El proyecto de ley para regular las comisiones por el uso de datáfonos en Costa Rica avanza a paso lento en la Asamblea Legislativa y la falta de consenso entre los diputados pone en riesgo su avance e inclusive su eventual aprobación.
Durante esta semana la Comisión de Asuntos Económicos ha estado tramitando las más de 100 mociones de fondo que fueron presentadas al texto tramitado bajo el expediente 21.117 (una gran cantidad con el único animo de obstruir la iniciativa), sin embargo, el avance ha sido lento.
Hasta el momento el único cambio relevante que se aprobó ocurrió a raíz de una moción de los diputados José María Villalta del FA y Paola Vega del PAC, con la cual se le otorgó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la responsabilidad de aplicar sanciones a las entidades financieras que cobren comisiones por uso de datáfonos superiores a las legalmente autorizadas.
Anteriormente el texto disponía que sería la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la que tendría esa potestad, a pesar de que está fuera de sus funciones comunes.
Y aunque la medida podría representar un importante avance, lo cierto es que el ambiente en torno al proyecto se complica ante la negativa de una mayoría de la comisión de aceptar que sea el MEIC quien defina, a través de estudios técnicos, la comisión máxima que las entidades financieras podrán cobrar por el uso de datáfonos.
En la actualidad el proyecto dispone que será el Banco Central, sin embargo, criterios escritos y orales suministrados a la Comisión han señalado que el MEIC debería ser el responsable o como mínimo participar del proceso. ¿Por qué? Porque los objetivos del MEIC y del Banco Central son diferentes.
El primero, a través de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) es la autoridad nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia, por lo que toma decisiones que benefician al consumidor y la pequeña empresa. En cambio, el Banco Central trabaja en aras de alcanzar objetivos de estabilidad macroeconómica que no necesariamente benefician al consumidor y a la pequeña empresa, mas sí a las entidades bancarias.
Los diputados Villalta y Vega han propuesto tres escenarios a los demás integrantes de la Comisión: el primero, que tanto MEIC y el Central fijen las comisiones máximas a través de una comisión bilateral; el segundo, que el MEIC emita un criterio vinculante como ente rector sobre el cual el Central fijará el monto; y el tercero, que el BCCR pida criterio técnico al MEIC para poder fijar esa comisión máxima.
Sin embargo, esas tres opciones fueron rechazadas en comisión y ahora la única posibilidad de incluirlas es mediante una moción de reiteración que deberá ser conocida por la totalidad de los diputados en el Plenario.
La Unidad Social Cristiana a través de su representante en la comisión, Pablo Heriberto Abarca advirtió al resto de agrupaciones que el partido no apoyará el proyecto si persiste la negativa de dejar al Banco Central como único encargado de definir la comisión máxima.
En la Comisión se han opuesto a la medida el diputado Luis Ramón Carranza del PAC, el independiente Erick Rodríguez Steller; Roberto Thompson, Ana Ñarine Niño y Daniel Ulate del PLN; así como Giovanni Gómez Obando de Restauración.
¿Por qué es importante el proyecto?
En la actualidad la comisión por uso de datáfonos está compuesta por dos rubros: la "tasa de intercambio" que es la que banco proveedor del datáfono retiene para traspasarlo al banco proveedor de la tarjeta; y la "tasa de adquirencia" que es la que el banco o entidad que emite el datáfono cobra al comercio que adquiere dicho aparato.
Históricamente estas comisiones han sido fijadas por acuerdos entre los propios bancos y se mantienen en porcentajes que exceden por mucho los registrados en otros países del mundo.
Por ejemplo, solo la tasa de adquirencia va desde un 2% en gasolineras hasta 7% en algunos restaurantes; mientras que la tasa de intercambio si la transacción se hace en una gasolinera es de 1%, si es un supermercado de 2% y para el resto de los comercios es de 4%.
De acuerdo con el texto que fue originalmente dictaminado por la Comisión, se aplicarían sanciones de hasta 44,6 millones de colones (100 salarios base) a las entidades que entreguen datos falsos sobre la comisión que cobran por uso de tarjetas, así como multas de 89,2 millones de colones (200 salarios base) a quienes cobren una comisión más allá de la autorizada por el Banco Central.
En el país las transacciones con datáfonos acumulan 6,8 billones (millones de millones) de colones al año. De ese monto, más de 230 mil millones corresponden a comisiones por el uso de dichos datáfonos.
Dos nuevas magistradas
La brecha hombres/mujeres en la Corte Plena se reducirá un poco más luego que el Plenario acordara este miércoles por la mañana el nombramiento de dos nuevas magistradas propietarias del Poder Judicial.
La primera de ellas fue Sandra Eugenia Zúñiga Morales, electa nueva magistrada propietaria de la Sala Tercera para llenar la vacante que dejó el expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, cuando se jubiló en medio del escándalo del cementazo.
Zúñiga se desempeña actualmente como magistrada suplente de esa misma Sala, de modo que su designación puede bien considerarse como "ascenso". Es Licenciada en Derecho y Notaria por la Universidad de Costa Rica y doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, España.
Su elección ocurrió en segunda ronda al alcanzar 39 votos, 20 más que los obtenidos en primera ronda.
La segunda nombrada fue Damaris Vargas Vásquez, quien meses atrás estuvo en el centro de la polémica porque aunque ella reconoció haber tenido una relación sentimental con el diputado Rodolfo Peña del PUSC, el cual forma parte de la Comisión de Nombramientos, él le mintió a varios medios de comunicación sobre ello antes de ser "pescado" y visto obligado a retirarse del proceso de calificación de atestados.
Sin embargo para cuando Peña se hizo a un lado, la Comisión ya había hecho la primera evaluación a los candidatos y Vargas quedó como la tercera mejor calificada con... 63,4 de calificación. Cuando los diputados revisaron las calificaciones -ya sin Peña en el foro-, Vargas cayó al puesto seis de las mejores evaluadas con un 75, la nota mínima para poder ser tomado en cuenta dentro de los eventuales recomendados al Plenario.
Y a pesar de que no era la mejor calificada -según los parámetros de la comisión-, fue la más votada para integrar la terna y quedó electa en primera ronda para suplir la vacante dejada por Carmenmaría Escoto, con un total de 40 votos.
Atrás quedó Alexandra Alvarado Paniagua, la mejor calificada con una nota de 81 y solo 5 votos; y José Rafael Fernández Quesada con un 76 y el apoyo de solo un diputado.
De acuerdo con su currículum, Vargas posee formación en derecho agrario, civil y comercial; y experiencia docente y profesional. Es Licenciada en Derecho y Notaria Pública de la Universidad de Costa Rica; tiene un posgrado en Derecho Agrario de esa misma universidad y una especialidad en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Fue jueza propietaria del Tribunal Agrario desde el año 1999, coordinadora del Tribunal Agrario por 10 años consecutivos del 2002 al 2012, magistrada Suplente de la Sala Primera de la Corte por 3 periodos consecutivos del 2003 al 2017; integrante del Consejo Superior por dos periodos consecutivos e integrante titular del Consejo de la Judicatura, órgano director de la Carrera Judicial, encargado de regular todo lo referente a los concursos y su desarrollo.
Ambas magistradas serán juramentadas este jueves en la sesión que tendrá lugar en la mañana (si es que hay quórum).
Breves
— La Comisión Especial que analiza los proyectos de ley necesarios para que Costa Rica ingrese a la OCDE concluyó el análisis de las 28 mociones de fondo que fueron presentadas al proyecto sobre seguro de depósitos en el primer día habilitado para ello. De esas 28 mociones, 18 fueron aprobadas para hacer correcciones de forma a la iniciativa, delimitar los alcances del fondo y las competencias de su administración. El proyecto pasa ahora de nuevo al Plenario para que se habilite el segundo y último día para presentar mociones de fondo.
— Este jueves se aprobará en segundo debate, tentativamente, el proyecto de ley para regular las huelgas y sus procedimientos. Varios sindicatos convocaron a huelga para intentar frenar la iniciativa.
