Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa rechazó este jueves, por unanimidad, un proyecto de reforma constitucional que pretendía reducir el plazo entre la primera y la segunda ronda de las elecciones para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
Se trata del expediente 21.067 que pretendía modificar el artículo 138 de la Constitución Política, de modo que la segunda ronda tuviera lugar el domingo posterior a un mes después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hiciera la declaratoria oficial de los partidos que pasarían al balotaje.
Actualmente la segunda ronda ocurre el primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios.
Aunque el TSE no objetó la reforma constitucional, los diputados decidieron rechazar la proposición por una serie de dudas y preocupaciones.
Ivonne Acuña, integrante de esta Comisión, explicó que la reforma no generaba ninguna de las ventajas deseadas, no le generaba ningún ahorro al país y creaba [debido a su redacción] una incertidumbre que hoy no se tiene respecto a la fecha para elegir en definitiva al Presidente de la República.
La diputada Karine Niño detalló a Delfino.cr que pesó el hecho de que según el TSE, la reforma no se traduciría en una reducción del gasto electoral, ni tampoco en un mayor plazo para la conformación de un gobierno.
Otro aspecto que pesó para el rechazo de la reforma es que la Comisión Especial que se creó para estudiarla tenía plazo hasta el martes de la otra semana para rendir el dictamen, de modo que el plazo para discutir la misma se había agotado.
Finalmente, el informe técnico-legal de la asesoría de los diputados reveló que en las tres ocasiones que el país ha requerido una segunda ronda para escoger Presidente (2002, 2014 y 2018), el Tribunal Supremo de Elecciones ha realizado esa declaratoria en un plazo de aproximado de 12 días después a la realización de las votaciones.
De acuerdo con esos antecedentes, para las votaciones del 2002 los comicios se realizaron el domingo 3 de febrero y el TSE ordenó el 15 de febrero la celebración de la segunda ronda para el 7 de abril. Si la reforma propuesta hubiese estado vigente, el balotaje habría tenido lugar el 17 de marzo, es decir, una diferencia de 21 días.
Para el año 2014 las votaciones se realizaron el domingo 2 de febrero y el TSE ordenó el 17 de febrero la celebración de una segunda votación para el 6 de abril. Si la reforma hubiese estado aprobado, la misma habría ocurrido el 23 de marzo, es decir, una diferencia de 14 días.
Finalmente para el año 2018 la votación fue el domingo 4 de febrero y el TSE ordenó el 15 de febrero la celebración de una segunda vuelta el 1 de abril. Con la reforma habría sido el 18 de marzo, es decir, una diferencia de 14 días.
Aunque con un proyecto de ley ordinario la redacción de la propuesta podría afinarse, las reformas constitucionales tienen un procedimiento agravado que está fijado por la propia Constitución, de modo que si la redacción inicial ya está comprometida o incorrecta, es muy dificil (por no decir imposible) arreglar el proyecto.
El dictamen fue negativo unánime entre quienes estuvieron presentes este jueves en la Comisión: Karine Niño, Ivonne Acuña, Gustavo Viales, Eduardo Cruicshank y Oscar Cascante.
Según el Reglamento Legislativo el dictamen negativo unánime se traduce en un archivo automático de la proposición, sin embargo, la diputada Carolina Hidalgo anunció que presentará un dictamen afirmativo de minoría, de modo que el proyecto se mantendrá vivo por el momento.
Ministra de Hacienda: "Ya me acostumbré" a no ser la más querida dentro del gabinete
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó que el acuerdo firmado entre Román Macaya y los sindicatos de la Caja del Seguro Social era violatorio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y decidió abstenerse de externar bajo juramento el sentimiento que tuvo cuando el presidente de la República, Carlos Alvarado, avaló dicho acuerdo para poner fin a la huelga que afectó a miles de asegurados semanas atrás.
La jerarca compareció ante la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público como parte de la investigación abierta por la firma del acuerdo CCSS-Ejecutivo-Sindicatos que la Contraloría General de la República ordenó a las autoridades desconocer y cumplir con lo establecido en el Título III (empleo público) de la Ley 9635.
Una de las consultas que se le hicieron a Aguilar era su parecer respecto al señalamiento de Román Macaya de que los múltiples decretos respecto a las anualidades y pluses que fueron emitidos por Hacienda, causaron el conflicto en la institución que devino en una huelga.
"La rechazo categóricamente porque un decreto no es más ni menos que un desarrollo de la Ley. La Ley fue totalmente clara desde el principio, la ley no decía que para algunos, que tal vez era de esta manera... Yo por eso rechazo ese comentario porque un decreto no puede decir algo diferente que lo que hace la ley", dijo la ministra.
Aguilar reflexionó que la ley requirió muchísimo desarrollo intelectual y destacó que uno de los aspectos aprendidos es que cambios como los hechos al empleo público requieren un plazo para implementarse, debido a los cambios que hay que hacer en los sistemas de pago.
Dicha circunstancia es la causante de que Hacienda reconociera que el aumento salarial del primer semestre del 2019 fue atrasado hasta que se lograran hacer las adecuaciones en el Sistema Integra, pues de lo contrario habrían tenido que iniciar gestiones para recuperar sumas pagadas de más a miles de funcionarios públicos, un trámite que es sumamente engorroso.
Consultada por la diputada Silvia Hernández sobre su parecer sobre la legalidad del acuerdo CCSS-Sindicatos-Ejecutivo, la ministra aseguró que no ha hecho un estudio profundo del acuerdo, pero que uno que sea contrario a lo que el Congreso aprobó no podría ser válido en el ordenamiento jurídico.
¿Por qué 4 reglamentos?
Aguilar afirmó que ella y Hacienda siempre tuvieron clara la intención del legislador con la Ley 9635, pero que muchas instituciones empezaron a llegar con dudas o "anuncios" de que aplicarían determinada normativa de una u otra forma, por lo que fue necesario emitir los decretos.
El primero de ellos, dijo, fue para incorporar una interpretación auténtica hecha por la Asamblea respecto a los salarios de los funcionarios de educación.
"El tema más discutido durante todo el proceso es cuando uno llegaba y se encontraba con 150 pluses. Una cosa es la anualidad y otra cosa son 150 pluses particulares, algunos que solo tiene un funcionario. Entonces eso no fue para nada sencillo, además hay pluses o incentivos que ni siquiera están amarrados al salario base, sino que dependen de la sumatoria de salarios, etc.. se generaron fuertísimas discusiones durante el proceso y nosotros siempre tuvimos claridad en el caso particular de las anualidades, que fue el que hubo que volver a analizar pero no porque el primer reglamento fuera omiso, sino porque se empezó a aplicar de manera diferente, porque para algunos las viejas anualidades se mantenían porcentuales", explicó.
La ministra señaló que con una tesis como la anterior, el ajuste fiscal por el lado del empleo público nunca habría ocurrido, pues solo aplicaría la nominalización de nuevas anualidades.
Hubo que recurrir [a los decretos] no porque Hacienda emitiera un mal reglamento, es porque había que decir: 'lo siento, el espíritu del legislador fue nominalizar todo'. No puede ser que alguien interprete que todo lo viejo seguía porcentual, que solo aplicaba incluso para nuevos funcionarios, algunos pasaron por esas tesis... Los reglamentos que llevó adelante Hacienda se hicieron con el propósito específico de sacar de error a quienes estaban interpretando de forma diferente la ley. Si no hubiesen hecho una interpretación diferente los reglamentos no habrían sido necesarios. No es que nosotros llamamos a confusión, la ley cada vez que yo la veo es suficientemente clara. Los reglamentos se hicieron para que el resto, gente de Recursos Humanos, etc. tuviera una mayor claridad, pero en ningún momento el reglamento modifica un ápice de la ley ni la interpreta.
¿Incumplió la ley?
Aunque no fue directa, la ministra sí dijo que el presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, en su opinión, no cumplió con lo estipulado en el Título III de la Ley 9635.
"Yo no puedo desde el Ejecutivo ni cualquier otro sector, interpretar las leyes, modificarlas o derogarlas. Yo no puedo desde el Ejecutivo o desde cualquier otro sector ni interpretarlas, modificarlas ni derogarlas. Solo lo puede la Asamblea Legislativa y la ley la comparta uno o no, de lo que se trata es de cumplir. Todos los que incumplamos con una ley debemos asumir las responsabilidades que eso conlleva", dijo.
La ministra también reiteró que ella ni Hacienda formó parte de las negociaciones entre la Caja, el Ejecutivo y los sindicatos; y que si lo hubiesen estado, habrían advertido de la ilegalidad de lo acordado.
De acuerdo con Aguilar, Román Macaya únicamente estuvo en las oficinas de Hacienda para conversar sobre la regla fiscal y las dificultades tecnológicas para adecuar los sistemas de pago de la Caja del Seguro.
Asimismo reveló que el tema nunca fue llevado al Consejo de Gobierno y que por eso se sorprendió cuando vio las firmas de sus colegas de Trabajo y Presidencia en el acuerdo.
La ministra dijo entre risas que ella ya se acostumbró a ser la ministra menos querida dentro del propio gabinete porque le toca decir que 'no' generalmente, pero que los demás entienden su rol.
"Imagínese un ministro de Hacienda a que todo le dice que sí. No habríamos podido bajar el déficit. Hay un respeto por las diferencias, ustedes saben que es un gabinete multipartidista con ideologías y visiones diferentes y así se ha manejado hasta la fecha", agregó.
Aguilar también reveló que en el marco de la implementación de la Ley, la única conversación que hubo con el presidente fue con la presencia de Mideplan y respecto al tiempo que había para hacer los cambios en los sistemas informáticos y la posibilidad de una ventana de tiempo para ello.
Aquí no había ninguna posibilidad salvo a apegarse a la ley [que regía al día siguiente]. Ahí acabó la conversación. En eso desde Hacienda fuimos muy firmes, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el viceministro y mi persona, de la importancia de lo que significaba ese Título III
Cuando la diputada Yorleny León del PLN le preguntó a la ministra qué sintió cuando el Mandatario defendió el acuerdo que puso fin a la huelga de la Caja, Aguilar zafó la pregunta en medio de risas, usando su derecho a abstenerse de declarar, dado que estaba bajo fe de juramento.
Preferiría no externar lo que yo sentí en ese momento, si me permiten, como estoy además bajo la fe del juramento, permitiría abstenerme y llamar al abogado como dijeron al principio.
Su última reflexión en la comparecencia es que el Servicio Civil debería ser un ente adscrito al Mideplan, dado que es ese ministerio quien tiene la rectoría en materia de empleo público. Actualmente esa institución está adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Diputados recortan partidas de Justicia, Salud y Trabajo en presupuesto extraordinario
La Comisión de Asuntos Hacendarios recortó anoche recursos incluidos en el Séptimo Presupuesto Extraordinario de la República para este 2019, que iban dirigidos a los ministerios de Justicia, Trabajo y Salud.
Según denunció la bancada oficialista, el cambio se hizo por medio de una moción presentada a último minuto que no fue consultada a los representantes del PAC en dicho foro legislativo.
En total se eliminaron unos 4400 millones de colones que de acuerdo con la fracción de Gobierno, generarán una grave afectación de los servicios y labores que ejecutan esos tres ministerios.
Dentro de lo recortado se encuentran poco más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia y Paz, destinados a financiar el servicio de brazaletes electrónicos para monitoreo de personas privadas de libertad.
“El sistema de brazaletes electrónicos ha sido exitoso. La reincidencia de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo este monitoreo es de solamente 2,1%. A pesar de los problemas técnicos que ha presentado, se trata de una buena inversión para el Estado, pues el costo de los brazaletes es mucho menor que mantener población encarcelada. Lamentablemente, este recorte deja sin capacidad de respuesta al Ministerio de Justicia para cumplir con las sentencias que impliquen el uso de brazaletes”, explicó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido Pérez.
Otro de los recortes afecta al Ministerio de Salud pues estaban presupuestados 1100 millones de colones para seguridad y limpieza, mientras que el recorte al Ministerio de Trabajo asciende a 30 millones de colones y era para el pago de diversas obligaciones penales del Estado.
Diputados apoyan aspiración de Costa Rica al Consejo de DD.HH. de la ONU
Treinta y seis diputados aprobaron este jueves una moción de orden que expresa apoyo a la candidatura de Costa Rica a ocupar una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de evitar que el representante del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela obtenga la reelección.
La proposición también solicita a los cuerpos parlamentarios internacionales con los que Costa Rica tiene relación que apoyen la candidatura de nuestro país y rechacen el candidato de Maduro.
Ocho diputados votaron en contra: seis de los tránsfugas de Restauración Nacional, el independiente Erick Rodríguez y la socialcristiana Shirley Díaz.
Carmen Chan alegó que la pretensión del Gobierno de que Costa Rica ocupe un asiento en ese Consejo es "consolidar su plataforma para promover bajo la etiqueta de Derechos Humanos, los intereses y compromisos con determinados grupos y hacer presión para impulsar una agenda a favor esos sectores de la población en detrimento de otros"...
Por otro lado, en nuestro país, hoy existe un gran debate en temas de Derechos Humanos, ni siquiera hemos podido llegar a consensos y equilibrios en este ámbito, más bien nuestra sociedad está viviendo momentos de polarización justamente debido a temas de esta naturaleza.
Proyectos aprobados
Este jueves el Plenario aprobó en segundo debate el expediente 20.108 con el cual se reduce a diez años la diferencia de edad que debe haber entre una persona o pareja y la persona mayor de edad a la que quieran adoptar.
Se trata de una modificación al artículo 106 inciso c) del Código de Familia, que actualmente establece que la diferencia de edad entre adoptante y adoptado debe ser de al menos 15 años, independientemente de que el adoptado sea menor o mayor de edad.
Con la reforma, presentada en septiembre de 2016 por la diputada Emilia Molina Cruz del Partido Acción Ciudadana (PAC), la diferencia de edad entre adoptante y adoptado mayor de edad se reduce a 10 años, manteniendo en 15 años la diferencia para adoptar personas menores de edad.
En aquella ocasión la diputada Molina justificó la necesidad de su proyecto afirmando que el mismo era necesario para permitir que personas mayores de edad, que gozan de sus derechos constitucionales, puedan ser adoptados e integrados en el núcleo de una familia a la cual desean pertenecer.
"La diferencia de edad se disminuiría para las adopciones de mayores de edad, por considerar que no es razonable que la norma aplique la misma diferencia de quince años de edad, tratándose de personas menores o mayores de edad, por cuanto la situación jurídica, entre ambos grupos no es equiparable", explicó la exdiputada al proponer la iniciativa.
A modo de ejemplo Molina criticó que los ciudadanos que desean adoptar a un mayor de edad pero tienen el impedimento actualmente vigente sí puedan ser (por ejemplo) presidente de la República (30 años, podría adoptar a alguien de 15 años o menos), ser diputados (21 años, no puede adoptar pues se requieren 25 años), ministros de gobierno (25 años, puede adoptar a alguien de 10 años o menos) o magistrados (35 años, puede adoptar a alguien de 20 años o menos).
Una vez ley, una persona de 18 años podrá ser adoptada por otra que tenga 28 años. Aunque esta misma persona con 28 años no podría adoptar a una persona mayor de 13 y menor de 18 años.
El proyecto recibió 39 votos a favor y ninguno en contra.
Posteriormente se le dio votación final al expediente 19.835 "Adición de un artículo 112 bis a la Ley N. ° 8508, Código Procesal Contencioso Administrativo, de 28 de abril de 2006, y sus reformas, para regular la caducidad del proceso" que, como su nombre lo dice, viene a reformar la caducidad en los procesos contenciosos-administrativos.
Por recomendación del Colegio de Abogados se definió que la caducidad del proceso sucederá cuando por culpa del actor no se haya procurado su curso por un término superior a los seis meses. Dicho plazo se contabilizará a partir de la última actividad de la parte actora dirigida a la efectiva prosecución del proceso y la resolución que declare la caducidad del proceso tendrá autoridad de cosa juzgada formal y podrá ser apelada dentro del tercer día hábil ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Este proyecto recibió 41 votos a favor y 0 en contra.
Finalmente se le dio primer debate al expediente 20.826, el cual propone la creación de un sistema de registro de Objetos Espaciales, adscrito al Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional.
Este proyecto es del diputado Pedro Muñoz, quien explicó que los progresos científicos y tecnológicos alcanzados en la exploración, investigación y utilización del espacio, ha hecho a Costa Rica incursionar en ese campo con el lanzamiento al espacio del satélite creado por la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio (ACAE), en asocio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, denominado “Proyecto Irazú”.
Según la iniciativa, esta se encuentra amparada en la Ley 8838 "Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre", el cual establece la necesidad de que los Estados adopten las disposiciones legales necesarias para la creación del registro nacional de los objetos espaciales lanzados al espacio ultraterrestre.
El expediente recibió 41 votos a favor y 1 en contra, correspondiente a Erick Rodríguez Steller.
