La Sala Constitucional emitió esta semana una solicitud a la Defensoría de los Habitantes para que se pronuncie respecto a la contaminación con mercurio que aqueja desde hace meses, a las inmediaciones de la Finca Vivoyet en Crucitas de San Carlos.

Esta es la zona en la que la empresa minera Infinito Gold pretendía extraer oro y que tras la caída del proyecto, ha sido invadida por mineros improvisados, desatando una crisis ambiental.

Dato D+: Repase el caso Crucitas en esta nota de Delfino.cr: El Caso Crucitas de principio a fin.

Como ustedes recordarán, la situación de Crucitas ha sido crítica en los últimos meses. Desde diciembre de 2018, diputados y vecinos de la zona han denunciado que desde que se prohibió la extracción minera a cielo abierto en el lugar (con todo y el proceso judicial que esto ha conllevado), lo que ha abundado es la pobreza y la extracción minera ilegal, que ha venido acompañada de violencia, contaminación de los mantos acuíferos y problemas en la calidad de la salud pública de la zona, entre otros inconvenientes.

Han pasado casi 13 meses desde que las denuncias empezaron a estallar y al mes de enero de 2020, no se ha logrado revertir la problemática.

De hecho, a finales de diciembre pasado, los datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) señalaron que los coligalleros han llevado a la zona al menos dos toneladas de cianuro, un peligroso químico utilizado para extraer oro, en claro detrimento a la ya preocupante estabilidad ambiental de la región.

Por ello se han presentado varias querellas, entre las que destaca el recurso de amparo interpuesto por Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y que consta en el expediente N°19-011277-0007-CO.

Dicha querella data del año 2018, cuando la FECON interpuso una denuncia en contra el Ministerio de Salud, alegando un desacato al Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, que es el que le da responsabilidades a la institución rectora para atender la problemática ambiental que se vive en la zona.

Como aquella primera denuncia no recibió respuesta, a inicios del año 2019 la Federación acudió a los tribunales constitucionales con un recurso de amparo, en el que denunció a la cartera ministerial por inacción en el tema y en la que además solicitó que se reconocieran los derechos de los ecosistemas en esta zona.

Este amparo obtuvo respuesta esta semana, luego de que los magistrados constitucionales acordaran que:

Se le solicita como prueba para mejor resolver a la Defensora de los Habitantes que se refiera sobre el presente caso y emita un criterio técnico al respecto".

Según el segundo querellante en este recurso de amparo, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez:

Es vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía Colombiana ante la desidia institucional."

Habrá que estar pendiente a la respuesta de la Defensoría, para ver cómo avanza el tema y las acciones que vayan a tomar las instituciones respecto a la crisis que consume a esta zona.