Al veto presidencial emitido esta semana por una mala redacción de una ley se le sumaron este jueves dos proyectos de ley cuyo segundo debate fue cancelado porque la Comisión de Redacción, última "línea de batalla" para que los proyectos se conviertan en leyes sin errores ortográficos o de sintaxis, detectó problemas de importancia en ellos.
El caso más grave en cuanto a lo que se le puede achacar una posible irresponsabilidad por parte de los diputados que lo tramitaron es el expediente 20.589 que se dictaminó en la Comisión de Puntarenas, y con el cual se autoriza al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) a traspasar un terreno de su propiedad al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
¿Parece un proyecto sencillo? Lo es, y en la jerga legislativa se le conoce como "chayote" pero aún y así el Departamento de Servicios Técnicos -que funge como asesor legal de los diputados- advirtió a la Comisión de Redacción que estaba revisando el texto final del expediente que el mismo contiene no uno, ni dos, ni tres, sino OCHO problemas que en el futuro harían inaplicable la ley:
- El título del proyecto no contempla la donación del Estado a favor de Incopesca.
- El número de cédula jurídica de Incopesca está mal transcrito en el artículo 1 del proyecto.
- El número de cédula jurídica de Incopesca está mal transcrito en el artículo 2 del proyecto.
- La medida del lote a donar está repetida en dos ocasiones
- Las direcciones del terreno a donar están totalmente incorrectas.
- No se consigna el destino que se le dará al terreno donado una vez la Notaría del Estado realizara la escritura
- No se siguió el modelo correcto de distrito-cantón-provincia para ubicar el terreno a donar.
- No se incluye el número del plano catrastado del proyecto a donar, requisito importante por aspectos de seguridad jurídica.
¿Un desastre? ¡Absolutamente! Las diputadas Maria Vita Monge (presidenta de la Comisión de Redacción), Patricia Villegas y Jorge Luis Fonseca instaron al Plenario a no aprobar el proyecto y en su lugar devolverlo en el trámite para corregirlo.
La situación no sería tan bochornosa si no fuera porque esta es LA SEGUNDA VEZ que el proyecto es devuelto a la Comisión de Puntarenas para que sea arreglado y aún así, las redacciones de allí emanadas siguen estando alejadas de la buena técnica legislativa. Ahora la iniciativa va 15 días hábiles más devuelta a ese órgano para que corrija nuevamente.
El segundo proyecto al que se le canceló el segundo debate fue el expediente 21.169 denominado "Regulación de la Jornada Nocturna de las Mujeres Trabajadoras" y que como les contamos el miércoles, pretende eliminar de nuestro Código Penal una prohibición existente desde 1943 de que las mujeres tienen absolutamente prohibido trabajar en horario nocturno, salvo unas cuantas excepciones.
Sobre esta iniciativa, Servicios Técnicos advirtió a última hora algo que también era evidente a primera vista: el nombre del proyecto de ley no coincide con su propósito, porque la ley no viene a regular la jornada laboral nocturna de las mujeres trabajadoras, sino a eliminar una prohibición de que estas puedan realizarla.
En este caso, el problema detectado y alertado por la Comisión de Redacción al Plenario es menos grave que con el expediente 20.589, sin embargo, hay otro problema: la redacción final que casi fue votada este jueves entraría en contradicción con el Código de Niñez y la Adolescencia vigente.
¿Por qué? Dicho Código actualmente prohíbe el trabajo nocturno de personas adolescentes, entendido este como el desempeñado en la franja horaria de las 7:00 pm a las 7:00 am (excepto la jornada mixta, que no puede sobrepasar las 10 pm), sin embargo, el expediente 21.169 venía a alterar la franja en que los menores o adolescentes no pueden trabajar: de 6 pm a 6 am del día siguiente.
Dado que este expediente no tiene un listado de problemas tan grande como el anterior, el Plenario optó por aplicar una moción vía artículo 148 bis, con el cual el proyecto se retrotrae a antes del primer debate para que el Plenario pueda hacerle modificaciones de fondo, publicarlas una vez hechas y luego votar de nuevo en primer y segundo debate...
Declarado 'desierto' el concurso para Defensor Adjunto
El Plenario acogió por unanimidad de los 42 diputados presentes el informe negativo unánime de la Comisión de Nombramientos, con el cual se declara 'desierto' el concurso para designar al nuevo defensor adjunto de los Habitantes, porque ninguno de los postulados por la defensora titular, Catalina Crespo Sancho, cumplía con la idoneidad para ocupar el puesto.
Los recomendados eran Meibol Jiménez Hernández, cédula 5-0305-0418; Alejandro Ortega Calderón cédula 1-688-725, y Marvin Antonio Solano Monge, cédula 5-0228-0172.
Según determinó la Comisión, ninguno de ellos demostró tener elementos claves en la función de defensor o defensora como son una sólida formación en derechos humanos que permita dar certeza al plenario que al menos el futuro designado cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su labor.
Así las cosas, Crespo deberá enviar una nueva terna a la Asamblea para sea analizada por la Comisión de Nombramientos.
Proyectos aprobados
Este jueves los diputados votaron tres segundos debates y un primer debate.
Otro proyecto cuyo segundo debate se canceló días atrás y se devolvió en su trámite para hacerle correcciones fue el expediente 20.997 con el cual se le garantizará acceso a los cuerpos policiales preventivos al archivo criminal que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aunque este proyecto tiene la objeción de la Corte Plena, los diputados continuaron con su trámite pero solo lo devolvieron para incluir un transitorio de modo que la adecuación tecnológica que deba hacer el OIJ para dar los accesos al archivo se den de forma ordenada y segura, de modo que no se muestre información que el proyecto define como 'confidencial'.
Con 41 diputados a favor y ninguno en contra, el segundo debate se proyecta para la próxima semana.
Finalmente se les dio votación en segundo debate a tres acuerdos o tratados que recibieron aprobación de la Sala Constitucional.
Ese es el caso del expediente 20.889 con el cual se aprueba el acuerdo de intercambio de información en materia tributaria entre Costa Rica y los Estados Unidos (40 a favor, ninguno en contra).
Luego el expediente 21.260 denominado Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios recibió 40 votos a favor y ninguno en contra.
Dicha convención propone una serie de compromisos u obligaciones para el Estado, a fin de que modifique o enmiende los convenios fiscales que haya suscrito con otras naciones para evitar el abuso de empresas transnacionales que no tributan en ninguna jurisdicción o que trasladan artificiosamente sus beneficios o ganancias hacia jurisdicciones más benignas o paraísos fiscales para tributar menos.
Con ello se evita la elusión y la evasión fiscal que pueda producirse mediante esos convenios fiscales bilaterales que las Partes hayan podido haber suscrito.
Finalmente, se encuentra el expediente 19.451 que aprueba el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Paraguay, cuyo propósito coincide plenamente con el nombre del proyecto.
