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— El día de ayer reos del Centro de Atención Integral (CAI) Gerardo Rodríguez en Alajuela, prendieron fuego a sus colchones en un motín de protesta por las medidas de aislamiento que se mantienen en ese centro desde el pasado 12 de setiembre.
— Desde esa fecha varios centros penitenciarios del país se encuentran bajo medidas sanitarias de aislamiento debido a un brote de parotiditis —léase, paperas—.
— Cuando se estableció la medida se contabilizaban 105 casos... al día de ayer la crisis de paperas ya había contagiado a 232 personas en ocho centros penitenciarios. Los centros más afectados son el aludido CAI Gerardo Rodríguez con 85 casos y el CAI Carlos Luis Fallas (Pococí) con 78 casos.
— Aunque las medidas sanitarias se anunciaron para dos semanas —y ya casi cumplen un mes— el director de Vigilancia de Salud, Rodrigo Marín Rodríguez, aseguró que la situación en varios centros penales ya está bajo control y se están volviendo a regularizar las visitas.
— El Ministerio de Salud informó que se mantiene la restricción de visitas para mujeres embarazadas, niños y personas adultas mayores en todos los centros, mientras que en varios centros se empezaron a levantar las medidas de restricción para el resto de la población durante esta semana. La excepción son precisamente los dos centros más afectados, donde las medidas sanitarias de aislamiento se extendieron hasta el 24 de octubre.
— Pero el brote de paperas en las cárceles y los reclamos de los privados de libertad no constituyen el único problema que arrastra hoy día el Ministerio de Justicia, ya que el tema de las tobilleras de monitoreo electrónico también ha estado en llamas desde hace semanas.
— La visita de la ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, dejó más preguntas que respuestas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, y tras la cita de la semana pasada con los jueces de ejecución de sentencia, que aseguraron haber anunciado los problemas de monitoreo desde el 2018 y desmintieron a González, ya empezaron a aparecer los pedidos por la cabeza de la ministra, cortesía de la diputada Floria María Segreda Sagot (PRN).
— El tema se las trae, porque lo cierto es que el sistema de monitoreo por tobilleras ha demostrado ser eficiente y generar porcentajes menores de reincidencia, además de que claramente ayuda al hacinamiento que existe en las prisiones. Sin embargo, no se puede negar que también ha quedado en evidencia la mala administración que se le ha dado a este programa.
— El tema es que entre Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) —proveedor de la tecnología— se vienen tirando las culpas desde hace meses y mientras la ministra señala que hay 62 personas con tobilleras no localizables la ESPH aseguró a los diputados que son más de 500 personas en esa condición...
— Por su parte las empresas Grupo CESA y Geosatis Technology —proveedoras de las tobilleras para la ESPH— decidieron no quedarse fuera del asunto, ya que no les cayeron muy bien las acusaciones de la ministra de que las tobilleras utilizadas son de tecnología obsoleta. Por ese motivo el día de hoy realizará una demostración en tiempo real de cómo debería operar un centro de monitoreo...
— Justamente, uno de los problemas de la ministra de Justicia es que se ha negado a dar entrevistas sobre este tema a otros medios de comunicación —en específico a Randall Rivera Vargas de Monumental— por lo que ha permitido que sean otros quienes fijen la narrativa del asunto, y si eso sigue así las cosas solo se le van a seguir complicando...
— Mientras tanto, en Justicia continúan con el nuevo proceso de licitación y han asegurado que a la fecha siete empresas (nacionales e internacionales con representación en el país) se han inscrito en la audiencia pública convocada por la Proveeduría del ministerio para presentar el 18 de octubre la tecnología que disponen para monitoreo electrónico, lo que han señalado servirá de insumo para la elaboración del nuevo cartel de licitación, ya que el contrato vigente con la ESPH vence en febrero del 2021...
