Tanto el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, como la jerarca de Comunicación, Nancy Marín Espinoza, se manifestaron en contra de las declaraciones de la magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas Morales quien el día de ayer planteó ante sus compañeros de Corte Plena, que se proponga la realización de intervenciones telefónicas a periodistas a fin de evitar la fuga de información en los temas concernientes a investigaciones judiciales.

El comentario de Rojas se dio cuando la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, señaló que en ocasiones cuando se realizan allanamientos hay medios de comunicación que se encuentran en el sitio antes de que lleguen los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ante esta afirmación de Solano, Rojas señaló que el interés público debería prevalecer sobre la fuga de información y añadió:

El secreto de la fuente, del periodista, no es ilimitado. Es claro que de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica. Pero a mí me parece que, por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes, y sobre todo si son internas, es del mayor interés público

Rojas aseguró que la intervención telefónica de los periodistas sería la única forma de garantizar que se le ponga fin a las filtraciones de información y agregó que como tal medida no podría darse por vía de un protocolo o reglamento, se requeriría de un proyecto “de más alto nivel” —entiéndase un proyecto de ley— para ello.

Las declaraciones, por supuesto, no tardaron en levantar fuego y opiniones de todo tipo y por ello el tema también se trató en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Poder Ejecutivo, este martes en la tarde.

Allí tanto el Víctor Morales como Nancy Marín rechazaron las declaraciones de Rojas, aunque mantuvieron la distancia respecto a las apreciaciones del Poder Judicial por el tema de la separación entre poderes.

Morales aseguró que "nuestro compromiso con la libertad de prensa debe llevarnos a expresarnos en contra de este tipo de iniciativas", mientras que Marín profundizó un poco más en su declaración:

El Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Comunicación reconocemos el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información como principios democráticos que deben cumplirse en una sociedad como la costarricense, que es un Estado de Derecho

La jerarca agregó inclinarse más del lado de la posición que tuvo respecto a este caso la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López (quien el día de ayer señaló que ante la fuga de información judicial, a quienes se debería investigar es a los funcionarios judiciales y no a los periodistas ni sus fuentes), pero sostuvo que este es un tema que tendrá que definir el Poder Judicial a lo interno:

Esa es una discusión que debe dar el Poder Judicial, claramente, y todos los magistrados y magistradas que además son conocedores del derecho constitucional y de los principios internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión, creo que podrían tener una conversación bastante interesante sobre estos temas".

Rojas defiende propuesta

Tras las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación (incluyéndonos) el día de ayer, la magistrada Rojas emitió un comunicado este martes en el que defendió las declaraciones brindadas y señaló que referían a la Comisión de Enlace de la Corte con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que está en proceso de elaboración un protocolo interno que buscará impedir el problema de fuga de información en materia penal.

El comunicado señala que:

En defensa de los valores del Derecho de la Constitución, estimé que este tipo de norma no era la adecuada para atender el problema a nivel interno, ya que están de por medio derechos fundamentales y recaudos del debido proceso que asisten a las personas funcionarias judiciales, por lo que al tenor de lo establecido en el numeral 24 Constitucional, indiqué que la vía adecuada para establecer mecanismos de investigación efectivos -dentro de ellos las intervenciones telefónicas-, es la legal".

Para Rojas, esta propuesta no estaría relacionada con la libertad de prensa, "sino con las informaciones que sobre esos operativos (judiciales) se filtran" y agregó estar convencida de que "investigar la fuga interna de información a través de un protocolo, podría enfrentarse al Derecho de la Constitución y afectar el resultado de las investigaciones internas".

Este es el segundo comunicado que la magistrada Rojas envía a los medios de comunicación justificando sus declaraciones en Corte Plena el lunes. Inicialmente afirmó que nunca sugirió que debían intervenirse los teléfonos de los periodistas, sino de los funcionarios judiciales que les sirven como fuente; luego, hoy, afirmó que su comentario pretendía alertar de que la propuesta de intervención telefónica por la vía de un protocolo podría ser inconstitucional.