El Congreso reanudó este lunes su actividad legislativa ordinaria tras dos semanas de completa parálisis en represalia por la promulgación (y posterior derogatoria) del decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El resultado del trabajo reiniciado fue de dos proyectos aprobados en segundo debate, uno en primer debate, y una dispensa de trámites para otra iniciativa que abre la vía para una rápida aprobación en los próximos días.
Ese proyecto que tendrá un trámite especial y veloz es el expediente 21.797 denominado "Exención de impuestos y organización para la realización y promoción de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 20-2020", presentado por Carlos Ricardo Benavides del PLN.
La dispensa de todos los trámites fue respaldada por los 50 diputados presentes este lunes, además de consultar la iniciativa al Ministerio de Hacienda y al de Deportes; Contraloría y Procuraduría General de la República; Federación Costarricense de Fútbol y las municipalidades de San José, Alajuela y Tibás.
Luego de un intenso debate se aprobó también por la unanimidad de los 50 presentes el expediente 21.283 que reforma el artículo 50 de la Constitución Política para incluir el Derecho Humano de acceso al agua potable. Esta votación fue en segundo debate de segunda legislatura y después de que se realicen algunas modificaciones de forma (texto final) se deberá esperar a que el presidente solicite su aprobación en el discurso sobre el Estado Político de la Nación que pronunciará el 2 de mayo.
Luego, se aprobó en segundo debate con 41 votos a favor y 1 en contra el expediente 19.732 denominado "Impuesto del 5% sobre la venta y autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional". Vale aclarar que no se trata de un nuevo impuesto, sino de la ampliación de la base.
Lo anterior se explica por cuanto ese impuesto de 5% ya lo pagan en las provincias de Guanacaste y Cartago, pero no las otras cinco (ni los importadores), por lo que existe una disparidad entre las condiciones a las que están sujetos los contribuyentes, fomentando la descompetencia desleal.
Con la reforma el impuesto se pagará en todo el país, será de un 5% sobre el precio neto de venta del productor, a nivel de planta de producción, o del importador, a nivel del sitio de despacho o almacenamiento, excluido el correspondiente impuesto sobre las ventas o de valor agregado, así como cualquier otro tributo. Para el autoconsumo del productor nacional la tarifa será de un 5% sobre el costo de producción del cemento en la planta cementera. Para el autoconsumo del importador será de un 5% sobre el valor fiscal consignado en el Documento Único Aduanero (DUA).
La recaudación, la administración y la fiscalización del impuesto corresponde a la Dirección General de Tributación y será la encargada de girar los recursos a las distintas municipalidades que se beneficiarán de este proyecto.
Finalmente, se aprobó en primer debate el expediente 21.065 denominado "Autorización a la Junta del Registro Nacional para donar tres inmuebles de su propiedad al Ministerio de Justicia y Paz".
¿El Registro Nacional no es una dependencia del Ministerio de Justicia? Sí, lo es. Esta es otra evidencia de los absurdos de legislación que el Congreso debe aprobar dado lo rígido del funcionamiento de nuestro aparato estatal.
¿Y para qué es la ley? Que los edificios del Registro Nacional que el Ministerio de Justicia ha venido usando desde 1990 finalmente pasen a nombre de dicho ministerio. Aunque usted, no lo crea.
Reza la exposición de motivos del proyecto:
"Durante los últimos 28 años, el Convenio [de préstamo de los edificios] se ha venido prorrogando de forma automática, sin que el Ministerio de Justicia y Paz haya podido trasladarse de forma permanente a un inmueble con condiciones óptimas de infraestructura y equipamiento, que le permita concentrar a todas sus Unidades Administrativas y realizar su gestión con las facilidades que el entorno demanda; por lo que mantenerse ocupando los inmuebles prestados por la Junta Administrativa del Registro Nacional es vital para la continuidad de sus servicios, ya que el Ministerio no cuenta con los recursos presupuestarios para trasladarse".
38 diputados votaron a favor del proyecto. Ninguno se opuso.
Breves
— La Comisión de Nombramientos acordó este lunes que las personas que postulen para ocupar los cargos de contralor o subcontralor general de la República sean evaluados en un 70% según sus atestados y un 30% según su desempeño en la entrevista.
— Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, detalló a la Comisión de Limón que 400 trabajadores ya abandonaron la institución; y que los ingresos del 2019 fueron muy inferiores a los esperados: 18 mil millones vs. los 55 mil millones proyectados.
