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— El proyecto de ley para reestructurar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), cuyo primer debate fue aprobado a finales de agosto en la Asamblea Legislativa, superó la consulta realizada por los diputados a la Sala Constitucional, mientras en la acera del frente las cosas siguen estando complejas para el mega puerto de APM Terminals.
— Como ustedes recordarán, los dos puertos se han visto inmersos en la polémica en las últimas semanas: en el primero porque la situación de JAPDEVA ya es tan crítica que ha tenido hasta que sorteárselas para pagar salarios; y en el segundo porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya sancionó a la empresa holandesa por los atrasos que se han presentado en la operación de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Ahora parece que, tal como lo adelantó el MOPT, dicho castigo no llegaría solo.
— Sobre el primer caso y a fin de sortear el túnel de la crisis económica, en la Asamblea Legislativa se ha venido tramitando un proyecto de ley que busca que la institución pueda reestructurarse administrativamente con medidas que van dirigidas a la reducción de su planilla: así, se propone desde la contratación de estudios que definan cuál es la estructura administrativa y operativa adecuada para el funcionamiento actual de la terminal, hasta las que generen que los trabajadores vayan renunciando por su propia cuenta, como el traslado horizontal a otras instituciones de Gobierno, la posibilidad de prejubilación y el chance de renunciar con bonos adicionales.
— El trámite del segundo debate de este proyecto se encontraba en stand by mientras la Sala Constitucional se pronunciaba respecto a la consulta presentada por 15 legisladores el 2 de septiembre anterior. En ella, los diputados cuestionaron si el proyecto violentaba el principio de autonomía de la institución, amparados en el el artículo 188 de la Constitución Política que señala que "las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión". En la resolución de esta consulta, que se hizo pública este miércoles, la Sala determinó que no encontró vicios de fondo en lo referente a dicha disposición así que por lo tanto, el proyecto podrá continuar con su trámite.
— Recordemos que la entrada de APM significó un golpe durísimo para las finanzas de la institución caribeña: antes del iniciode operaciones del nuevo puerto, TODOS los buques que llegaban al Caribe, entraban a JAPDEVA; ahora y según las estadísticas oficiales, al muelle nacional solo llega el 40% de la carga: el otro 60% se va al puerto de la empresa holandesa. Sin embargo, y a pesar de que del lado de los extranjeros parecía que el camino pintaría mejor, lo cierto es que desde junio pasado las quejas por ineficiencias operativas “particularmente graves” no han parado de llegar: ya 16 cámaras empresariales reclamaron por los atrasos con las citas, congestión a la hora del atraque, cambios operativos sin controles y tarifas excesivas, y por ello es que el MOPT impuso una sanción de $1.100.000 a la empresa “por temas más ordinarios y derivados de la ejecución de la obra”.
— Aunque la sanción fue bien recibida por las cámaras que presentaron la queja, el MOPT aseguró que esta no sería la única que ejecutarían pues, según aseguró el jerarca de la institución, Rodolfo Méndez Mata, al Semanario Universidad en una nota publicada el día de ayer, “ya se estableció una sanción que fue comunicada a la empresa por la parte constructiva, y estamos depurando lo concerniente a lo que consideramos incumplimientos en la parte operativa para también comunicar”. Es decir, podemos esperar más.
— De hecho, eso es lo que están pidiendo las cámaras empresariales que, no conformes con las sanciones establecidas, piden más querellas por los constantes problemas que achacan al funcionamiento de la terminal y por lo elevado que consideran el precio que está cobrando APM (señalan que, hasta agosto, la operación portuaria les habría costado un total de $515 mientras que en países como Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, los precios rondan entre los $102 y $341). Así lo detallaron la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) y la de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE) al Semanario. El MOPT, por su parte, anunció que está en proceso de estudio de estas denuncias. Sin embargo, este no es el único frente de fuego que le toca atender...
— También según el medio universitario, la situación en el Consejo de Transporte Público (CTP) podría a su vez, estar en llamas: allí la Dirección Ejecutiva del Consejo levantó otra alerta que señala que los requisitos de la licitación para que una empresa realice una asesoría sobre la sectorización de las rutas de buses de San José, podrían estar favoreciendo solo a una de las tres empresas que concursarían, es decir que la elección parece que se ejecutaría casi que a dedo.
— Así consta en un oficio que el Departamento de Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera del CTP enviaron el pasado 20 de setiembre a toda la junta directiva del CTP y a sus auditores internos. Según el dictamen, los requisitos de admisibilidad de la licitación establecieron “una serie de restricciones que no permiten competir a todos los posibles oferentes en igualdad de condiciones, por el contrario, se denota que el concurso está dirigido a una de las tres firmas que en principio estarían participando”.
— El tema está fuerte y aunque el ministro Méndez Mata negó las acusaciones señalando que "no son de recibo", lo cierto es que estas son otra piedra de las muchas que ha tenido el camino del añorado ordenamiento sectorial de las rutas de San José. Ahora, y según aseguró el jerarca al Semanario, se solicitará a la Contraloría General de la República una investigación que defina si las aseveraciones realizadas en el informe son reales o no, mientras que todos los sectores seguimos a la espera de que se aclaren todos los nublados que tiene encima el tema del transporte en el país.
