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Todo lo ocurrido con el caso de El cementazo supuso la develación de entrañables amistades, conexiones políticas y económicas anejas al costarricense medio. Lo lamentable es que no ha salido a la luz pública lo que a mi juicio es una aparente trama para la toma de la Corte, especialmente, la Sala Constitucional, doncella de gran poder y de la Sala Tercera Penal, último tribunal en conocer de todos los procesos penales, espada de Damocles que amenaza a todo político corrupto o denunciado penalmente.

De previo a las elecciones del 2018 se conoció de conexiones de los entonces candidatos a diputados con Juan Carlos Bolaños:

  1. Pedro Muñoz. Amigo desde el año 2011 y viajó con él a Panamá en supuesto viaje de trabajo. El hoy diputado Muñoz alegó secreto profesional para no informar sobre su trabajo a favor de Bolaños. Pudo esquivar con ese espúreo argumento la razón de su viaje. Una cosa es el objeto del contrato y otra el contenido de la prestación dada. Me parece que el fondo lo protege el secreto profesional pero no la razón de porqué fue contratado. Podría haber dicho que fue contratado para asesorarlo en la apertura de sociedades anónimas y conservar bajo secreto profesional para qué quería Bolaños esas compañías, verbi gratia;
  2. María Inés Solís. Ocultó su relación de amistad con la cónyuge de Juan Carlos Bolaños y con la mano derecha de éste, Diego Rodríguez. Esa relación de amistad con al esposa de aquél, inició entre los años 2002 y 2003, cuando fueron compañeras de trabajo en la Dirección de Protocolo del gobierno Pacheco de la Espriella;
  3. Welmer Ramos. Ministro de Economía del gobierno Solís Rivera, a quien le correspondió la variación de la norma técnica del cemento que permitió la importación del cemento chino. Ya la Procuraduría de la Ética lo ha cuestionado judicialmente;

Al Parlamento actual le ha correspondido la coyuntura histórica única de elegir 9 plazas de la Corte Suprema de Justicia. Ya eligieron a:

  1. Jorge Araya. Recién estrenó su magistratura reuniéndose con el diputado Pablo Heriberto Abarca y el magistrado Luis Fernando Salazar, en el restaurante Limoncello (que una vez alguien me dijo que estaba vinculado a un ex-presidente), en la trama para la no reelección del magistrado Paul Rueda;
  2. Roxana Chacón. Fue asistente en el Consejo de Gobierno durante la administración Calderón Fournier (1990-1994);
  3. Jorge Olaso y Patricia Solano, producto de una terna urdida en la anterior legislatura. Estos cuatro magistrados, junto con Jesús Ramírez, Luis Porfirio Sánchez, Rocío Rojas y Luis Fernando Salazar, votaron contra la propuesta del magistrado Luis Guillermo Rivas relacionada con el nombramiento de magistrados. En general, son un bloque sólido en votaciones de Corte Plena...

Como si todo esto fuera poco, estamos en medio del proceso de selección de 3 plazas vacantes en la Sala III Penal de la Corte, una plaza de la Sala Constitucional y una de la Sala I. El proceso de selección de las ternas no pudo haber sido más amañado.

En el caso de la Sala Constitucional, Anamari Garro figura en primer lugar en la terna. No obstante que le adornan varios títulos académicos, es una funcionaria judicial sin ninguna trayectoria en la judicatura que no debería superar a jueces tan competentes como Huber Fernández (tercer lugar en la terna). Sin embargo, tiene un vínculo cuasi vernáculo con el Opus Dei y, por ahí, altos kilates para ser candidata...

Con respecto a la Sala Tercera, la trama es mayúscula. Como señalé anteriormente, el control de esta Sala es este uno de los grandes objetivos de la clase política. Desde oprobiosa corrupción hasta asquerosas violaciones adornan judicialmente a nuestros políticos. En el caso de la terna para sustituir a Celso Gamboa, el Foro de Justicia hizo ver que sólo tres candidatos tuvieron nota superior a 90, en cuanto a atestados y sólo uno de ellos integra la nómina. El secreto para descartar candidatos idóneos y ungir a los amigos, es la nota de la entrevista, a la que se le asigna un 40% del total de la calificación. En el camino descalificaron al actual director del O.I.J. a tal nivel que ni siquiera pudo integrar la terna para la plaza que concursó. Como dato curioso, cuando el impresentable diputado Peña Flores se separó de la comisión de nombramientos fue sustituido por María Inés Solís, vieja amiga de la esposa de Juan Carlos Bolaños. También participó en la comisión de nombramientos el diputado Muñoz, abogado y amigo de atrás de Bolaños y fugazmente Roberto Thompson, sin embargo, fue suficiente tiempo para que en esa efímera estadía se integrara en una de las ternas a Zhuyen Molina, pareja de su asesor.

El Panel Independiente para la Elección de Magistrados señaló que el proceso carece de criterios de rigurosidad y transparencia.

En relación con la elección de la vacante para la Sala I de la Corte, señalé en mi anterior artículo Código Procesal Agrario, Un nuevo Engendro Judicial, lo siguiente:

  1. El ex-novio de la candidata Damaris Vargas Vásquez, el mentiroso diputado Peña Flores, integró la comisión de nombramientos del Parlamento y participó en la definición de la metodología de selección, hecha sólo para este caso. Se excusó sólo cuando no pudo seguir mintiendo a la prensa sobre su ex-novia;
  2. Se descalificó al candidato que tenía los mejores atestados para ocupar la vacante porque le faltó un requisito, si se quiere absolutamente inocuo;
  3. Se incluyó en la metodología de selección “Conocimientos de carácter gerencial o administrativos para la administración de recursos materiales y humanos que le son asignados para realizar su labor”, requisito que a la postulante Vargas Vásquez le viene muy bien al presentar perfil de Gerente del Proyecto de implementación del Código Procesal Agrario. Como señalé, el tal programa de implementación más parece un programa de desinformación y falencias administrativas. Sin embargo, a lo externo de la Corte sirve para ganar puntos en el concurso...;
  4. Se le puso en el primer lugar de la terna recomendada al plenario, teniendo la nota más baja.”

Como cereza en el pastel, ya se presentó un proyecto de ley para reformar el plazo de nombramiento de los magistrados y reducirlo a 5 años sin posibilidad de reelección. Nadie lo recomienda, sin embargo, ya contó con el apoyo público de un ex-presidente, más recordado por su traslado en una perrera que por su legado político.

¿Qué sigue? Una vez que se consoliden estos nombramientos, aquel bloque de magistrados que generalmente votan al unísono, tendrán nuevos compañeros que les aseguren una aplastante mayoría ¿Y qué? Se extenderá este modus operandi para los nombramientos de director del O.I.J., Fiscalía General de la República y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya supimos lo que es un Fiscal General al servicio de los intereses políticos. ¿Se extenderá el experimento a otros cargos?

La emergencia nacional que esta debacle supone para la institucionalidad del país merece toda nuestras atención. El lado oscuro de nuestro parlamento está listo para el ataque. Costa Rica no se lo merece.