Las acusaciones de abusos por las que se acusa a varios catedráticos de la Universidad de Costa Rica (UCR) no han dejado de retumbar en los últimos días.
Las dos más recientes se dieron a conocer este fin de semana cuando el Semanario Universidad publicó que la Rectoría de la UCR decidió archivar la causa que llevaba en contra del catedrático de la Facultad de Derecho, Mainor Enrique Salas Solís, acusado de acoso sexual y abusos contra estudiantes; y la segunda cayó cuando se hizo pública la recomendación de despido al exdirector del postgrado de Odontología y también catedrático del centro de estudios, Ottón Fernández López, a quien se acusa de abusos contra el estudiantado.
La causa contra Salas, cuyas acusaciones fueron publicadas por el Semanario Universidad en mayo pasado, señalaban que 10 mujeres estudiantes de Derecho de la UCR, denunciaban al catedrático por haberles violentado dentro y fuera del recinto académico, sin que se tomaran mayores medidas en la universidad.
Por ello la Rectoría de la UCR decidió abrir un proceso disciplinario en contra del académico que, sin embargo, se vino abajo semanas atrás debido a que una apelación del abogado de Salas señaló que en el proceso no existió "un ejercicio mínimo de investigación preliminar" antes de la interposición de la denuncia.
Según el Semanario, el expediente abierto por el entonces decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino Sánchez, se habría validado únicamente en las publicaciones de la prensa, lo cual para la parte defensora no es prueba suficiente.
Por ello es que la apelación presentada por la defensa de Salas, y que fue posteriormente acogida por la Rectoría, señala que:
Se carece de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados y de forma excesivamente general se le dice al funcionario que se ha tenido conocimiento de manifestaciones suyas, por medio de un noticiero televisivo, que podrían constituir una falta disciplinaria. Y aunque lo aparentemente dicho por el docente sí podría hacerlo acreedor de una sanción, el superior jerárquico debió realizar diligencias preliminares necesarias que le permitieran tener por superada cualquier duda razonable sobre la comisión de las faltas”.
En un comunicado enviado por la Rectoría de la UCR el día de ayer, el órgano aseguró que el decano Chirino, director de la Facultad de Derecho, "cometió errores" en la apertura del procedimiento, que fueron los que llevaron a la dirigencia universitaria a tomar la decisión que se tomó:
(...) el decano Chirino abrió el proceso administrativo disciplinario, pero cometió errores de procedimiento, ya que envió documentos imprecisos y genéricos. La Comisión Instructora Institucional le informó con suficiente tiempo que debía subsanar con prontitud esos errores; sin embargo, lo hizo tarde. Queremos aclarar que la responsabilidad sobre el archivo de esa causa es por entero de la Decanatura".
La Rectoría además, agregó que: "aunque la denuncia pública tiene un gran valor social, en la Universidad —como en cualquier institución pública—, se debe acatar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. A pesar de las manifestaciones públicas de estudiantes, no se presentaron denuncias contra el docente, lo cual impide que la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual pueda abrir un proceso de investigación contra Salas".
El ente rector informó, sin embargo, que sí tienen una causa adicional abierta contra Salas pero que "ese proceso aún no puede ser informado públicamente, ya que todavía está pendiente de resolución".
El catedrático en este momento no está dando lecciones de manera presencial y solo tiene asignado un curso online que comparte con otro profesor, según disposiciones de Chirino, meses atrás. Sin embargo, según Universidad, su defensa presentó a finales del mes de octubre un recurso legal solicitando que se anulen esas “medidas cautelares” (que es como la defensa llamó a la disposición de delegarlo a funciones administrativas).
Terremoto en Odontología
El otro tema que hizo temblar el suelo de la sede Rodrigo Facio, esta vez en Odontología, fue el anuncio de la Comisión Investigadora Institucional de la UCR, que la semana pasada hizo pública su recomendación de despedir sin responsabilidad patronal, al exdirector del posgrado de la facultad, y actual catedrático del centro de estudios, Ottón Fernández López.
La decisión se tomó al encontrar culpable a Fernández de 9 causas de las que varios de sus ex estudiantes le acusaban y que se habrían cometido mientras fungía en su puesto directivo.
Así consta en la resolución interlocutoria del informe final recomendativo CII-262-2019, del que Delfino.cr tiene copia y en el que se solicita el despido por faltas muy graves, así como la suspensión por cinco y ocho días sin goce de salario por cada una de las otras infracciones graves de las que también se le encontró responsable (el tiempo de sanción varía en cada caso, dependiendo de la gravedad de cada una).
Este caso contra Fernández es otro de larga data: el proceso tardó tres años en resolverse pues las acusaciones en su contra empezaron en 2016 cuando nueve estudiantes, cuyos nombres la parte denunciante pidió reservar, presentaron una acusación formal contra el catedrático en las instancias académicas, señalando malos tratos y abusos de poder por parte de Fernández durante su ejercicio docente.
Entre las acusaciones destacadas en el informe, se señala que el catedrático humillaba a sus estudiantes tratándolos de "maricones", "cobardes", "inútiles" e "infrahumanos", a la vez que usaba un lenguaje similar para referirse a otros de sus compañeros docentes.
Además, se reportan maltratos a una estudiante que en el momento de cursar su postgrado estaba embarazada y a quien el profesor no dejaba faltar a clases para llevar a su bebé a los controles médicos requeridos.
Por otro lado, los denunciantes señalaron que Fernández les solicitaba "donaciones" de hasta $7 mil anuales por estar en el posgrado, a pesar de que dicho cobro no está permitido dentro del pago universitario y que posteriormente les fue devuelto, conforme avanzó el proceso de investigación.
Algunos de los estudiantes incluso aseguraron en el informe que en las entrevistas (requisito de la inclusión en el programa de estudios) Fernández les cobraba hasta $100 previos y que nunca recibieron factura a cambio ni supieron el fin del cobro del monto.
Los estudiantes también adujeron que el profesor los obligaba a trabajar fines de semana y en horarios fuera de lo normal y que en más de una ocasión les hizo llevarse equipo perteneciente a la Universidad de Costa Rica a su clínica privada, con el fin de que este se utilizara en procedimientos para pacientes de su negocio personal.
Por todo ello, el informe que se valida ya no solo en la reglamentación universitaria sino también en la legislación nacional como el Código de Trabajo y la Ley General de la Administración Pública, señala que:
La prueba existente es amplia y suficiente, sobre la demostración de la existencia de actos violatorios de la confianza y que al encontrarse reglamentada la conducta reprochada, existe causalidad, actualidad y proporcionalidad para recomendar a través de este informe, el despido sin responsabilidad patronal".
En declaraciones dadas a La Nación, el aún catedrático aseguró que no se referirá al tema pues el procedimiento administrativo aún no ha terminado y ahora las autoridades universitarias tienen cinco días hábiles para tomar la decisión de si acoger o no estas recomendaciones.
Esa decisión, cuyo plazo se vencería el día de mañana martes, recae en estos momentos sobre la Decanatura del Sistema de Estudios de Postgrado (SEP), donde también se valoraría una revocatoria por parte del funcionario, en caso de que esta se interponga.
Si después de esa revocatoria Fernández presentase una apelación, esta tendría que resolverse en Rectoría y, si luego de todo ello el funcionario sigue apelando, el caso podría llegar al Tribunal Contencioso Administrativo donde podría llevarse un par de años más antes de que se reciba una condena.
En 2016 Fernández fue separado de su cargo directivo a raíz de una medida cautelar solicitada por los denunciantes y en la que también se definió que dejase de dar clases a los estudiantes del posgrado. Posteriormente el proceso siguió su curso y no fue sino hasta este mes de noviembre que, tras tres años de curso, la Comisión Institucional brindó su dictamen sobre el caso.
Actualmente, el catedrático continúa activo como una de las 14 personas investigadoras que tiene la Facultad de Odontología dentro de su personal, a la espera de que sea el SEP y las instancias que le siguen las que definan su futuro.
