En conferencia de prensa, Rubén Vargas, dirigente de la Unión Costarricense de Taxistas (UTC), en compañía del abogado Enrique Rojas Franco, anunciaron el día de hoy que estarían desistiendo de los movimientos de protesta callejera como medida de presión contra el Gobierno por operación de Uber y otras plataformas de transporte en el País.

Según indicó Vargas, los taxistas rojos consideran adoptar el consejo de Enrique Rojas Franco, abogado especialista en derecho público y exprecandidato presidencial del PLN. Al respecto Vargas señaló:

De nuestra parte, cómo Unión de Taxistas, estamos apegándonos a lo que está recomendándonos el director del proceso legal que se inicia, un proceso novedoso que es la eliminación del tiempo de protesta callejera, para entrar a la aplicación del ordenamiento jurídico en otras etapas que no se ha hecho en el país, contra los funcionarios públicos que no han aceptado las ordenes del jerarca en sus debidos casos.

Según detalló CrHoy, la nueva estrategia legal consistiría en demandar por daños y perjuicios personalmente a Carlos Alvarado, presidente de la República, Roberto Jiménez, regulador general, Xinia Herrera, reguladora adjunta y Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, que de ser encontrados responsables tendrían que cubrir los daños de su propio peculio. Esta nueva acción se sumaría a las demandas que desde el 2015 el gremio de taxistas ha interpuesto, sin éxito, en el Tribunal Contencioso Administrativo.

La semana pasada Rojas Franco había circulado un video en redes sociales en el cual solicitaba a los taxistas que se unieran en un frente común para realizar una acción colectiva:

Vamos a comenzar a trabajar, vamos a unirnos todos, por favor, tenemos que hacer un solo frente común para luchar con éxito, no hay otra forma, si nos disparamos por todo lado, por todo lado vamos a perder, si nos unimos en un solo grupo, en una sola acción, vamos a ganar. De modo que, vamos a trabajar para lograr la juridicidad de los servicios que están fuera de la ley.

La posición expresada por la UTC representa un cambio a lo expresado hace dos semanas, cuando enviaron una carta a los diputados de la República asegurando que ya no estaban dispuestos a permitir la operación de Uber en el país, y señalándole a los diputados que “ahora apechuguen con todo lo que se viene”.