El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, el último de los proyectos de ley indispensables para que Costa Rica complete su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) este año: la ley de creación del fondo de garantía de depósitos.
Esta iniciativa se tramitó bajo el expediente 21.717 y contó con 41 votos a favor y 2 en contra: José María Villalta del Frente Amplio y Dragos Dolanescu del Partido Republicano.
¿En qué consiste? A grandes rasgos, crea un fondo que servirá como garantía para las personas que tengan depósitos inferiores a los 6 millones de colones, en caso de que un banco estatal o privado caiga en insolvencia, quiebre, etc., tal y como le ocurrió recientemente al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). Misma protección tendrán los ahorrantes de entidades financieras y cooperativas (siempre y cuando estas últimas no tengan su propio seguro de depósito)
Aunque los bancos públicos gozan de la "garantía del Estado", el que exista un seguro de este tipo permitirá que en otra eventualidad como la de Bancrédito el gasto que se tenga que realizar para honrar las obligaciones sea inferior, ya que el fondo cubriría los depósitos de los ahorrantes inferiores a 6 millones de colones; y el resto correría por cuenta de la garantía del Estado.
En el caso de los bancos privados, financieras y cooperativas que no tengan un fondo de garantía propio, el máximo a indemnizar por persona será de 6 millones de colones.
Este fondo se creará a partir de una contribución anual máxima del 0,15% de los depósitos que tengan. El "máxima" es porque la contribución mínima es de 0,10% y el restante dependerá del nivel de riesgo de cada entidad.
De igual forma, el fondo tendrá distintos compartimentos: uno para bancos públicos, uno para privados, uno para cooperativas que no tengan su propio seguro, y otro para financieras.
Breves
— 38 diputados aprobaron en primer debate una modificación a la Ley para la Gestión Integral de Residuos contenida en el expediente 20.875, con la cual se mejoran las herramientas que tendrán las municipalidades para hacer cumplir esa legislación, incluyendo la obligación del Ejecutivo de devolverle a los gobiernos locales el dinero que se recolecte por las multas que se apliquen por esta ley; y autorizándolos a clausurar locales que incumplan con la normativa.
— 38 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.518 que hace una reforma puntual al Código Procesal Penal, para precisar que en el caso de personas mayores de edad sin capacidad volitiva o cognoscitiva que sufran delitos sexuales, el plazo de prescripción de 25 años correrá a partir de la consumación del hecho punible, del último acto de ejecución de la tentativa o del cese del delito continuado según corresponda; y no a partir de que la víctima alcance la mayoría de edad, ya que estos delitos pueden cometerse contra personas de cualquier edad, incluso mayores a 43 años. La reforma es necesaria por cuanto con la aprobación de la Ley de Derecho al Tiempo el año pasado se generó una redacción confusa en el texto de la legislación.
