La Corte Suprema de Justicia instruyó este lunes a su presidente, el magistrado Fernando Cruz, apelar la orden emitida por la Contraloría General de la República al Poder Judicial de cumplir a cabalidad las reformas al empleo público hechas por Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En una sesión que se prolongó durante varias horas, los magistrados conocieron el informe DFOE-PG-0739 emitido por el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa a finales de diciembre y que, en palabras cortas, le ordenaba a Cruz dictar las ordenes necesarias para que los pluses salariales de los funcionarios judiciales fueran convertidos a montos fijos, sin importar su fecha de ingreso a la institución.
Dato D+: Al inicio de la sesión los magistrados de la Sala Constitucional Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Jorge Araya García y Marta Esquivel Rodríguez (suplente), solicitaron a la Corte que se les permitiera abstenerse de conocer el tema, ya que actualmente tienen asignada una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz (PUSC) contra dicho acuerdo de la Corte Plena. La inhibición de los magistrados fue aprobada con 14 votos a favor y 1 en contra.
El acuerdo que la Contraloría atacó fue tomado por la Corte Plena en marzo pasado y sostiene que las reformas a la dedicación exclusiva, la prohibición, la base de cálculo para el pago los incentivos y otras compensaciones salariales, el auxilio de cesantía y la aplicación del tope fijado por la ley para remuneraciones, solo aplican para funcionarios contratados después de la entrada en vigencia de la Ley 9635, y no así para los contratados.
La orden de la Contraloría fue emitida por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales el pasado 19 de diciembre y ordenaba a Cruz a informar a la Corte Plena sobre dicho documento, por lo que el presidente de la Corte convocó inmediatamente a sesión extraordinaria de Corte Plena para el día de hoy.
Antes de entrar a discutir el documento, el presidente de la Corte le cedió la palabra Jorge Luis Morales García, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud) quien dio a los magistrados “tres opciones” para que consideran:
- Que no conocieran el tema, ya que la decisión de Corte se encuentra todavía en discusión de la Sala Constitucional.
- Que apelen la orden de la Contraloría, a lo que añadió: “Que sea la Contralora la que tenga el valor de sostener lo que decidieron sus subalternos”.
- Que se mantenga la decisión de marzo del 2018, al considerarlos derechos adquiridos.
Por su parte, Adriana Orocú, representante de la Asociación Costarricense de la Judictura (Acojud), también se manifestó al inicio de la sesión para “recordarle” a la Corte que los componentes salariales que está siendo cuestionados por la orden de la Contraloría ya han sido pagados al personal judicial, y que más de tres mil funcionarios judiciales habían dado firmas aceptando ese acuerdo de Corte Plena, por lo que, al igual que Morales, considera que lo que está en discusión son derechos adquiridos y la Corte ya no puede echar para atrás con eso.
El magistrado Román Solís Zelaya fue el primero en externar su posición en contra de la orden de la Contraloría y aseguró que los funcionarios que emitieron el oficio están “desconociendo el criterio de la Sala Constitucional” cuando se pronunció sobre el entonces proyecto tras la consulta legislativa.
Tras un receso, que se extendió poco más de una hora, el Director Jurídico de la Corte, Rodrigo Campos Hidalgo, señaló lo que el consideró fueron varios fallos de forma en la orden que se dio al presidente de la Corte. Entre los errores mencionó: que el departamento del que emana la orden no tiene la “jerarquía” para dar ordenes al presidente de la Corte, que no se respetó que ya está en trámite una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo de Corte Plena, que la orden es dirigida al presidente de la Corte para que revierta un acuerdo que es de Corte Plena, y que la orden no indica el procedimiento para apelar la decisión (lo cual debería incluir).
Por esos motivos, Campos recomendó a la Corte apelar la orden de la Contraloría y solicitar la suspensión del acto administrativo.
Antes de que se diera la votación, la magistrada de la Sala II, Roxana Chacón Artavia, manifestó que su posición era de aceptar la orden de la Contraloría “de hoy en adelante”, de forma que se hagan los ajustes ahora, mientras se resuelven las apelaciones y la acción de inconstitucionalidad para evitar que, en caso de que se pierdan esos procesos, no se vayan a hacer cobros retroactivos.
Tras la discusión la Corte aprobó por votación: 1. Tener por conocido el oficio DFOE-PG-0739 (16 a favor, 1 en contra), 2. Instar al presidente de la Corte para que apele la orden de Contraloría tomando las medidas cautelares que sea necesarias (16 votos a favor, 1 en contra). Adicionalmente, la Corte Plena votó para declarar ambos acuerdos en firme (16 votos a favor, 1 en contra) ya que el plazo para recurrir vence mañana.
Dato D+: Momentos antes de la segunda votación se escuchó a un magistrado (no identificado) decir en un micrófono que quedó abierto: "Qué el señor nos agarre confesados".
En resumen, aunque los magistrados no entraron a discutir el tema por el fondo, el meollo del asunto está en que en la Corte Plena considera que el criterio de la Sala Constitucional al evacuar la consulta legislativa de la Ley 9635 aseguró la independencia del Poder Judicial en todo el tema salarial —como medida para garantizar que el proceso no requiriera mayoría calificada en el Plenario, y por lo tanto no hubiera podido ser tramitado por vía rápida—, y que de aplicarse el título de empleo público a cabalidad, como ordena la Contraloría, se estaría violentando la independencia judicial.
Mientras, el informe de la Contraloría se agarra de que el fallo de la Sala a la consulta legislativa repite las palabras que la entonces ministra de Hacienda, Rocio Aguilar, envió en un oficio a la Corte Plena, y donde aseguró que la independencia judicial no se veía afectada por la ley porque el Poder Judicial mantiene la potestad de modificar el salario base y la escala salarial de sus funcionarios; pero no menciona los pluses salariales, por lo que la obligación de aplicar la nominalización de los pluses no afecta la independencia judicial (argumento que también utiliza el diputado Pedro Muñoz en su acción de inconstitucionalidad).
La reacción de Fernando Cruz
Tras finalizar la votación, el presidente de la Corte decidió dar un discurso para expresar su posición sobre el tema, asegurando que lo que se está presentado es resultado de un debilitamiento sistemático de la independencia judicial.
Cruz mencionó dos momentos iniciales de debilitamiento: Hacer una reforma fiscal por vía rápida sin consultar oportunamente al Poder Judicial, y que por eso se vio en crisis cuando la Corte Plena se opuso; y cuando se cuestionó a la Corte Plena por interpretar el criterio de la Sala Constitucional, que según Cruz resolvió la consulta legislativa poniendo “unas gasas” a la Ley para salvar el proyecto, sosteniendo la independencia judicial en el tema salarial.
Luego, el presidente de la Corte añadió:
"Ahora viene el tercer capítulo, ahora viene la Contraloría, un departamento, nos da un mandato, y a mí me manda a la casa si no obedezco, y es un mandato casi policial, me dice «si usted no hace esto, usted puede ser destituido». Me planteo aquí una interrogante: nosotros lo dijimos en la Sala Constitucional, un diputado no puede ser destituido si no está en la Constitución el procedimiento y el sujeto. La Contraloría hace esto y eso no está en la Constitución, pero la Constitución bien vale poco a veces, y la verdad es que un mandato al presidente de la Corte, de esa manera, es digno de cuestionamiento, de interrogación, porque no se trata de irrespetar a la Contraloría, todavía estamos en un espacio en que podemos discutir institucionalmente".
"Don Pedro Muñoz consideró que era un delito lo que habíamos hecho en marzo, se fue al Ministerio y acusó a toda la Corte de varios delitos, por otra parte, consideró que no podíamos hacer esto, entonces fue y planteó una acción de inconstitucionalidad. La acción tiene que resolverla la Sala. Bueno, pero no contentos con eso, estando pendiente eso, vienen y me mandan esto, que es un mandato que contradice lo que está en discusión en la Sala Constitucional. Es decir, esto son galimatías que evidencian una crisis en relación al tema de la independencia judicial, no me cabe la menor duda. Y claro, la Constitución para el Poder Judicial es muy complicada, y lo he dicho, somos el poder políticamente más débil, y por eso es que, si la voluntad de otros poderes o de otras instancias es desoír o desconocer eso, tenemos estos resultados".
El presidente de la Corte finalizó señalando que respetará la institucionalidad y las vías administrativas para apelar la orden recibida desde la Contraloría, pero que era su deber como presidente de la Corte señalar lo que él considera son actos que amenazan la independencia del Poder Judicial.
