Tras cinco horas de parla, el Plenario de la Asamblea Legislativa dio por cerrada la 'investigación' que se abrió tras el extravío de dos folios del informe de la Procuraduría de la Ética Pública que desestimó la acusación del Congreso contra el expresidente Luis Guillermo Solís, por su papel en el escándalo del cementazo.
38 diputados acogieron el informe de mayoría de la Comisión Especial que se creó para investigar la pérdida de esos folios, la inoportuna fecha en que el documento fue notificado al Congreso y el manejo que se le dio al mismo por parte de funcionarios legislativos y administrativos; pero que terminó convirtiéndose en la comisión para criticar las conclusiones a las que llegó la Procuraduría de la Ética.
Tal y como les detallamos en una entrega previa de Barra de Prensa, los diputados no lograron identificar al responsable del extravío de los folios, cuyo paradero aún es desconocido. Inclusive, el tema ocupa solo 17 de las 73 páginas que conforman el informe y lo hace de manera general.
De esas 17 páginas, 10 son un "Informe Técnico Criminológico" realizado en solo dos días por Jose Jaubert Salguera y Carlo García Bonilla, pedido por los diputados Harllan Hoepellman y Mileidy Alvarado...
En dicho informe ambos funcionarios de la Asamblea Legislativa señalan que el documento resguardado en la Dirección Ejecutiva carece de los folios 10 y 16 y que el pie de página del resto de páginas (que contiene la dirección, sitio web y teléfonos de la Procuraduría) tiene "dimensiones desproporcionadas".
Asimismo, concluyeron que en los folios 9 y 15 existe "una leve inclinación en sentido de izquierda a derecha del texto de la leyenda supra citada, en relación al resto del documento y un leve agrandamiento de un grupo de letras en relación a las otras. Los folios 10 y 16 no se encuentran en este documento, mientras que los folios 11 y 17 presentan una mayor inclinación y un mayor aumento de los mismos grupos de letras y disminución de otras".
Para esta asesoría, las impresiones irregulares son propias de un error técnico atribuible a la fotocopiadora aunado a la falta de pericia del operador en revisar el resultado de las fotocopias. Basados en la experiencia de intentar reproducir estos mismos errores en las máquinas de fotocopiado que se ubican en la Unidad de Reproducción de Documentos y la consulta a los operarios de esta dependencia (...), la irregularidad es producto de un sobre-esfuerzo de la máquina por separar las hojas que en algún momento fueron engrapadas y desengrapadas posteriormente.
Siguiendo en CSI: Cuesta de Moras, los funcionarios encontraron que la fotocopiadora con la que se duplicó el informe de la Procuraduría (ubicada contigua a la puerta del despacho de la presidencia legislativa) fue donada a la Asociación de Desarrollo Especifica Promejoras el 1 de agosto de 2018, tras determinarse que la misma presentaba fallos en su bandeja de entrada, sin
embargo, operaban el resto de las funciones, por lo cual no se consideró su desecho.
Concluye esta asesoría que las marcas descritas en la copia del documento que mantiene la Dirección Ejecutiva son concordantes con un mal manejo durante su impresión, que la impresora 35.273 que se mantenía en la dependencia anexa a la oficina de Presidencia presentaba errores operativos que sumado a la impericia de un operador podrían haber causado con mucha probabilidad no solo las marcas irregulares presentes en el documento sino incluso la propia omisión de reproducción de los folios 10 y 16.
Volviendo a los "hallazgos generales" del informe de mayoría de la comisión, los diputados delinearon el siguiente orden de acontecimientos con la referida resolución:
- El jueves 26 de abril de 2018, la Procuraduría de la Ética firma la resolución que desestima la denuncia legislativa contra Luis Guillermo Solís.
- El viernes 27 de abril de 2018 la resolución es entregada en la Asamblea Legislativa por parte del notificador de la Procuraduría, a quien un oficial de seguridad le indica que la Presidencia Legislativa (Gonzalo Ramírez) no está recibiendo documentos, de modo que debe hacerlo en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea, en el Edificio Sion.
- El notificador de la PEP ingresa al Edificio Sion a las 9:24 am del 27 de abril de 2018 y se dirige a las oficinas del Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. Allí, la señora Enid Padilla recibe un sobre manila completamente sellado, con una leyenda de confidencialidad y del cual no se puede desprender ninguna información relevante sobre su contenido. El notificador le indica que el documento debe ser entregado al Presidente del Directorio y le entrega un oficio cerrado para que le firme el recibido del sobre con la resolución.
- El lunes 30 de abril de 2018 a las 8 am sesiona el Directorio Legislativo con la presencia de Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y Michael Arce.
- Cerca de las 9:00 am, ya finalizada la anterior reunión, la funcionaria Enid Padilla le entrega a Gonzalo Ramírez el sobre manila sellado que contiene la resolución de la Procuraduría.
- Durante toda la mañana del 30 de abril de 2018, el sobre queda cerrado en la oficina de Gonzalo Ramírez y es abierto hasta la sesión extraordinaria del Directorio Legislativo realizada a las 3:00 pm de ese día con la presencia de Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y el director ejecutivo, Antonio Ayales, quien no estuvo en la sesión de la mañana por tener permiso.
- Los diputados encontraron discrepancias en los testimonios de los presentes en dicha reunión. Ramírez dijo que el informe fue leído someramente. Ayales dijo que el informe no se leyó, ni que tampoco se advirtió de un plazo fatal para que la resolución fuera apelada. Quesada dijo no recordar si el informe fue leído. Ramírez luego dijo que sí se advirtió del plazo de tres días para la apelación, algo que para la comisión es una contradicción con su afirmación inicial de que se realizó una lectura "somera"; luego cambió su versión y dijo que el informe no se leyó; Quesada también cambió su dicho y dijo que sí se leyó, pero no se advirtió el plazo para apelar.
- La Comisión investigadora, tras revisar el acta de la sesión de directorio de ese día por la tarde, constata que en ningún momento Gonzalo Ramírez advierte del plazo de 3 días para apelar la resolución, sino que únicamente ordena a la Dirección Ejecutiva sacar copia del "informe" (cuando era resolución) y trasladarlo a los nuevos diputados.
- El informe es entregado a un ujier para que le saque copia en la fotocopiadora (presuntamente defectuosa) de la oficina contigua a la de la Presidencia Legislativa. La copia es dada a Antonio Ayales para que la Dirección Ejecutiva saque las demás copias para los nuevos diputados.
- Antonio Ayales traslada la copia de la resolución a la Unidad de Reproducción de Documentos con el indicativo de que era confidencial, pero sin advertencia del plazo que estaba corriendo para apelar.
- Entre el 3 y 4 de mayo (fechas en que venció el plazo para apelar), un funcionario de la Unidad de Reproducción de Documentos advierte a la Dirección Ejecutiva que faltan dos folios de la copia de la resolución que fue suministrada para fotocopiar y dar a los nuevos diputados. Las funcionarias de la Dirección Ejecutiva empiezan a contactar a Gonzalo Ramírez por teléfono, diciéndole que hay dos páginas perdidas. Ramírez afirma que no tiene acceso al documento original y que, aunque ya no era su responsabilidad, revisaría algunas cajas para ver si estaban las páginas.
- En fecha no especificada, Antonio Ayales es informado del faltante de las dos páginas y solicita criterio al Departamento Legal sobre cómo proceder. El Departamento responde que debe ser la presidenta legislativa quien debe solicitar reposición del informe a la Procuraduría.
- El 7 de mayo del 2018, en reunión de asesores del Directorio Legislativo, Antonio Ayales advierte que hay un informe con dos páginas extraviadas.
- El 14 de mayo del 2018, Carolina Hidalgo es informada del faltante de las dos páginas de la resolución.
- El 17 de mayo del 2018, Sara Valverde le envía un borrador de nota para ser remitido a la PEP a Pablo Díaz (jefe de Despacho de la Presidencia). La nota finalmente es enviada y recibida en la PEP el día 21 de mayo de 2018.
- El 22 de mayo del 2018, la PEP envía nuevamente la resolución a la Asamblea Legislativa. Recibe el sobre sellado Pablo Díaz, quien lo traslada a la Dirección Ejecutiva hasta el día 24 de mayo.
- El 28 de mayo del 2018, la Dirección Ejecutiva remite a todos los diputados copia de la resolución en sobre manila sellado con la leyenda de confidencial y hace firmar a los congresistas un "recibido" con fecha del 25 de mayo.
- El 14 de junio del 2018, CRHoy revela las irregularidades cometidas en el manejo de la resolución.
- El 25 de junio del 2018, el Plenario aprueba conformar una comisión que investigue qué ocurrió con el informe.
Así las cosas, un año después de abierta la comisión, la única sospechosa de perder las páginas del informe, que imposibilitó a los diputados apelar la desestimatoria (aunado a lo inoportuno de la fecha), es una fotocopiadora dañada que fue donada a una asociación...
Viraje de la comisión
Pese a que la comisión se conformó para averiguar quién extravió las páginas del informe de la PEP, la imposibilidad de los diputados de descubrirlo llevó a que la comisión no sesionara durante seis meses, entre noviembre de 2018 y abril de 2019.
No fue sino hasta que CRHoy publicó una entrevista en marzo de 2019 a la expresidenta del Banco de Costa Rica, Mónica Segnini que la comisión (aprovechando la "generalidad" del nombre que llevaba) retomó las sesiones y audiencias, pero ya no para averiguar qué había pasado con el informe, sino para criticar las conclusiones a las que llegó la Procuraduría de la Ética en su desestimación.
Por ello no es de extrañar que este lunes los discursos de los diputados se enfocaran en ese tema en específico, y que la mayoría del informe haga referencia a la forma en que la Procuraduría tramitó el caso de Solís.
Precisamente la primer recomendación es que el Procurador General, Julio Jurado, abra una investigación interna sobre el manejo que se hizo del caso por parte de los funcionarios de la Procuraduría de la Ética que participaron en la elaboración de la resolución, así como de los tiempos de la notificación de la misma, ya que sobre esto los diputados señalan que hubo una clara intención de presentarla de manera apurada.
Con el expediente de Solís hubo un trato expedito sin razones de peso que lo justifiquen y además que fue presentado en un momento donde los diputados que realizaron el informe del Cementazo, no pudieran apelar dicha resolución ya que su periodo estaba por terminar así como el del exmandatario.
Asimismo le piden investigar las razones por las cuales en la Procuraduría de la Ética no quedó constando ningún tipo de registro electrónico sobre correos internos que demuestren intercambios de información y particularmente de borradores entre los Procuradores encargados de redactar la resolución del caso de Solís; y por último solicitan reabrir la investigación contra el expresidente tomando en consideración las omisiones de la Procuraduría de la Ética así como las últimas revelaciones y declaraciones ante la comisión de los exdirectivos del Banco de Costa Rica, Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina y Alberto Raven.
Dado que no pueden girar órdenes el informe "sugiere" al Procurador que el informe de las investigaciones recomendadas para este caso concreto se deba presentar al Plenario en un plazo no mayor a tres meses.
Hacia el Ministerio Público
El viraje en el objeto de investigación de la Comisión también incluyó el hecho de que el ex superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante Elizondo, dijera que la institución nunca recomendó suspender o destituir a los entonces miembros de la Junta Directiva del BCR.
El dato es relevante por cuanto según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, los nombramientos en los cargos de la Junta Directiva son inamovibles, salvo cuando se configure una de las 6 causales que establece el artículo 25 de dicho cuerpo normativo y algunos casos establecidos en el numeral siguiente.
Debido a ello, y ante la ausencia de señalamiento de la Sugef que confirmara la existencia de alguna de esas irregularidades, la suspensión y posterior destitución de los directores bancarios pudo ser, a criterio de los diputados, una violación del principio de legalidad por parte del Consejo de Gobierno de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.
Ante eso el informe irá con copia al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República para que inicie investigaciones al respecto.
