Un grupo de 39 congresistas envió una carta al Poder Ejecutivo solicitando la convocatoria a sesiones extraordinarias del proyecto de ley que pretende reactivar la pesca de arrastre de camarón en el país, técnica proscrita por la Sala Constitucional al probarse que la misma es perjudicial para el ambiente y los ecosistemas marinos.
La carta fue dirigida al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien junto al presidente de la República tiene control de la agenda del Congreso durante todo este mes de agosto y han convocado 153 proyectos, pero no el de pesca de arrastre.
El documento reseña que el proyecto en cuestión, tramitado en el expediente 21.478, tiene aprobada una vía rápida aprobada debido a la vulnerabilidad de la zona de Puntarenas desde que la técnica de pesca fue prohibida por la Sala Constitucional.
"No es conveniente detener el avance del proyecto de ley en virtud de que cada día que pasa, no solo se agudiza más la situación en las zonas costeras, sino que además, no se justifica tal decisión en virtud de que existe ambiente político y estudios técnicos que respaldan la sostenibilidad de la técnica", dice el oficio.
Los firmantes de la carta son:
- María Inés Solís, PUSC
- Xiomara Rodríguez, PRN
- Franggi Nicolás Solano, PLN
- Dragos Dolanescu, PRSC
- Wálter Muñoz Céspedes, PIN
- Luis Fernando Chacón, PLN
- Gustavo Viales, PLN
- Luis Antonio Aiza, PLN
- Ana Lucía Delgado, PLN
- AIda María Montiel, PLN
- David Gourzong, PLN
- Erick Rodríguez Steller, Independiente
- Roberto Thomspon, PLN
- Wágner Jiménez, PLN
- Carlos Ricardo Benavides, PLN
- Carlos Avendaño Calvo, PRN
- Ivonne Acuña Cabrera, Independiente
- Marulin Azofeifa, Independiente
- Karine Niño, PLN
- Daniel Ulate, PLN
- Mileidy Alvarado, PRN
- Geovanni Gómez, PRN
- Oscar Cascante, PUSC
- Pablo Heriberto Abarca, PUSC
- Aracelly Salas, PUSC
- Floria Segreda Sagot, PRN
- Nidia Céspedes Cisneros, Independiente
- Carmen Chan, Independiente
- Harllan Hoepelman, Independiente
- Pedro Muñoz, PUSC
- Erwen Masís Castro, PUSC
- Patricia Villegas, PIN
- Yorleny León, PLN
- María José Corrales, PLN
- Zoila Volio, PIN
- Jonathan Prendas, Independiente
- Rodolfo Peña, PUSC
- Shirley Diaz, PUSC
- Paola Valladares, PLN
Admisión a reformas constitucionales
El Plenario de la Asamblea aprobó la admisibilidad para estudio de dos propuestas de reforma constitucional.
La primera de ellas, tramitada en el expediente 21.067, consiste en la reducción del plazo entre la primera y la segunda ronda electoral mediante modificación del artículo 138 de la Carta Fundamental.
En este caso, 40 diputados apoyaron enviar el proyecto a una comisión especial que se conformará próximamente, para que analice la propuesta y rinda un dictamen al Plenario.
Finalmente, 46 diputados acogieron el expediente 21.382, el cual adiciona un párrafo al artículo 50 de la Constitución, para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua.
De igual forma, esta iniciativa pasará a una comisión especial que deberá conformarse exclusivamente para estudiar este expediente y luego enviar el informe a Plenario.
11 diputados frenan plan para castigar empresas que incumplan contratos de obra vial
Once diputados de los partidos Unidad Social Cristiana, Integración Nacional y otros independientes firmaron una consulta legislativa de constitucionalidad que tendrá frenado al menos por un mes más el segundo debate al proyecto que pretende inhabilitar a las empresas que incumplan gravemente los contratos de obra vial en el país.
Se trata de Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Shirley Díaz del PUSC; el independiente Erick Rodríguez; Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN, e Ivonne Acuña, Jonathan Prendas, Marulín Azofeifa, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman del bloque independiente.
Ellos suscribieron una consulta enviada a la Sala Constitucional contra el expediente 20.648, el cual se encuentra en estudio de admisibilidad del alto tribunal numerado como el caso 19-013914-0007-CO.
Según el documento, del cual Delfino.cr tiene copia, los diputados alegan ante los magistrados que la sanción de inhabilitación "viola el principio de igualdad".
"Se está creando una sanción especial para los contratistas de infraestructura vial, con un esquema más gravoso y punitivo que el general que aplica para el resto de los contratistas del Estado en sus diferentes ámbitos. En otras palabras, se estaría colocando en una posición desigual y discriminatoria a esta categoría de contratista que, al resto, sin una razón objetiva y concreta que
sustente este trato diferenciado y más severo", dice el escrito.
Regular situaciones particulares de un contratista de una obra vial, como si fuere una situación que por su importancia social, política o económica justifica distinguirlo de otras, como lo podría ser la construcción de escuelas, hospitales, acueductos, entre otros, implica un trato que a nuestro juicio podría violentar el principio de igualdad ante la ley.
De seguido, los diputados afirman que el proyecto viola el "principio de razonabilidad y proporcionalidad" porque se le otorga un "poder sancionador desmedido" a la Administración, y porque al no especificar la gravedad del incumplimiento que se sancionaría, el contratante podría considerar cualquier infracción, por mínima que sea, como grave, y con ello aplicar la sanción de inhabilitación.
Utilizando el argot futbolístico, se está eliminando la posibilidad de sacar tarjeta amarilla de amonestación para pasar directamente a la tarjeta roja de expulsión. Esto claramente podría representar una sanción desproporcionada y poco razonable.
También alegan que el texto del proyecto establece una sanción de inhabilitación sin tener derecho a una amonestación previa, con una cobertura para toda la Administración Pública sin derecho a que se aplique primero solo a le Administración contratante, y además, el rango de la inhabilitación es de 3 a 10 años y no de 2 a 10 años como está establecido para el resto de contratistas del Estado.
Los congresistas también dijeron a la Sala que la norma que traslada la inhabilitación a todo el grupo económico y a nuevas empresas creadas para evadir la sanción, por ejemplo, le cierra las puertas a la posibilidad de que una empresa con problemas financieros por los cuales incumplió algún contrato, pero con activos valiosos, pueda ser adquirida por otra empresa.
Denuncia por lobby
La diputada Ana Karine Niño del Partido Liberación Nacional (PLN) y una de las principales impulsoras de este proyecto heredado del diputado Michael Arce Sancho del periodo 2014-2018, denunció el martes en el Plenario legislativo que la consulta presentada por el grupo de 10 congresistas tiene textos iguales a las observaciones que el exdiputado Otto Guevara había enviado al diputado Jonathan Prendas.
Niño denunció, además, que ninguno de los firmantes de la consulta se acercó a ella de manera directa para plantear las dudas de constitucionalidad que ahora formularon ante la Sala Constitucional para tumbar el proyecto.
Me parece importante que el país se dé cuenta que quienes firmaron esa consulta ninguno de ellos, ninguno se acercó a hablar conmigo de manera directa.
"Creo que la política se puede hacer diferente, y voy a seguir luchando con este y con cualquier otro proyecto. El compromiso de Liberación Nacional ha sido así toda la vida y esta fracción lo ha demostrado. Esto no va a ser la excepción, pero sí es importante que la gente sepa y que todos los costarricenses sepan a qué atenerse cuando tomamos decisiones. Y esta es una decisión importante y aquí estamos para responderle a Costa Rica", agregó la diputada.
El independiente Erick Rodríguez Steller afirmó en el Plenario legislativo que presentar la consulta de constitucionalidad era una facultad que tienen los diputados y que él no le veía ningún problema. "Si el suelo está parejo, ¿por qué brincan?"
Yo no le veo ningún problema. Ya sea que lo haya hecho Otto Guevara o el papa Benedicto XVI, yo no tengo ningún problema en hacer ese tipo de consultas, no tengo el más mínimo problema. Me parece que aquí no hay que tener miedo, la Sala decidirá si sí o no, más bien con esto blindamos el problema. Aquí no hay una falta de transparencia. ¿Acaso hay que estarlo consultando antes de hacer ese tipo de consultas constitucionales?
Freno por al menos un mes
La consulta legislativa planteada por los diez diputados mantendrá suspendida la votación definitiva del proyecto de ley por al menos un mes, una vez la Sala Constitucional reciba el expediente de la iniciativa. El plazo, inclusive, podría extenderse si los magistrados solicitan prueba para mejor resolver.
Los eventuales señalamientos de inconstitucionalidad que hagan los magistrados no son vinculantes, ya que los reclamos se refieren a aspectos de fondo y no de procedimiento. Solo estos últimos son vinculantes para la Asamblea.
