Escuche la versión en audio de este Reporte
— Si escucharon Hablando Claro el viernes pasado y ayer lunes mas o menos están al tanto de la historia que les vamos a contar hoy. Caso contrario, puede que solo manejen un lejano recuerdo. Sea como sea... aquí vamos.
— En enero del 2013 la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) sancionó a la entidad financiera Bac Credomatic con una multa de ₡12.000 millones por prácticas anticompetitivas. El período de investigación fue de 20 meses entre 2004 y 2005.
— En marzo del 2015 el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Welmer Ramos González dictaminó una anulación de la sanción, lo que evitó a la empresa pagar la histórica multa.
— ¿Cómo pasó todo esto? El viernes de la semana pasada en el programa Hablando Claro, David Solano Ortiz y Stephan Brunner, exmiembros de la Coprocom, hablaron del proceso legal que enfrentaron desde el 2013 y compartieron con los periodistas Vilma Ibarra y Álvaro Murillo su punto de vista.
Repasemos entonces
— En marzo del 2003 la Coprocom ordenó un estudio sobre el mercado de tarjetas de crédito para investigar posibles prácticas monopolísticas. Con base en ese estudio, se inició, en junio del 2004, un procedimiento administrativo contra la entidad financiera.
Dato D+: La ley 7472 creó la COPROCOM como un órgano de máxima desconcentración, adscrito al MEIC y encargado de conocer todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y que entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.
— El procedimiento administrativo derivó en la constatación de que el grupo financiero había violado el artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
— Así, tras el largo proceso de investigación —realizado por tres funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo de la Coprocom— y múltiples contratiempos en el camino —incluyendo un momento en que seis de los diez comisionados tuvieron que apartarse del proceso por tener conflictos de interés en el caso—, la Coprocom logró determinar que Bac Credomatic se había favorecido financieramente al aplicar prácticas monopolísticas en la prestación de datáfonos a los comercios del país.
— Se trataba, en palabras sencillas, de la práctica anticompetitiva de Credomatic de exigir una exclusividad o volúmenes mínimos de transacciones a los comercios que ofrecían el pago mediante pago de tarjetas de crédito.
— Según señalaron los comisionados, la práctica de exclusividad que realizaba Credomatic era de larga data, y la dividieron en tres etapas:
- De 1992 a 1995: Bac Credomatic tenía una cláusula expresa de exclusividad en la cual los comerciantes debían utilizar solo las máquinas de Credomatic y no podían tener datáfonos de la competencia.
- De 1995 a 1999: Tras la promulgación de la Ley para Fortalecer la Competencia, Bac Credomatic cambia la cláusula del contrato a los comercios, e incluye una tasa de descuento en la comisión si los comercios aplicaban el 100% de las transacciones con el datáfono de Credomatic.
- A partir de 1999: Bac Credomatic estableció una cláusula de volumen a los comerciantes para recibir un descuento especial, pero dado que ya conocían el volumen de ventas de todos los comercios al manejar de forma exclusiva todas las transacciones en los años anteriores, se aseguraban establecer volúmenes que requirieran el uso exclusivo de los datáfonos de Credomatic.
— Además, la razón por la que los comercios seguían usando los datáfonos de Bac Credomatic, a pesar de estas cláusulas, era porque los otros bancos solo podían hacer transacciones con tarjetas Visa, ya que Credomatic tenía una exclusividad explícita con las tarjetas American Express y una exclusividad práctica con las tarjetas MasterCard.
— En aquel entonces las marca MasterCard y American Express representaban el 40% del volumen de las transacciones con tarjetas, por lo que las cláusulas que establecía Bac Credomatic le daban un control sobre los comerciantes, ya que si se quedaban sin esos datáfonos para todas las ventas, se quedaban sin acceso a ese 40% del mercado.
— Al momento del proceso administrativo solo se podía sancionar el periodo investigado, a saber de enero del 2004 a agosto del 2005. Sin embargo, solo en ese periodo el informe de la investigación estimó que por esas prácticas monopolísticas Bac Credomatic recibió ganancias indebidas por $24 millones.
Las presiones externas
— Un dato importante es que Solano y Brunner aseguraron que, en medio del proceso de investigación, ellos se reunieron con la Procuraduría General de la República (PGR), donde le aseguraron a la Coprocom que en caso de ser necesario se harían cargo de llevar el juicio.
— Tiempo después la PGR cambió de criterio e incluso la procuradora Andrea Calderón fue a la Coprocom a solicitar que se anulara la sanción, planteándoles los mismos argumentos que previamente había dado Bac Credomatic para defenderse del proceso de investigación.
— Así mismo, Solano Ortiz aseguró que hacia el final del proceso, y antes de que se dictaminara la sanción, recibió la visita de José Ignacio Cordero Ehrenberg, gerente general del BAC y Edgar Rohrmoser, quien había sido comisionado de la Coprocom, quienes le solicitaron que no sancionaran a la entidad financiera. Posteriormente, Brunner confirmó con el resto de sus compañeros que ellos también habían recibido visitas similares.
— También los comisionados aseguraron que a partir de la sanción representantes legales de Credomatic tuvieron reuniones con la entonces jerarca del MEIC, Mayi Antillón Guerrero, pero en ese momento la ministra aseguró que la sanción estaba fuera de su competencia, por ser una decisión de Coprocom.
— Ante la inminente aplicación de la sanción, la entidad financiera interpuso una denuncia penal contra tres de los comisionados que dictaron la sanción (David Solano Ortiz, Fabio Vincenzi y Stephan Brunner). La denuncia buscaba no solo evitar la sanción, sino que los comisionados demandados tuvieran que pagar daños morales a los altos ejecutivos de Credomatic, daños a la imagen del Banco y los honorarios de tres firmas legales, así como los honorarios de los abogados penalistas Francisco Castillo y Juan Diego Castro por el proceso legal para que los funcionarios de Coprocom fueran penados con 3 años de cárcel por el delito de prevaricato.
— Además, Bac Credomatic solicitó en el proceso judicial contra los comisionados que todo el proceso de investigación hecho por la Coprocom fuera confidencial, razón por la cual hasta ahora es que los involucrados pueden hablar de este caso, tras la decisión del Tribunal Penal primero y del Tribunal de Apelaciones después (diciembre 2018) que exoneró a los acusados y señaló que la sanción sí se hizo a derecho, que debió haberse ejecutado y que el Ministro de Economía no tenía potestad para anular el proceso.
¿Por qué no se ejecutó la sanción a Bac Credomatic?
— En 2014 el entonces jerarca del MEIC, Welmer Ramos, recibió la visita de la entonces procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel y otros dos funcionarios de la PGR quienes le indicaron que la sanción establecida a Bac Credomatic tenía una contrademanda por parte del grupo bancario, en la cual el Estado podía perder ₡1.200 millones (una décima parte de la multa establecida) y que en criterio de la PGR ese caso estaba perdido y de aplicarse la sanción traería consecuencias al Estado.
Dato D+: En el 2015, cuando Welmer Ramos anuló la sanción a Credomatic, la Defensoría de los Habitantes de la República, el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía Industria y Comercio, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica o el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, tenían presupuestos anuales menores a ₡12.000 millones.
— Posterior a esa visita, el entonces jerarca del MEIC envió la consulta DM-709-14 solicitando a la Procuraduría que emitiera un dictamen vinculante sobre el caso, al cual Julio Mesén Montoya, procurador de Hacienda, contestó en el oficio C27-2015 un dictamen favorable para la anulación de la sanción impuesta.
— Tras conocer ese oficio, Ramos procedió a emitir en marzo del 2015 el informe DM012-2015 en la cual anulaba la sanción económica impuesta por la Coprocom al BAC Credomatic, liberando así a la empresa del pago de la multa.
La versión de Welmer Ramos
— En el programa Hablando Claro del día de ayer, Ramos se defendió señalando que él siguió los criterios legales que le decían que la sanción debía ser anulada, ya que había sido fijada en un proceso irregular que no se sostendría en los juzgados, versión que habían dado tanto la asesoría legal de la Coprocom, como Wendy Jiménez Palacios, de la Unidad Jurídica del MEIC y hasta la Procuraduría General —todos repitiendo los mismos argumentos legales que había dado Bac Credomatic—.
— Ramos dijo que según él entendió —aunque no aparece explícitamente en ninguno de los documentos— era él la autoridad competente para anular la sanción.
— Ramos, además, dijo en la entrevista que en su momento no acudió a la Coprocom antes de tomar la decisión de anular la sanción porque “desconfiaba de la Coprocom”, y añadió que a quien se debería investigar es a quien le dio a él la recomendación.
El epílogo
— El caso deja mucho que desear del accionar por parte de todos los asesores legales involucrados ya que la sentencia que exonera a los comisionados dice expresamente que la resolución adoptada no era contraria a la ley, que no se dictaminó con base a hechos falsos y que el jerarca del MEIC no tenía competencia para anular la sanción (como según Ramos, le dieron a entender a él), razón por la cual la Fiscalía General abrió una investigación contra Ramos, aunque claramente esa investigación debería extenderse a quienes, representando al Estado, le solicitaron hacer lo que hizo.
— En medio de todo lo preocupante de esta historia hay que rescatar que por lo menos la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, que justamente viene a dar mayores herramientas a la Coprocom para promover la competencia y combatir los monopolios en el país.
