Esta semana será complicada para el Gobierno de Carlos Alvarado, que tendrá múltiples grupos marchando en protestas hacia Casa Presidencial. A parte del malestar del sector de las universidades públicas por la asignación de 35.000 millones de colones a gastos de inversión, el día de hoy iniciaron marchas en Limón y Puntarenas que planean llegar el próximo miércoles a Casa Presidencial, es decir, un día después de la manifestación estudiantil convocada al mismo destino.
Desde Limón un grupo de manifestantes inicio su marcha hacia la capital, para protestar en contra del proyecto de reestructuración de Japdeva, que fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa la semana pasada.
El proyecto de ley —que solo espera la firma del presidente Alvarado para convertirse en ley— permitiría a la empresa estatal hacer una reestructuración de su planilla, lo cual implicaría la reducción de alrededor de un 80% de su personal actual, para ajustarse a sus nueva realidad financiera, tras la entrada en operación de la empresa APM Terminals a inicios de este año.
Para realizar el recorte de la planilla el proyecto autoriza a Japdeva a dar una serie de opciones de salida a los actuales empleados, que incluyen:
- Los trabajadores podrán solicitar voluntariamente su traslado horizontal a otra institución del Gobierno Central o Descentralizado. Para que el mismo se concrete, la institución receptora debe estar de acuerdo y el proceso para determinar la idoneidad del funcionario no podrá tardar más de tres meses. Tampoco se exigirá el requisito de años de servicios ininterrumpidos con la Administración Pública.
- Los trabajadores podrán renunciar y recibir un bono adicional a sus prestaciones legales. Para funcionarios con salario bruto inferior al millón de colones el bono será el equivalente a ocho veces su salario promedio de los últimos 6 meses laborados, y para funcionarios con salario bruto superior al millón de colones será equivalente a cuatro veces el salario promedio de los últimos 6 meses laborados.
- Prejubilación con cargo al Presupuesto Nacional para los trabajadores con edad de 55 años o más al momento que entre a regir la ley y que tengan al menos 25 años cotizados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social o cualquier otro régimen de pensiones autorizado en el país. El monto a recibir será el equivalente al 63% del promedio de los 12 mejores salarios recibidos en los últimos cinco años.
El costo total para el Estado de esta reestructuración se ha estimado en alrededor de 39.000 millones y se extendería por los próximos 10 años, hasta que el último prejubilado sea incorporado al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Adicionalmente, el proyecto da a los funcionarios de Japdeva un plazo de un mes para acogerse a alguna de las modalidades de salida, y posterior a eso cualquier despido que deba realizar la administración sería sin la posibilidad de acceder a esos beneficios de salida.
Mientras tanto, en Puntarenas un grupo de alrededor de 100 pescadores iniciaron una marcha en protesta con los atrasos que ha sufrido un proyecto de ley que busca revivir la pesca de arrastre en ese sector del país.
El proyecto en cuestión había sido presentado por varios diputados en julio de este año —y recibió vía rápida por 41 legisladores— para revivir esta práctica que fue prohibida por la Sala Constitucional desde el 2013. En aquel momento el fallo de la Sala exigía la aprobación de nueva legislación y de estudios técnicos para que se pudiera retomar la pesca de arrastre en el país.
Dato D+: En noviembre del 2017 la Junta Directiva de Incopesca tomó dos acuerdos que volvían a permitir que se otorgaran permisos para pesca de arrastre en el Pacífico, sin embargo, la medida fue anulada por la Sala Constitucional, la cual recordó que solo por la vía de ley y con los estudios técnicos pertinentes se podría autorizar está práctica.
Justamente la semana pasada, el Gobierno reconoció que el actual proyecto de ley no cuenta con los estudios técnicos necesarios para garantizar que la nueva legislación no se caiga en la Sala Constitucional, hecho que ya había sido señalado por la Procuraduría General de la República. Esta situaciones revivieron el malestar de los pescadores y motivaron su marcha hacia Casa Presidencial. Al respecto, Mauricio González, vocero del movimiento manifestó a Monumental:
El mismo Gobierno hace los estudios a través de Incopesca, y dicen ahora que no tienen sustento técnico. Entonces, perdón, nos están agarrando de majes, nos están engañando, y lo que queremos es externarle al pueblo de Costa Rica que estamos necesitados. Somos costarricenses, no somos ciudadanos de quinta, somos ciudadanos igual que (los) de la meseta central, merecemos el respeto, merecemos vivir dignamente.
Por último, otro sector que se manifestó molesto con el accionar del Gobierno —pero todavía no ha anunciado una nueva protesta— fueron los taxistas, quienes se indispusieron porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) los excluyó de tres vías exclusivas de transporte público que el Ministerio implementara en San José.