La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, presentó una coadyuvancia activa (de la cual Delfino.cr tiene copia) para la acción de inconstitucionalidad que presentó el diputado Pedro Muñoz Fonseca contra el acuerdo de Corte Plena que mantiene los pluses salariales de los funcionarios judiciales en montos porcentuales.

Dato D+: Una coadyuvancia activa se da cuando se presenta a favor de la tesis sostenida en la acción de inconstitucionalidad, por el contrario, las coadyuvancias pasivas se dan cuando son en contra.

En el oficio enviado a la Sala Constitucional, la Contralora señala que cambiar la forma de calculo de los incentivos salariales que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°. 9635) de porcentuales a montos nominales, no afecta la independencia judicial, ni pone en riesgo la suficiencia económica digna de los funcionarios judiciales, y añade:

Son los propios funcionarios públicos y para el caso concreto, los funcionarios judiciales, los primeros interesados en que se aplique lo antes posible estas reglas, beneficiosas tanto para ellos, como para toda la sociedad, porque la contención del crecimiento exponencial del gasto y del endeudamiento público con el que desde hace mucho tiempo se viene haciendo frente a dicho crecimiento, es una medida ineludible y absolutamente necesaria para dotar al sistema financiero público de la debida sostenibilidad fiscal

Adicionalmente, la Contralora dijo que la misma Sala Constitucional en respuesta a las consultas que habían sido presentadas durante la discusión del proyecto, señaló que los cambios en materia salarial eran de aplicación general y no había razones para considerar que no aseguren "una suficiencia económica digna" para los funcionarios judiciales.

Acota concluyó que la aplicación del Título III de la Ley 9635 no genera una afectación a la independencia del Poder Judicial, ni afecta la suficiencia económica digna de los funcionarios judiciales, sino más bien al buscar contener el crecimiento exponencial en remuneraciones su implementación completa es esencial para la contención del gasto que diseñaron los legisladores en la ley.

La coadyuvancia activa de la Contralora se une al reciente criterio de la Procuraduría General de la República, que señaló a la Sala Constitucional, en su condición de asesor de esta, que el acuerdo alcanzado por la Corte Plena en este tema es inconstitucional.