La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó este jueves 12 de diciembre, avalar la propuesta de Norma Técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal, es decir la norma técnica para la realización de las intervenciones de aborto terapéutico en el país.

Así lo informó esta tarde el presidente ejecutivo de la entidad, Román Macaya Hayes y lo reiteró la institución en un comunicado de prensa enviado por la institución hace unos minutos.

El anuncio se da dos días después de que el Ministerio de Salud enviase el texto de la norma técnica a consulta no vinculante ante la Caja.

Según afirmó Macaya Hayes este jueves, la Caja adicionalmente acordó recomendar al Ministerio de Salud que se valoren algunas observaciones de forma realizadas por el equipo técnico y legal de la institución.

Al respecto el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz Cubillo, indicó que:

Hoy la Junta Directiva avaló la propuesta de norma técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal y además le hace algunas recomendaciones a la norma en el tanto de norma, no tanto de fondo, resuelto a algunos aspectos que se deben integrar a la misma. Todo esto viene de la mano de un análisis que realizó la Gerencia Médica junto con la Dirección Jurídica y de los equipos técnicos correspondientes, en donde se analizó la norma en sí y logramos evidenciar que la misma viene a fortalecer y a estandarizar la mejora en la calidad de atención de los usuarios".

Entre las solicitudes que la Caja realizó al Ministerio de Salud, se encuentran el que se especifique "con claridad que la norma es de aplicación tanto en los establecimientos de salud públicos como privados, dado que con dicha norma se materializa el contenido de una norma penal que es de acatamiento obligatorio para toda la población".

Además, se solicitó que se revise la definición de la objeción de conciencia que señala el texto, "a efectos de que se entienda como un derecho fundamental que se deriva de la libertad de conciencia y pensamiento dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política", según señala el comunicado enviado por la institución Caja.

Recordemos que uno de los puntos que más roncha ha levantado sobre el tema, es el de la posibilidad de los médicos de objetar libertad de conciencia para negarse a realizar la intervención, principalmente en los hospitales de zonas alejadas que tienen pocos especialistas.  Al respecto, la norma le garantizó a las personas profesionales en salud la posibilidad de objetar dicha libertad, siempre y cuando se asegure que esto no afecte la atención de las mujeres y por ello la Caja está solicitando más detalle al respecto.

Un tercer acuerdo de la Junta Directiva estableció que, en un plazo de 5 meses posterior a la vigencia de la Norma, deberá estar listo el protocolo de atención clínica, el cual será elaborado por un equipo médico ya definido por la gerencia médica.

Al respecto, Ruiz Castillo señaló que el plazo de seis meses que había otorgado Salud para cumplir con la elaboración de dicho protocolo (que ahora será de 5 meses, según el acuerdo de la Caja), es un plazo razonable pues:

Ya la Caja venía trabajando en esto. De hecho, la Junta Directiva inclusive nos dice que el plazo es de cinco meses en los que le vamos a presentar a Salud los protocolos de como se va a operativizar esta norma".

El criterio de la Caja no es vinculante para el texto final de la norma, según señaló el jerarca de Salud, Daniel Salas Peraza, en la conferencia de prensa del martes pasado. Sin embargo, el ente rector valorará lo señalado por la institución y agregará lo que considere que corresponda.

El Ministerio de Salud señaló, también el martes anterior, que una vez tuvieran lista valoración de la Caja, la norma técnica estaría lista para recibir su firma de parte de la Presidencia de la República. A estar pendientes.