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— Semanas atrás el concurso para determinar quién asumiría la dirección del Semanario Universidad generó ruido más allá de la UCR a partir de dos cartas enviadas al Consejo Universitario previo a la decisión.
— La polémica giró en torno a la posible injerencia que distintas autoridades universitarias podrían haber estado ejerciendo sobre el Consejo, responsable del nombramiento, lo que llevó a cuestionar el alcance de la independencia del medio.
— A la fase final del concurso llegaron dos candidatos, Ernesto Rivera Casasola (cuyo nombramiento como director precisamente era el que vencía) y Laura Martínez Quesada.
— Martínez resultó electa (para el periodo 2019-2023) con una nota de 79,48, por encima del 67,28 que logró Rivera. La formación académica adicional de Martínez (que tiene una maestría en Derechos Humanos de la UNED) y la entrevista de cada uno ante los miembros del órgano universitario, fueron los factores que definieron la calificación final, pues ambos obtuvieron el 45% correspondiente al rubro de “experiencia”.
— Pues bien, hasta aquí todo bien. Sin embargo, el día de ayer La Nación dio a conocer que la Oficina Jurídica de la UCR detectó anomalías en el concurso que pondrían en cuestionamiento su validez jurídica.
— Esto luego de que Fernando García Santamaría (vicerrector de Acción Social a.i.) solicitara un criterio en torno a la legitimidad del procedimiento.
— En la respuesta, la Oficina Jurídica determinó que el Consejo Universitario tomó una decisión ilegítima cuando definió que el resultado de la elección sería inapelable.
— Luis Baudrit Carillo, director de la Oficina Jurídica, indicó que tanto el Estatuto Orgánico de la UCR como la Ley General de Administración Pública contemplan el derecho de las partes involucradas a recurrir el resultado de los concursos.
— El otro inconveniente que encontró la Oficina Jurídica es que el mecanismo para elegir a la nueva directora es inválido, pues el Consejo se limitó a sumar las notas que obtuvieron los dos candidatos y declaró electa a la persona que sumó una cifra mayor.
— El tema es que según la normativa universitaria al tratarse de un puesto de jefatura el Consejo debió efectuar una votación, paso que los integrantes del órgano prefirieron omitir.
— La pelota le queda ahora a la Vicerrectoría de Acción Social, que deberá determinar si el concurso reunió los requisitos para formalizar el nombramiento de la nueva directora, quien asumió funciones este 26 de agosto.
