El dictamen negativo de minoría que la diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega Rodríguez, presentó contra el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras del Espíritu Santo, reclama que se plantee trasladar a la organización un total de ₡162 millones, a pesar de su deuda millonaria con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Así lo expresó la legisladora en el documento presentado ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que a inicios de este mes de noviembre dictaminó el proyecto de ley, dejándolo listo para su votación y aprobación en plenario.
Los fondos serían trasladados a la organización a partir de la redistribución de los ingresos que la Junta de Protección Social (JPS) le entregaba a la ahora desaparecida Casa Hogar Tía Tere, y se unirían al aporte estatal anual que la organización ya recibe y que, según el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) que señala el documento de la legisladora, para el periodo 2018 llegó a ₡215,1 millones, transferidos por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (₡158.6 millones) y la Junta de Protección Social (₡56,5 millones).
Además, y según indicó el diputado proponente del proyecto, Pablo Heriberto Abarca, al Semanario Universidad, Obras recibe, otros ₡2.500 millones anuales por parte de donaciones privadas y está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado que entró en vigor en julio de este año.
En su dictamen, la legisladora reclama que se destinen recursos a una organización de que por sí ya recibe y de varias instituciones, pero además señala que la organización incumple una serie de requisitos que la legislación exige para ser receptor de este tipo de ayuda, entre los cuales destaca estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social:
(...) de acuerdo con la Ley N°8718, la III Parte sobre Programa Apoyo a la Gestión se menciona que las organizaciones deben cumplir una serie de requisitos, entre esos requisitos se cita el punto “1.12 Estar al día con el pago de las cuotas obrero patronales.” De igual manera, el Reglamento para la Transferencia, Uso, Control, y Liquidación de los Recursos Girados a Sujetos Privados con Convenio de Cooperación y Transferencias de Recursos Vigente con el Patronato Nacional de la Infancia para la Prevención, Protección y Atención de Personas Menores de Edad, en su artículo 17 Sobre Las Transferencias y Control del Departamento Financiero menciona que. “...verificará de previo al giro de los recursos, que la Organización no Gubernamental se encuentra declarada como patrono activo y al día o en arreglo judicial certificado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Igualmente, estar al día con sus obligaciones con el FODESAF".
A corte del 20 de noviembre del 2019, el dictamen presentado señala que la organización "debe aproximadamente 27 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social por conceptos de morosidad en materia laboral" y que el proceso ya está en cobro administrativo en la institución:
Imagen del dictamen negativo de Paola Vega
Además, el documento agrega que "son peyorativas las acciones de esta Asociación, pues ha sacado beneficios para la obtención de recursos públicos o para exoneraciones fiscales cuando se encuentra en condiciones financieras irregulares" y adjunta datos de la Municipalidad de San José, donde se señala que la Asociación mantiene deudas con la institución que superan los 131 millones de colones:
Imagen del dictamen negativo de Paola Vega
Por ello, el dictamen afirma que:
Demostrando lo anterior, la Asociación Obras del Espíritu Santo no debería ser sujeto beneficiario de incentivos fiscales y, mucho menos, giros presupuestarios directos, cuando se conoce que existe morosidad y prácticas antirreglamentarias en las dinámicas presupuestarias que incluso podrían estar rozando la ilegalidad".
Desde mediados de mayo pasado Vega empezó a señalar una serie de dudas respecto al manejo de los fondos públicos que realiza el programa Obras del Espíritu Santo. Las primeras interrogantes encontraron sustento en un Informe del Departamento Financiero-Contable del PANI que señaló "un nivel medio de riesgo en temas de manejo de los fondos" por parte de la organización del padre Sergio, indicando que falta control en Obras para definir si el manejo de sus fondos públicos es el adecuado.
Además, en esa ocasión la legisladora había asegurado que en su despacho ha recibido denuncias sobre familiares y voluntarios de la asociación que han llegado "llorando hasta la Asamblea Legislativa para externar todo lo que ahí sucede", denunciando una larga lista de irregularidades.
El dictamen afirmativo que avaló el proyecto de ley en la Comisión de Hacendarios, fue aprobado con una votación 6 a favor contra el único voto negativo de Vega. A partir de ahora queda a la espera de su trámite en plenario.