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— El lunes de esta semana La Nación publicó una nota en la que aseguró que un proyecto de ley que se encuentra por ser aprobado generaría un “lucrativo negocio de demarcación de licores” y vinculó al expresidente, José María Figueres Olsen, con la empresa suiza SICPA que ofrece el tipo de tecnología que sería necesaria para ejecutarlo. Además, vinculó a esa empresa con cuestionamientos en torno a la implementación de sistemas de este tipo en Ecuador y Brasil.
— En cuanto al proyecto en concreto, lo que viene a hacer es darle la obligación al Ministerio de Hacienda de “establecer un mecanismo de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros, mediante etiquetados de seguridad de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico”. La idea es se puedan identificar fácilmente productos adulterados, de imitación o de contrabando.
— El proyecto, además, autorizaría a la Policía Municipal a decomisar, sin mayor trámite, los productos que no cuenten con el sistema de identificación y a las autoridades competentes a imponer sanciones —desde cierre temporal hasta permanente— a los establecimientos que vendan productos sin la debida demarcación.
— La denuncia de La Nación destaca que en la Comisión de Asuntos Económicos —donde se estudio el proyecto— se manifestaron en contra los ministros de Economía (Victoria Hernández Mora) y Salud (Daniel Salas Peraza), así como el director de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo Bolaños. Mientras que, adicionalmente, se quejaron por escrito la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham), la Contraloría General de la República y el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. A ver: que no hay buen ambiente.
— Adicionalmente, LN amplió el día de ayer, dando a conocer que un representante de SICPA y exministro del Gobierno de Figueres, Bernardo Arce Gutiérrez, se reunió el 20 de setiembre pasado con el diputado Daniel Ulate Valenciano (PLN), impulsor del proyecto en cuestión.
— Ahora, no se puede negar que el proyecto ha sido cuestionado por varios frentes y una de las principales críticas es que no define una fuente de financiamiento para la implementación, así como cuál sería el costo aproximado de sacar adelante el proyecto.
— Sobre este tema el entonces viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, expresó su preocupación ante la comisión por el alto costo que tendría este sistema de control, pero su participación en la comisión fue altamente criticada por los diputados Daniel Ulate Valenciano —por inflar los posibles costos del proyecto— y por José María Villalta Flórez-Estrada (FA) —quien acusó a Acosta de ponerse del lado de los empresarios y no de la Hacienda Pública—.
— Por su parte, Figueres acusó en sus redes sociales a La Nación de ser “enemiga desde siempre de los Figueres” y de dar información a medias sobre el proyecto para facilitar “la evasión fiscal criticando un proyecto de ley que provee a las autoridades fiscales de avanzadas herramientas tecnológicas para controlar el justo pago de los impuestos”. Figueres aprovechó su queja —por el enfoque de las notas de La Nación— para defender las bondades de este tipo de sistemas de demarcación.
— En medio de los dimes y diretes alrededor de este proyecto, lo que podemos asegurar hasta el momento es que:
- El proyecto requiere modificaciones para facilitar que su aplicación sea exitosa, algunos de esos detalles pueden ser solventados vía reglamento del Poder Ejecutivo, otros requieren que el proyecto sea más preciso.
- Los grupos empresarios se oponen a que se implemente un sistema de demarcación como el que propone el proyecto.
- El exmandatario Figueres ha reconocido que trabaja para la empresa SICPA, que es una proveedora —pero no la única— de la tecnología necesaria para implementar un sistema de demarcación de licores.
- Un representante de SICPA se reunió con uno de los diputados que impulsa el proyecto, después de que el proyecto había sido inicialmente aprobado por la comisión.
- La decisión de cuál empresa se adjudicaría la implementación del sistema de demarcación no corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que sería competencia del Ministerio de Hacienda, en caso de que el proyecto se convierta en ley.
— En resumen, no hay que ser inocentes, este es un proyecto que tiene a grupos económicos encontrados. Por un lado, están las empresas que se oponen a que se les imponga un sistema de demarcación y seguimiento a los licores y que, en teoría, mejoraría el seguimiento y reduciría la evasión fiscal por licores, y por otro lado están las empresas —que no se limita a SICPA— que ante la aprobación de la ley tendrían un nuevo mercado para ofrecer sus servicios, ante la obligación de que el país implemente un sistema de este tipo, que solo ellas pueden ofrecer.
— En el medio de la disputa queda la ciudadanía. No se puede negar que el contrabando de licores es un problema real en el país —la evasión fiscal por licores sumaba en 2016 un total de $75 millones anuales — dentro del cual, claremente, solo ganan quienes evaden. Pero un sistema de demarcación mal implementado generaría un costo similar o mayor a lo recaudado, por lo que solo ganaría la empresa que provea el sistema de monitoreo.
