del proyecto diversas organizaciones ambientales no tardaron en pronunciarse en torno a la iniciativa por medio de un comunicado de prensa conjunto, en el que manifestaron su "oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto”.