El reporte de hoy es para nada convencional. Aunque ayer se discutieron y votaron importantísimos proyectos tanto en el Plenario como las comisiones del Congreso la única forma de enterarse de todo lo sucedido era asistir personalmente a todas y cada una de las sesiones y al Plenario o bien, ser uno de los pocos miles de hogares que aún mantienen un contrato de televisión por cable y se topen con la 'fortuna' de que su cablera haya incluido el canal de la Asamblea Legislativa.
Así como lo lee. En tiempos donde el discurso del "Parlamento Abierto" ocupa la boca de legisladores y algunos funcionarios administrativos y hasta se jactan en organismos internacionales sobre el "ejemplo" que dan a otras naciones en la materia, los costarricenses ahora deben disponer de todo su día o tener TV por cable para enterarse al momento de lo que ocurre en el Congreso.
La Asamblea, según reconocen sus propias autoridades, lleva cinco días con problemas de conexión a Internet debido a las obras de construcción del nuevo edificio legislativo. Es decir, no se trata de un evento fortuito e impredecible con el cual podría entenderse la situación que ahora se presenta, sino una combinación de mala planificación e ineficiencia; dos características que desgraciadamente encontramos diariamente en todo el sector público de Costa Rica.
En tiempos de discursos sobre "Parlamento Abierto" hemos visto como los medios de los que dispone la población para enterarse al instante y de forma directa de lo que ocurre en la Asamblea se han venido reduciendo. Primero, desde el 30 de enero de 2017 las sesiones legislativas ya no se transmiten más por radio y a pesar de que hay una orden de la Sala Constitucional de reanudar dicho servicio -por ser el que mayor cobertura garantizaba a las informaciones del quehacer de los diputados-, aún la misma no se ha cumplido.
Luego, el 17 de junio de 2019 el servicio de transmisión a través del portal legislativo se suspendió porque la empresa que le daba el servicio de forma gratuita al Congreso decidió terminarlo. El servicio de "radio por Internet" tampoco logró sobrevivir.
Ahora van cinco días y se aproxima el sexto en el que no hay transmisión por el que se convirtió el principal medio de transmisión de la Asamblea: YouTube.
La excusa de las autoridades legislativas ha sido la misma cada vez que ese último medio falla: "Los problemas se solucionarán con el nuevo edificio", es decir, hasta que éste esté listo y ocupado, cosa que no ocurrirá sino hasta el próximo año.
La más reciente 'defensa' fue que ante las fallas presentadas, los periodistas legislativos debíamos "retomar la cobertura a la antigua", es decir, llegar presencialmente para poder obtener la información que toda la población costarricense tiene derecho a recibir de forma directa, y no solo por intermediación de los medios.
Este último hecho es el que, personalmente, más molestia me causa. No solo porque ahora hay cada vez menos opciones directas, gratuitas y masivas para ver sin filtros lo que pasa en la Asamblea (y sin dejar de lado las limitaciones que la prensa tiene en el Congreso cuando asiste presencialmente), sino porque ese argumento de "vengan para que se informen" ha sido desacreditado ya hace rato por parte de la Sala Constitucional.
"Esta Sala concluye que actualmente, las alternativas para hacer llegar la información legislativa por la página de Internet de la Asamblea Legislativa, televisión por cable y la presencial, son insuficientes para satisfacer el derecho a la información; pues existen otros medios o recursos idóneos de comunicación masiva, tales como noticieros de radio y televisión y otros, que permiten lograr la máxima publicidad y difusión pública y que puede utilizar la Asamblea, para hacer llegar y difundir de manera amplia y diáfana, lo que sucede en el recinto parlamentario, abierto al público, sin que tenga el interesado necesariamente que desplazarse a atender los debates de su interés. En sí, tal alternativa no le permitiría permanecer diaria y debidamente informado, pues le obligaría a prácticamente no hacer otras cosas más que acudir presencialmente al recinto parlamentario, lo que es indudable y a todas luces irrazonable", dice la sentencia 15106 del 2018.
No dejemos de lado el peligro que, a nivel de trámite legislativo, representa el hecho de que la población cuente cada vez con menos opciones para enterarse del quehacer legislativo. Ayer no se votaron iniciativas equis, por el contrario, tenemos la ley que obliga a los supervisados por las Superintendencias a financiar el 50% de los gastos de su fiscalización, o el nuevo Código Procesal de Familia... ¿Qué pasará si alguien decidiese impugnar la constitucionalidad de los proyectos ayer aprobados por la inexistencia de una transmisión abierta para la población?
Ustedes, lectores de Barra de Prensa, conocen de sobremanera nuestros ya tradicionales registros de votación de proyectos y la explicación que de las iniciativas aprobadas que hacemos. Sin embargo, debido a las circunstancias que ahora se presentan en el Congreso no nos es posible presentar las de este martes.
Será hasta este miércoles que esté lista el acta (y en todo caso habrá que ver si el sitio web legislativo logra recuperar la conexión para descargarla), que podremos entonces comentarles no solo lo que se discutió y lo que se votó este martes, sino el cómo y el por qué.
Tal y como hemos emprendido acciones legales para anular del Reglamento Legislativo los artículos que imponen secretismo a sesiones y votaciones, haremos lo propio para que exista otra sentencia constitucional que le recuerde a las autoridades del Congreso su obligación de tomar las medidas necesarias para que no solo los periodistas podamos tener la información necesaria para hacer nuestro trabajo, sino para usted, si así lo desea libremente, pueda verlo y oírlo sin intermediación de la prensa.
Es su derecho, es nuestro derecho y ya va siendo hora de que finalmente se entienda y se respete.
