En horas de la mañana el presidente Alvarado anunció que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que los recortes a las pensiones de lujo que se aprobaron en diciembre pasado, se destinen a programas para el combate de la pobreza.

En total, los recortes a las pensiones de lujo se estiman en poco más de  ₡12 mil millones al año, resultado del cobro de contribuciones solidarias a 3.198 jubilados del Magisterio Nacional, el Poder Judicial y los regímenes con recargo al Presupuesto Nacional, por lo que el Ejecutivo quiere utilizar estos recursos para fortalecer programas ya existentes del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).

La iniciativa del ejecutivo adicionaría un artículo a la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos para la contribución social solidaria (Ley 9796) para transferir al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) el ahorro que se genere con la aplicación de esa ley, a fin de fortalecer los programas ya existentes como Crecemos, Avancemos y Hogares Conectados, así como el Régimen No Contributivo de Pensiones.

Durante el anuncio el presidente Alvarado fue acompañado por el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero, quienes hicieron énfasis en la importancia que tendrían estos recursos para atender a la población más vulnerable del país.

Durante la conferencia de prensa, Alvarado aseguró que “esta es una acción para cerrar brechas direccionando recursos de las pensiones de lujo para destinarlos a los que más lo necesitan”. Mientras que el ministro Bermúdez añadió:

Con este proyecto y otras iniciativas que presentaremos más adelante, invitamos a la Asamblea Legislativa a acompañar, desde un ejercicio de eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos públicos, los esfuerzos que hacen las instituciones del sector social para garantizar derechos básicos a la nutrición, la salud, la educación y la protección a familias que luchan por comer tres veces al día.

En la conferencia de prensa, el mandatario aseguró que, de aprobarse el proyecto de ley, se podría dar atención a la población más vulnerable, la cual aseguró ya está identificada, gracias a la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), lo que permitiría asegurar que los nuevos recursos disponibles lleguen a las personas más necesitadas.

¿Qué es el Sinirube?

El Sinirube es la base de datos con la que cuenta el Instituto Mixto de Ayuda Social que incorpora la información de 33 instituciones públicas —que incluyen 14 municipalidades— que dan 37 programas de asistencia social en el país y cuenta con los datos de 4.4 millones de costarricenses, lo que permite identificar, con nombres y apellidos, a las personas que viven en condiciones de pobreza. Esta herramienta fue creada en 2013 por la ley 9.137, pero es hasta finales del año pasado que se cuenta con la integración de información lo suficientemente robusta y depurada para darle uso.

Esta base de datos integrada contiene información acerca del 79.5% de la población que habita en el país, sin embargo, el ministro fue enfático en que sí se ha logrado identificar a las poblaciones más vulnerables, ya que ese 20.5% que no se encuentra registrado corresponde en su mayoría a las familias de mayores ingresos que no utilizan ningún servicio de ayuda social.

La herramienta fue desarrollada con apoyo del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT por sus siglas en ingles), la Universidad de Oxford y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y según dijo el ministro en diciembre pasado, este sistema puede ser considerado como el mejor de Latinoamérica, por lo que representa una oportunidad para el país de darle un nuevo enfoque a la política social para llegar a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad.