La Asamblea Legislativa comenzó a tramitar este miércoles una reforma constitucional que pretende darle a los partidos políticos toda la deuda política que alcancen a través de los votos válidos, eliminando el requisito de demostrar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recibir los dineros, como en la actualidad existe.
Se trata de la propuesta tramitada en el expediente 20.117, presentada en octubre de 2016 por diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Acción Demócrata Cristiana, Frente Amplio, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Acción Ciudadana.
Dado que el presidente de la República convocó el proyecto para el actual periodo de sesiones extraordinarias, el Congreso realizó el primero de una larga lista de pasos que debe cumplir la iniciativa antes de incorporarse a la Carta Fundamental.
Ese primer paso fue la primera lectura de admisibilidad, en la cual se lee el texto completo del proyecto ante el Plenario. Este paso debe hacerse tres veces, antes de la votación para definir si la reforma se envía a comisión o no.
Cambios importantes
Si la reforma se aprueba tal y como fue presentada, el sistema de financiamiento de los partidos políticos en el país cambiaría de forma importante respecto a lo que actualmente se tiene.
Cuando los costarricenses acuden a las urnas el monto de deuda política definido por el Tribunal Supremo de Elecciones se divide entre los votos válidos emitidos. Así el sufragio emitido por el ciudadano hacia una agrupación se convierte en dinero.
Por ejemplo, para las elecciones presidenciales y legislativas del 2018 el TSE fijó la deuda política en 25.030 millones de colones y en la primera ronda se emitieron 2.154.673 votos válidos, para la segunda ronda fueron 2.207.556 votos; y para la elección de diputados 2.137.556 sufragios. Al sumar los tres números se obtienen 6.499.785 votos, pero solo deben tomarse en cuenta los dirigidos a partidos que alcanzaron como mínimo un 4% de la votación nacional para las presidenciales o de diputados, o que eligieron un congresista.
Tras hacer ese descarte se tiene que solo 3.904.159 votos son válidos (60.06%) para la repartición de deuda política y al usar ese número para dividir la deuda política se obtiene que cada voto representó 6411.09 colones.
Así, según los resultados de los tres procesos, la deuda política absoluta que le correspondió a cada partido en 2018 quedó repartida así:
- PREN: ¢5.940.450.040,60
- PLN: ¢5.245.186.779,02
- PAC: ¢5.217.548.578,60
- PUSC: ¢4.210.110.208,47
- PIN: ¢2.369.121.408,34
- PRSC: ¢1.259.221.029,61
- FA: ¢649.436.804,48
- PAL: ¢87.581.873,32
- PUG: ¢51.250.237,56
Sin embargo, todo ese dinero no es depositado automáticamente a las cuentas de los partidos, sino que deben justificar ante el TSE los gastos incurridos para poder ir recibiendo los recursos conforme se realizan las liquidaciones trimestrales.
Los partidos nunca han logrado justificar gastos que ameriten depositar el 100% de la deuda política, por lo que al cabo de los años el Tribunal devuelve los recursos no reclamados a las arcas del Estado mediante un presupuesto extraordinario que aprueba la Asamblea, lo que significa un alivio para las finanzas públicas.
Con el cambio que propone la reforma constitucional, los partidos que cumplan con los requisitos de votación mínima obtendrán la totalidad de los votos traducidos en dinero y el TSE únicamente intervendrá en caso de que se haga un mal uso de los mismos.
El valor del voto aumentaría sustancialmente en elecciones con alto nivel de abstencionismo. Por ejemplo, en los comicios locales del 2016 el 64,6% del electorado no acudió a las urnas; la deuda política se había fijado en 6805 millones de colones (0,03% del PIB) y los votos válidos para obtener recursos fueron 3.101.232. De este modo cada voto le valió a los partidos 2194,41 colones pero al final casi 2 mil millones de colones no fueron reclamados, por lo que se devolvieron al erario público, cosa que dejaría de ocurrir con esta reforma.
Dato D+: Recordemos que en las elecciones municipales se eligen alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes.
El proyecto pretende fijar en 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) la contribución estatal a los partidos, de modo que conforme crezca la economía del país, ese 0,11% se traducirá cada vez en más dinero. Ese 0,11% financiaría elecciones nacionales y municipales en una proporción que tendría que ser definida por ley.
Por otro lado, la propuesta propone permitir que los partidos puedan usar todos los recursos en “capacitación y organización política”, entendida hoy como organización, capacitación, divulgación, censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión (encuestas). El plan es que ese término se defina de forma general como "todo gasto administrativo para fomentar, fortalecer y preparar a los partidos políticos para su participación de modo permanente en los procesos políticos y electorales".
Tal y como reconocieron sus proponentes en la exposición de motivos del proyecto, al incluir las palabras "operación permanente" pretenden autorizar a los partidos a usar plenamente la deuda política que obtengan en las elecciones que se realizan ahora cada dos años.
Breves
— La diputada María Inés Solís retiró las mociones que tenían bloqueado el proyecto de ley para definir la tasa de interés a partir de la cual se considerará que existe el delito de usura. A cambio, la legisladora llegó a un acuerdo con la Comisión de Hacendarios para tener una mesa de trabajo después de la sesión del próximo martes para discutir el proyecto.
La legisladora ha sido objeto de fuertes ataques en las últimas horas tras sostener que ella continuaría bloqueando el proyecto en aras de proteger a las personas que serían excluidas del sistema formal si se mantiene la actual tasa, que equivale a 2,2 veces la tasa activa promedio del sistema financiero nacional (30,18% para colones y 15,31% para dólares).
La medida también llega después de una nueva metodología de la Sugef que elevó su tasa inicial de 43,3% a 45% y una tasa diferenciada del 61% para los microcréditos. La diputada, sin embargo, dijo que ve "muy lejos" el alcanzar el acuerdo por el cual retiró sus proposiciones.
— Una Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de reforma constitucional para que los diputados puedan votar sin estar en el Plenario, haciendo uso de mecanismos tecnológicos. La redacción final, sin embargo, establece que solo podrá emplearse cuando un congresista esté gozando de licencia de maternidad o paternidad.
— La Comisión de Turismo dictaminó en forma positiva el expediente 21.287 "Creación del Parque Nacional Isla San Lucas", que además por su condición de área silvestre protegida será Patrimonio Histórico y Arquitectónico.
