Un recurso de amparo electoral interpuesto por su propio vicealcalde y el llamado a declarar por parte de la Fiscalía Adjunta de Cartago a cuatro testigos por el caso de presunta violación que se sigue en su contra, son parte de las nubes que enturbian el escenario con el que el alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, tendrá que enfrentarse este próximo domingo, cuando la ciudadanía brumosa acuda a las urnas para definir si lo reelige o no en el puesto que ocupa desde 2011.
La cédula de citación por la causa penal, de la cual este medio tiene copia, fue enviada a cuatro de los testigos de la causa presentada por un hombre de apellido Alvarado, el pasado 18 de diciembre y la fecha fijada para el inicio de las audiencias será el próximo 5 de febrero, es decir el próximo miércoles, solo 3 días después de la elección municipal este domingo.
La causa se destapó a mediados de julio pasado, luego de que a Rodríguez se le indagara tras la denuncia de este hombre mayor de edad, quien le acusa de violación. El alcalde aseguró en su proceso de defensa que desconocía quién era la persona que le acusa, sin embargo, hay fotos que desmienten esa versión y que señalan que el alcalde y la presunta víctima trabajaron juntos en la campaña pasada.
Para este caso la Fiscalía había solicitado que a Rodríguez se le impusiera un impedimento de salida del país, que se le pidiera entregar del pasaporte y que se le prohibiera acercarse al denunciante o a testigos; sin embargo, todas las solicitudes fueron desestimadas por el juez y no se le dictaron medidas, mientras el caso sigue su curso que empezará a moverse a partir de la próxima semana.
Amparo electoral
La otra causa fuerte que deberá enfrentar el alcalde, es la referente al recurso de amparo electoral que el vicealcalde de la provincia de Cartago, Manuel Badilla Sánchez interpuso en su contra ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), señalando que en la alcaldía se le relega de su puesto, que se le cambian sus funciones y que se invisibilizan sus labores a lo interno.
En declaraciones brindadas a Delfino.cr, Badilla aseguró que:
Él (el alcalde Rodríguez Brenes) no lo considera a uno, lo invisibiliza y los funcionarios se respaldan en él para no responderle a uno las solicitudes de información y esa es una estrategia de hace tiempo. En las reuniones todo lo maneja él, muy misteriosamente. Él se va de vacaciones por ejemplo y no deja ningún pendiente para que uno resuelva, nada más se va. Una de las municipalidad más grandes del país, donde el alcalde que supuestamente conoce todos los temas, se vaya del país y no deje nada, está medio extraño".
En el recurso, del cual este medio tiene copia, el vicealcalde reclama que:
El cambio abrupto de funciones en donde se me pasa de labores de coordinación y ejecución según la resolución de las quince horas del diez de enero de 2017 a un simple espectador ocasional de acuerdo a lo así descrito en la resolución del 24 de abril de 2019, en donde es recurrente la frase 'cuando así se requiera', produce una vulneración a mis derechos fundamentales, las funciones que se me asignan deben ser acordes a mi puesto dentro de la estructura municipal. En el elenco de hechos descritos en este libelo, queda evidenciado, como de manera sistemática se me ha ido desvinculando del todo el quehacer municipal, hasta transformar mi puesto en un puesto meramente decorativo".
Badilla presentó el recurso ante el Tribunal en junio del año anterior cuando fue acogido; sin embargo, casi 7 meses después no ha recibido respuesta por parte de los magistrados, a pesar de haber enviado una ampliación al documento en agosto pasado.
Este no es el primer caso de este tipo que afronta el Tribunal Supremo de Elecciones. En noviembre del 2018, el TSE prohibió al alcalde de La Unión, Luis Carlos Villalobos, que obstaculizase el ejercicio del cargo de su vicealcaldesa María Haydée Rojas Astorga, tras una denuncia interpuesta en esta misma vía.
A este caso se unen los de Goicoechea, Golfito, Matina, Guatuso, Limón, Turrubares y Alajuela, que en años anteriores también enfrentaron acusaciones de este tipo. En todos los casos citados, se trató de alcaldes liberacionistas que tomaron acciones en perjuicio de vicealcaldesas de su mismo partido.
Además y por otro lado, Badilla tampoco es el primer vicealcalde que mueve el piso en el municipio brumoso: durante esta administración municipal y en diciembre de 2016, tras solo 7 meses de ocupar el cargo, la ahora exvicealcaldesa, Ericka Masis Cordero, renunció a su cargo alegando "razones profesionales y personales" (al renunciar Masis, Badilla entró a suplir su puesto en la vicealcaldía).
A Rodríguez, además, los vicealcaldes vienen renunciándole desde hace tiempo: quien también fuere su compañero de nómina en 2011, Carlos Alberto Halabi Fauaz, había renunciado en abril de 2014 de manera voluntaria; además, la exdiputada Paulina Ramírez Portuguez, también tuvo que renunciar a su cargo en 2014, tras ser elegida diputada en dicha elección.
Causas para tirar para arriba
Las causas que enfrenta Rolando Rodríguez no terminan en estas dos. Recordemos que el año anterior, varios de los regidores brumosos pidieron la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue la comisión de presuntas faltas al deber de probidad en favor de una empresa alemana, cuando se le otorgó el beneficio de la exención del plazo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el municipio.
La acusación señaló que, a pesar de que desde el 2014 el Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad había rechazado otorgar el beneficio a la empresa y a pesar de que cuando se apeló a instancias superiores como el Tribunal Contencioso Administrativo (según consta en la sentencia Nº 186-2016-VI del 21 de diciembre del 2016 del primero), el alcalde Rodríguez Brenes emitió, el 24 de julio del año pasado, una resolución a favor de la compañía en la que se le decretó la exoneración del pago de dicho impuesto.
La denuncia se fundamenta además en que la actual jefa del Despachos de Bienes Inmuebles, aseguró que no estaba de acuerdo con la resolución y que la firmaba a favor por su deber de obediencia (según consta en una resolución del 21 de agosto del año pasado).
Además, en marzo del año pasado los tribunales ratificaron la sentencia que había caído en contra de Rodriguez desde 2016, y en la que se le condenaba por acoso laboral contra la ahora exjefa de informática de esta institución, una mujer de apellidos Villalobos Pereira, lo que le significó a Rodríguez el pago de ₡2.000.000 por daños.
Por otro lado y también el año pasado, el diputado del PAC, Mario Castillo, había solicitado a la Procuraduría de la Ética abrir una investigación contra el alcalde, por otra posible violación al deber de probidad debido a que Rodríguez habría nombrado como jefe de transporte del ayuntamiento al papá de una síndica, lo cual está prohibido por el Código Municipal; esta investigación se lleva paralela a otra en el Ministerio Público, que se abrió tras la solicitud unánime del Concejo Municipal.
A esta denuncia le siguió la que cayó en mayo anterior, cuando el Ministerio de Trabajo le cayó a la Municipalidad luego de que funcionarios municipales acusaran a la institución de no pagarles la hora de almuerzo.
Todas estas causas siguen en proceso y son parte de la carga con la que el oficialismo cartaguinés llegará a las urnas este domingo. Sabemos, sin embargo, que Rodríguez está lejos de ser el único alcalde que busca reelegirse con causas abiertas sobre sus hombros. Por eso no dejen de ver el reportaje que Teletica realizó al respecto, titulado "Más de la mitad de alcaldes que desean reelegirse son investigados por causas penales" para que voten de manera informada este próximo 2 de febrero.
