El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, comunicó la mañana de este viernes que declaró con lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República, en contra de la desestimación que el Tribunal Penal del I Circuito Judicial dictaminó en 2016 contra 81 de los polémicos contratos por servicios profesionales por los que se acusó al Partido Acción Ciudadana (PAC) por estafa, tras la campaña presidencial de 2010.
La resolución surge a raíz de la sentencia 111-2020, que se trae abajo la primer disposición judicial que desestimó la causa contra 81 de los 263 contratos investigados, por lo cual ahora la agrupación deberá ir nuevamente a juicio para definir si dichos contratos formaron también parte de la estafa.
Así lo comunicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial en un comunicado enviado a la prensa, en el que se señala que:
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal está ordenando un reenvío para nueva sustanciación ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, ello implica que se tenga que conocer nuevamente ese extremo de la demanda civil lo que podría llevar a que se eleve la condena civil en aproximadamente 160 millones de colones, más los intereses y se le deben sumar las costas personales".
Este caso se remonta a 2013, cuando la Fiscalía acusó al Partido Acción Ciudadana por haber incluido 263 contratos por servicios especiales “falsos”, dentro de la liquidación de gastos que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le pagó al partido por concepto deuda política, después del proceso electoral del 2010.
¿Quiénes aparecen en los contratos? La lista es extensa, y el año anterior Diario Extra rescató algunos de los nombres más reconocidos, incluyendo a los exdiputados Manrique Oviedo Guzmán, Claudio Monge, Juan Carlos Mendoza, Carmen María Granados Fernández, Jeannette Ruiz Delgado y Yolanda Acuña Castro del periodo 2010-2014, así como Marcela Guerrero Campos, Laura Garro Sánchez y Emilia Molina Cruz, del período 2014-2018.
Así, y tras un proceso judicial que finalizó en diciembre de 2016, los jueces determinaron la falsedad de 179 de esos contratos y condenaron al partido a pagar una suma que asciende a los casi 353 millones, los cuales, y a la fecha, el Estado no ha procedido a cobrar (al igual que en el caso del Movimiento Libertario) aunque el procurador penal, Randal Aguirre Mena, aseguró el año anterior ante la Asamblea Legislativa que la PGR está evaluando la apertura del proceso judicial en el que se le cobrará al PAC el millonario monto.
Por esos 263 contratos, el PAC recibió más de 515 millones de colones pero como en esa primera instancia no se probó delito en más de 80 de los contratos cuestionados, el monto de la condena fue menor al solicitado por el Ministerio Público.
Por esta causa, además, dos personas fueron condenadas a prisión: el extesorero del PAC, Mynor Sterling, quien fue condenado a 6 años de cárcel, y el funcionario administrativo del partido, Manuel Antonio Bolaños, quien fue condenado a 3 años.
Desde entonces el caso ha continuado en múltiples apelaciones tanto en la instancia civil como en la penal y este será un nuevo capítulo de esa contienda.
