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— Las denuncias sobre irregularidades en torno a la forma en que se entregan los permisos de portación de armas en el país siguen aflorando. Ahora, además de referir a los profesionales que los otorgan, también las denuncias mojan a los mecanismos bajo los que se investigan las inconsistencias.
— Como les comentábamos hace un par de semanas, el Ministerio de Seguridad Pública interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Psicología, para que se investigue a un grupo de psicólogos por supuestas irregularidades en las pruebas de idoneidad mental para la portación pues, según el ministro de la cartera, Michael Soto Rojas, existen reportes de que varios psicólogos ingresan hasta 25 pruebas en una misma fecha, a pesar de que el tiempo recomendado por el Colegio para realizar cada una, es de una hora; es decir, una prueba cada hora y 25 pruebas al día... como que no hay forma de que los números cierren.
— Ahora bien, el tema es que la alerta no finaliza aquí pues ya la Fiscalía del Colegio ha manejado causas por hechos de este tipo, sin embargo por errores a lo interno de la investigación, estas no han llegado a nada. Ojo a este caso: en abril de este año, el Colegio archivó una investigación en contra de una psicóloga de apellido Campos Rojas que habría realizado pruebas de idoneidad mental para portación de armas a su pareja sentimental y a su suegro; el tema es que al diluirse la relación sentimental, Campos denunció y señaló a estas personas como demasiado violentas y agresivas para portar armas por lo que pidió que se les revocara el permiso que, supuestamente bajo los estándares de la prueba, dio ella misma.
— Por esta causa, la Fiscalía pidió abrir un proceso administrativo disciplinario en contra de Campos, por un supuesto irrespeto al principios de la verdad real, contemplados en los artículos 214 y 221 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, la investigación fue archivada por el Tribunal del Colegio de Psicólogos ya que señalaron que no se tenían las pruebas necesarias para comprobar el hecho, según consta en el oficio CPPCR-F-293-2019, del que este medio tiene copia.
— Según nos señaló a Delfino.cr el denunciante Allan Medina Rodriguez, quien fue uno de los miembros del equipo legal que realizó la solicitud de esta investigación, durante el proceso la Fiscalía del Colegio no presentó las pruebas necesarias y por ello fue que el Tribunal archivó el caso, sin solicitarle al órgano que hiciera una investigación más profunda; además y para rematar, la resolución se tomó sin notificar las partes involucradas por lo que las faltas tanto en la forma como en el fondo no fueron pocas:
Es una institución subordinada a la Ley General de la Administración Pública y los procedimientos violenta significativamente los procesos disciplinarios. La Fiscalía del colegio señaló faltas graves y el Tribunal dice que no hay pruebas suficientes. En los últimos años se ha recalcado mucho la importancia de velar por los mecanismos de portación de armas y ver que los profesionales encargados en realizar las valoraciones no son debidamente sancionados representa una falta de conciencia, nos aseguró Medina.
— Desde Delfino.cr nos comunicamos con el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica para consultar sobre las decisiones que se tomaron en el caso anteriormente expuesto y la fiscal a cargo de los procesos a nivel interno de la institución, María Elena Murillo Echeverria, reconoció la existencia de dichas irregularidades:
El Tribunal de Honor consideró que existieron principios de forma que no se cumplieron por lo que ordenó archivo. A partir de esta resolución la Fiscalía no sólo tomó las acciones correctivas necesarias para que no se presentará una situación similar en otros casos, sino que se encuentra analizando las posibilidades de interponer una nueva acusación sobre aquellos hechos no prescritos de tal forma que el Tribunal pueda entrar a ver el fondo del caso.
— Murillo además agregó que sobre los casos que se compilan en la denuncia formal que interpuso el Ministerio de Seguridad Pública y de los que les dábamos cuenta más arriba, ya se iniciaron los procesos correspondientes y que en caso que encontrar nuevas inconsistencias en estas nuevas causas, se aplicarán las sanciones que se establecen en el artículo 67 del Código de Ética y Deontológico del Colegio que, dependiendo de la gravedad del caso, van desde una amonestación escrita hasta a una suspensión de cinco a diez años en el ejercicio profesional según la gravedad de las faltas.
— Esperamos que estos procesos sí se tomen con la seriedad del caso pues ahora que nos caen encima los datos de que cerramos la segunda quincena de agosto con 42 homicidios sobre la espalda, la regulación de la portación en todas sus aristas, es más urgente que nunca.
