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— La novela sigue. El Partido Acción Ciudadana dijo este martes a la Sala Tercera que el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José violentó su derecho al debido proceso en la sentencia en la que elevó a 516 millones de colones la condena contra el PAC por estafar al Estado. Así, el partido aspira a que se anule dicha resolución y se devuelva el caso eterno a segunda instancia, esto en procura de reducir el monto de la indemnización a una cifra más cercana a la que inicialmente recibió por condena (353 millones de colones).
— El rollo se reduce a que en alzada se le sumaron al PAC 84 contratos que en primera instancia no se tomaron en consideración. “En criterio de esta representación, el haber tomado esta decisión de realizar una condena en la parte civil en instancia de apelación representa una vulneración de garantías fundamentales en primera instancia para el Partido Acción Ciudadana”, dijo Érick Gatgens, abogado del partido.
— Randal Aguirre Mena, procurador del Área Penal, solicitó a la Sala III que se declare sin lugar en todos sus extremos el recurso presentado por Gatgens. El presidente de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós comunicó que “pronto” darán a conocer su resolución. En fin, estaremos pendientes. Recordemos que si a esos 516 millones se le suman los intereses el monto final podría escalar todavía más.
— En otro orden de ideas pero siempre sobre el mismo tema la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se abrió una investigación bajo la causa 19-000084-1218-PE. Esto luego de que el diputado socialcristiano Pedro Muñoz enviara una circular a Emilia Navas, Fiscala General, denunciando a todos los firmantes de los famosos contratos a quienes señaló como “coautores” del delito.
— ¿Quiénes aparecen en los contratos? La lista es extensa, y Diario Extra rescató algunos de los nombres más reconocidos, incluyendo a los exdiputados Manrique Oviedo Guzmán, Claudio Monge, Juan Carlos Mendoza, Carmen María Granados Fernández, Jeannette Ruiz Delgado y Yolanda Acuña Castro del periodo 2010-2014, así como Marcela Guerrero Campos, Laura Garro Sánchez y Emilia Molina Cruz, del período 2014-2018.
— “No tiene sentido que se haya condenado a dos personeros del partido por haber utilizado contratos que se consideraron espurios y que, no se haya investigado a las personas que firmaron los contratos”, dijo Pedro Muñoz. Su tesis es que quienes firmaron esos contratos deben también de ser investigados con tal de conocer si ellos también formaron parte de la estafa. Recordemos que solo dos personas fueron condenadas: Mynor Sterling, extesorero del PAC (6 años de cárcel) y Manuel Antonio Bolaños, funcionario administrativo del partido (3 años de cárcel).
— Por último, siempre en un tema relacionado (ha estado movidita la semana) pero esta vez concerniente al presidente. Como ustedes bien recordarán días atrás el abogado Juan Diego Castro solicitó al TSE una aclaración concerniente a los pagos que se le hicieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, allá por el 2010 cuando trabajó en la campaña del PAC. El Tribunal aclaró que el contrato no formó parte de los que constituyeron la estafa del PAC contra el TSE, en tanto los ilícitos se perpetraron en la partida de servicios especiales, no la de servicios profesionales. En todo caso el TSE revisó la documentación concerniente al presidente y confirmó que todo está en orden.
Bonus track: Del Sema, días atrás: Ottón Solís niega vínculos con estafa del PAC al TSE. y en La Nación, ayer: Ottón Solís defendió tres veces idea de que voluntarios del PAC facturaran trabajo de campaña.
Esta nota es parte del Reporte: Agridulce día del agricultor, ácidez total en caso de estafa PAC-TSE.