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— La semana pasada la Unión Nacional de Gobiernos Locales anunció que 66 de los actuales alcaldes de los municipios del país, buscarán la reelección a su cargo en las próximas votaciones municipales del 2 de febrero del 2020. Uno de ellos es, por segunda vez consecutiva, el alcalde del cantón central de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, quien ocupa el puesto en la alcaldía desde el año 2011 y fue reelegido en 2016.
— La novedad es que esta vez a Rodríguez le tocará llevar la campaña electoral en medio de una ola de denuncias y procesos en su contra, que lo tienen a las puertas de tribunales de justicia y también de la Contraloría General de la República.
— La más reciente es la que interpusieron los regidores cartagineses Danny Ovares Ramírez, Gonzalo Coto Fernández, Vera Céspedes Quesada y Marcos Brenes Figueroa, en un documento del cual Delfino.cr tiene copia y en el que se pide la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue la comisión de presuntas faltas al deber de probidad en favor de la empresa Zollner Elektronic Costa Rica Limitada, cuando se le otorgó el beneficio de la exención del plazo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el municipio.
— La acusación señala que, a pesar de que desde el 2014 el Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad había rechazado otorgar el beneficio a la empresa y a pesar de que cuando se apeló a instancias superiores como el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Primera, ambas dieron razón a la negativa (según consta en la sentencia Nº 186-2016-VI del 21 de diciembre del 2016 del primero y en la resolución Nº 536-A-S1-2018 del 21 de junio del 2018 de la segunda), el alcalde Rodríguez Brenes emitió, el 24 de julio del año pasado, una resolución a favor de la compañía en la que se le decretó la exoneración del pago de dicho impuesto. La denuncia se fundamenta además en que la actual jefa del Despachos de Bienes Inmuebles, aseguró que no estaba de acuerdo con la resolución y que la firmaba a favor por su deber de obediencia (según consta en una resolución del 21 de agosto del año pasado).
— Por lo tanto, los regidores solicitaron a la Contraloría que interviniera para investigar el asunto y definir posibles sanciones por falta al deber de probidad y, en caso de que se determinase la culpabilidad, que se establezca si lo actuado aquí generó un daño a la Hacienda Pública y que se remita al Tribunal Supremo de Elecciones para que proceda con el temita de las credenciales del alcalde.
— Respecto a las acusaciones, la vocera de la Alcaldía, Dayanara Cañas, nos emitió una nota en la que señala que lo que buscó la Municipalidad con esta exoneración, a pesar de los diversos criterios, fue propiciar la atracción de inversión extranjera en Cartago y que por ello se tomaron las decisiones que se tomaron, acorde a la legislación de las zonas francas. El municipio agregó que
Esta Municipalidad desconoce si existe o no una denuncia ante la Contraloría General de la República, en el sentido expuesto. No obstante esta gestión ha venido enfrentando interpretaciones mal intencionadas que intentan desprestigiar el trabajo que hasta la fecha ha realizado.
— Más allá de este nuevo caso no cabe duda de que este año ha sido ajetreado para la Alcaldía de Cartago: en marzo los tribunales ratificaron la sentencia que había caído en contra de Rodriguez desde 2016, y en la que se le condenaba por acoso laboral contra la ahora exjefa de informática de esta institución, una mujer de apellidos Villalobos Pereira, lo que le significó a Rodríguez el pago de ₡2.000.000 por daños.
— Además, ese mismo mes, el diputado del PAC, Mario Castillo, solicitó a la Procuraduría de la Ética abrir una investigación contra el alcalde, por otra posible violación al deber de probidad debido a que Rodríguez habría nombrado como jefe de transporte del ayuntamiento al papá de una síndica, lo cual está prohibido por el Código Municipal; esta investigación se lleva paralela a otra en el Ministerio Público, que se abrió tras la solicitud unánime del Concejo Municipal.
— En mayo, además, el Ministerio de Trabajo le cayó a la Municipalidad luego de que funcionarios municipales acusaran a la institución de no pagarles la hora de almuerzo, según consta en un informe de notificación de este Ministerio que señaló que los trabajadores "están laborando la jornada diurna ordinaria completa; sin embargo, no les remuneran la hora de almuerzo como establece la Convención Colectiva que los abriga".
— El último gran caso contra Rodríguez se destapó a mediados de julio, luego de que se le indagara tras la denuncia de un hombre mayor de edad, quien le acusa de violación. Rodríguez aseguró en su proceso de defensa que desconocía quién era la persona que le acusa, sin embargo, hay fotos que desmienten esa versión y que señalan que el alcalde y la presunta víctima trabajaron juntos en la campaña pasada, una mentira que lo deja bastante mal parado en el proceso. Para este caso la Fiscalía había solicitado que a Rodríguez se le impusiera un impedimento de salida del país, que se le pidiera entregar del pasaporte y que se le prohibiera acercarse al denunciante o a testigos; sin embargo, todas las solicitudes fueron desestimadas por el juez y no se le dictaron medidas, mientras el caso sigue su curso.
— Todos estos expedientes siguen en proceso de investigación y la causa de acoso laboral es la única que, a la fecha, tiene sentencia en firme. Sin embargo, como es tan común que por cada piedra que uno levante en las alcaldías de este país, surjan múltiples denuncias, no está de más recordar la importancia de no quedarnos sin valorar todas las acusaciones que recaen contra nuestros representantes municipales (que no son pocas) antes de ir a las urnas el próximo 2 de febrero. Que para el 2024 tengamos menos casos que contarles es algo que nos compete a todos.
