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Desde que la Sala Constitucional obligó al Colegio de Periodistas (Colper) a retractarse de sus amenazas vacías y sin sustento legal hacia los periodísticas empíricos, la Junta Directiva del Colper no ha hecho otra cosa que llenar sus redes sociales de artículos y declaraciones de periodistas y directores de medios de comunicación despotricando contra las resoluciones del Alto Tribunal.

Mediante el sesgo de confirmación el Colper pretende implantar en la opinión pública la creencia de que la Sala erró en su decisión, que la misma tendrá una consecuencia devastadora para la democracia costarricense, y que todas las prácticas nefastas del periodismo empezarán a verse hasta ahora en Costa Rica.

Bajo su lógica, hasta ahora veremos prácticas como publicar información falsa, publicar rumores sin siquiera pedir descargo a la parte mencionada, inventarle la comisión de delitos a un jerarca, publicar en primera plana fotos denigrantes de víctimas de agresión sexual, o tener vínculos cercanos y cuestionables con figuras del mundo político que influencian publicaciones periodísticas a cambio de favores.

Otro aspecto en común de las publicaciones es la "sacada de pecho" por el título universitario. Usan frases como que se "quemaron las pestañas" estudiando para el oficio tal cual estudiante de medicina o derecho. También tienen una fijación con los profesionales de estas dos carreras porque bajo su lógica, ahora cualquier persona puede ser doctor o ejercer la abogacía en los tribunales.

Como uno de los periodistas que denunció las amenazas ilegítimas del Colper ante la Sala Constitucional, y como estudiante de último año de la carrera de periodismo, le digo con todo el respeto a mis colegas: ¡Dejen de hacer el papel, y devuélvanse a las aulas de las que tanto presumen!

El que haya comunicadores que en pleno 2019 se expresen sorprendidos y hasta molestos por lo dicho por la Sala no evidencia más que la mala formación impartida y recibida para obtener un título que los hace creer tener la exclusividad del derecho a informar.

Ningún periodista que haya pasado por un aula universitaria después de 1985 y menos aún si vivió la campaña electoral presidencial de 2018, puede expresar asombro por lo resuelto.

Desde hace 34 años la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que una ley que exija la incorporación a un colegio profesional o el tener un determinado título académico para ejercer el periodismo, violenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Nada más y nada menos que el Pacto de San José de Costa Rica.

La Corte no solo se pronunció sobre la improcedencia de la colegiatura, que fue lo acogido vía acción de inconstitucionalidad por nuestro Alto Tribunal en 1995; sino también sobre la improcedencia de exigir un título académico.

Desconocer lo anterior evidencia que esa persona ni siquiera tuvo la iniciativa de leerse las primeras 25 páginas de la opinión unánime y principal de la Corte, a pesar que la misma es objeto de estudio en la clase de Régimen Legal de los Medios y su extensión es menos de la mitad del reciente voto de la Sala del que tanto han escrito y polemizado. ¿Qué mejor evidencia de su pobre formación?

Y aún así esos "tontos periodistas" (como dijo uno de los ofendidos) que se golpean el pecho presumiendo una superioridad intelectual que no tienen, hacen derroche de su ignorancia diciendo que ahora todos pueden ejercer libremente la medicina y la abogacía.

Esos colegas deberían leerse específicamente de los párrafos 71 a 81 de la Opinión Consultiva de 1985 para comprender por qué su argumento es uno que precisamente usarían los "tontos periodistas", esos que sacan conclusiones antojadizas de situaciones que no son comparativas, y esos que hoy apoyarían la pretensión ridícula de cierto excandidato presidencial de "sacar a Costa Rica" de la Corte IDH.

Algunos se han atrevido a sugerirle a la Junta Directiva del Colper que solicite una "aclaración" a la Opinión Consultiva OC-85/5, pese a que ello no es legalmente posible a estas alturas y tampoco tienen la legitimidad para hacerlo. Otros, aún peor, le han sugerido al Colegio preparar un equipo legal que demande al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Dejando de lado lo risible que es esa sugerencia y lo humillante que sería para el Colegio gastar millones en un proceso legal que ni siquiera superará la etapa de admisibilidad en la Comisión Interamericana, es necesario advertir que sus acciones no se limitaron a recibir una condena en sede constitucional (cuyo proceso de ejecución de sentencia podría costarle una buena cantidad de dinero), sino que desde ya podemos augurar que sus vergonzosas actuaciones repercutirán a corto plazo en la imagen internacional de Costa Rica respecto a la libertad de prensa.

No podría ser de otra forma: un colegio profesional, que  actúa [teóricamente] en representación del Estado, amenazó con entablar acciones judiciales contra periodistas empíricos. Léase de otra forma: en Costa Rica un ente con autoridad administrativa delegada por el Estado pretendió que se volviera a meter presa a la gente que escribe noticias, por el mero hecho de no tener un título académico, sin importar si ese periodista tiene una trayectoria larga, reconocida e intachable en su trabajo; sin importar si ese periodista realizó una investigación que develó un acto de corrupción (cosa que algunos de esos periodistas titulados en su vida han logrado); o sin importar si ese periodista le dio una voz a la gente de su comunidad cuyos problemas han sido ignorados por medios dirigidos por personas que como dice el dicho: "ni pican leña, ni prestan el hacha".

A modo de ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que forman parte varios medios de comunicación de este país [algunos dirigidos por personas que se han quejado del fallo], ya confirmó que incluirá esta gravísima circunstancia en su próximo informe.

La SIP recordó que fue gracias a ella que el Estado costarricense consultó a la Corte Interamericana si la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas era conforme al Pacto de San José y la respuesta judicial fue que no. No solo porque exigía colegiatura y título para ejercer el periodismo, sino porque además contiene artículos aún vigentes que obligan a directores, subdirectores y jefes de redacción de los medios a estar colegiados; y porque le prohíbe a columnistas y comentaristas cubrir el campo del reportero.

La resolución también será enviada a Reporteros Sin Fronteras, la organización que cada año elabora el ránking sobre libertad de prensa en el mundo. Será una estocada más para el Colper cuando en dicho informe se señale que fue por su culpa que Costa Rica decayó en ese ránking.

El Colegio de Periodistas no ha aplicado normas de su ley que aún tiene vigente porque sabe que la misma es inconstitucional y de aplicarla daría pie al asunto base necesario para anular semejante mamarracho en sede constitucional.

Lo lamentable de todo esto es que el Colper prefiera continuar operando con una ley cuya última reforma fue en 1972, es decir, hace 47 años. La única gran idea de su actual junta es apoyar un proyecto de ley que lo que pretende es indicar que las carreras de publicidad, relaciones públicas, producción y periodismo solo pueden ser ejercidas por profesionales colegiados ante ese órgano, iniciativa que ya tiene criterio negativo del sector empresarial privado y por ende cero futuro en la Asamblea Legislativa.

Y aún más lamentable es que el Colegio de Periodistas, como parte de su intento desesperado por atacar a la Sala Constitucional, haya publicado como verdad que en Brasil se hubiese aprobado y puesto en vigencia una reforma constitucional en la que se reconoce como periodista solo a aquel que tenga un título académico, hecho que fue desmentido por Doble Check y a lo que el Colper respondió que no era una noticia falsa, sino "un error que se debe rectificar". Algo así como los alternative facts de Donald Trump.

Con sus actuaciones el Colper violenta la obligación establecida en su Ley Orgánica de "contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender la soberanía nacional y las instituciones de la Nación".

Su campaña de ofensa e irrespeto a la Sala Constitucional, que justo ahora cumple 30 años, solo demuestra que desde su fundación el Colegio mantiene un camino equivocado y un buen listado de casos judiciales perdidos que extrañamente no los ha hecho recapacitar. Recapitulemos los más importantes:

  • Julio de 1993: Condena de la Sala Constitucional por acosar a una comentarista publicando campos pagados en medios de comunicación resaltando que ella no era colegiada.
  • Marzo de 1995: Condena de la Sala Constitucional por acosar al Periódico El Heraldo prohibiendo la contratación de estudiantes para que laboren en ese medio, publicando campos pagados e instando a los afiliados al Colegio a no trabajar en ese medio.
  • Mayo de 1995: Resolución de la Sala Constitucional que elimina la titulación y colegiatura obligatoria; y el delito de "ejercicio ilegal de la profesión de periodismo" en aplicación de la Opinión Consultiva OC-5-85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Diciembre de 1996: Persecución al entonces magistrado Rodolfo Piza Escalante por participar en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa para exponer sobre la nueva jurisprudencia en Costa Rica sobre la no obligatoriedad de colegiatura para ejercer el periodismo.
  • Febrero de 2017: Condena de la Sala Constitucional por amonestar a su propio presidente por expresar en un artículo de opinión su preocupación por el nexo entre un medio de comunicación y un partido político.
  • Agosto de 2019: Condena de la Sala Constitucional por pretender reiniciar la campaña de persecución penal contra periodistas empíricos

No puedo dejar pasar la oportunidad para expresar la vergüenza que me causa un Colegio "Profesional" que usa como argumento la necesidad de la titulación y colegiatura como herramienta para el control de calidad del ejercicio del oficio, cuando su Tribunal de Honor y Ética solo ha tramitado 16 denuncias en la última década, de las cuales solo 4 devinieron en una sanción. Datos que de paso fueron entregados después de otro recurso de amparo contra el Colper.

¡Pobre de la ciudadanía que tiene que informarse de periodistas que no respetan el Estado de Derecho y el Sistema Interamericano que paradójicamente les protege!