Para nadie es innegable que durante el mandato de Rodolfo Méndez Mata ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se ha visto la puesta en ejecución de importantes obras viales en el país.
El señor sabe lo que hace en esa materia, pues tiene experiencia en el cargo. Pero cuando se trata de plataformas tecnológicas de transporte... lo mejor sería que el ministro delegue la vocería en otra persona.
Este miércoles los ministros de Obras Públicas y Transportes; y el de Presidencia se reunieron con los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos, la cual estudia el proyecto de ley para regular este tipo de plataformas.
Durante ese encuentro, los representantes del Ejecutivo volvieron a insistir en que la posición del Gobierno es que las aplicaciones como Uber y DiDi sean consideradas como un servicio público para así poder limitar la cantidad de conductores que pueden realizar transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas, y hasta definir tarifas.
La medida, a resumidas cuentas, lo que pretende es que se retome el texto presentado previamente por el Gobierno en el cual este tipo de servicio era considerado público y sujeto a regulación del Estado.
Esa propuesta fue desechada en Comisión por ser irrazonable y porque al estar planteado inicialmente como un servicio público, recatalogarlo como privado habría vuelto el texto inconexo y por ende, inconstitucional. De igual forma, la intención del Ejecutivo con el actual proyecto de cambiarlo de servicio privado a público tendría roces de constitucionalidad.
Méndez Mata sostuvo ante la prensa que la posición del Gobierno pretende garantizar la subsistencia de dos modelos: el de taxis tradicionales y el de las plataformas tecnológicas; y que esperan enviar una propuesta de texto sustitutivo la próxima semana.
Sin embargo, la intención ya tiene mala acogida entre buena parte de los integrantes de la Comisión de Económicos, precisamente por los problemas de constitucionalidad que traerá darle un giro al texto del proyecto.
Otros, como Erick Rodríguez, cuestionaron que el MOPT pretenda regular la cantidad de conductores que darán el servicio en Costa Rica al recordar que cuando él lideraba el departamento de concesiones y permisos del Consejo de Transporte Público, nunca se monitoreó la cantidad de taxis que había en el país... Gracias por su sinceridad sobre el desempeño de su anterior cargo, diputado... el país se lo agradece.
Tasa de usura: nuevo episodio
Este miércoles los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos avanzaron en definir la tasa de interés a partir de la cual se considerará existe el delito penal de usura.
Luego de una sesión de trabajo entre los legisladores y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), se determinó que la tasa de usura para microcréditos (créditos inferiores a 675.300 colones) sea del 55%, equivalente a 4,3 veces la tasa activa promedio calculada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En el caso de los créditos superiores a 675.300 colones, la tasa de usura será del 39,5%, equivalente a 3 veces la tasa activa promedio calculada por el Banco Central.
Aún queda pendiente definir la tasa de usura para tarjetas de créditos, por ser estas un medio de pago y no un crédito. Sin embargo, hay quienes pretenden que dicha tasa máxima se rija por los dos umbrales anteriormente mencionados.
Es decir, las personas con un límite de crédito inferior a 675.300 colones tendrían una tasa de interés máxima de 55%, mientras que quienes tengan un límite superior tendrían una tasa máxima de 39,5%.
Esta metodología tiene dos circunstancias que hay que tomar en cuenta: la definición de microcrédito parte del equivalente a 1,5 salarios de un oficinista del Poder Judicial; mientras que las tasas máximas estarán ligadas a la tasa activa promedio calculada por el Central.
Esto quiere decir que conforme aumente el salario mínimo de ese funcionario judicial, el límite de crédito a partir del cual se tendrá una tasa de usura subirá cada año; mientras que conforme las tasas de interés aumenten, también lo hará el promedio, de modo que también subiría la tasa a partir de la cual se considerará que existe usura.
Breves
— Este miércoles el Plenario designó con 44 votos a favor a Anamari Garro como magistrada propietaria de la Sala Constitucional, llenando la vacante que dejó el magistrado Ernesto Jinesta al acogerse a su jubilación.
Con la designación de Garro la Sala Constitucional tendrá, por primera vez en su historia, dos mujeres magistradas propietarias: Garro y Nancy Hernández. Al mismo tiempo, las cuatro salas de la Corte Suprema operarán con dos magistradas propietarias.
De previo a la elección, la diputada Carolina Hidalgo del PAC presentó una moción para que los diputados consignaran en la papeleta su nombre y firma, para así transparentar la elección.
La propuesta solo fue respaldada por 12 congresistas y recibió el negativo de 40, por lo que la Asamblea sigue incumpliendo el señalamiento hecho por la Sala Constitucional de que todas sus votaciones deben ser públicas y que si desea hacerlas secretas, debe hacerlo mediante moción aprobada por mayoría calificada de los miembros presentes.
