Quince diputados de Restauración Nacional y sus tránsfugas, así como una de la Unidad Social Cristiana votaron en contra un proyecto de ley que pretende la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las escuelas de Costa Rica.
Se trata del expediente 21.206 denominado "Adición del inciso g) al artículo 3 de la Ley N° 2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de Setiembre de 1957" y cuya votación en primer debate tuvo lugar este lunes en el Plenario de la Asamblea Legislativa, sin ningún tipo de discusión a favor o en contra.
Con la reforma se pretende que el artículo 3 de la Ley 2160 se lea en adelante así:
ARTICULO 3º.- Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará:
-
- a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad;
- b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos;
- c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de los valores cívicos propios de una democracia;
- d) La trasmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo psicobiológico de los educandos;
- e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales;
- f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social.
- g) El estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, sus principios y alcances.
La iniciativa fue presentada por Jorge Luis Fonseca y Carlos Ricardo Benavides del PLN, Enrique Sánchez del PAC, Patricia Villegas del PIN, María Vita Monge del PUSC e Ivonne Acuña de los independientes ex-RN.
Sin embargo, Acuña pese a ser proponente del proyecto, no apoyó el dictamen del mismo emanado de la Comisión de Derechos Humanos y fue una de las que votó en contra en primer debate este martes.
Junto a ella votaron en contra también los tránsfugas Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpizar, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes. De Restauración Nacional votaron todos en contra: Carlos Avendaño, Mélvin Nuñez, Eduardo Cruickshank, Floria Segreda, Xiomara Rodríguez y Mileidy Alvarado.
Finalmente, la socialcristiana Shirley Díaz también votó en contra, para un total de 15 oposiciones y 35 diputados a favor de la iniciativa, la cual irá a segundo debate el próximo 20 de agosto.
Quienes plantearon inicialmente la propuesta afirmaron que la misma tiene como fin convertir a Costa Rica en el primer país que lleva a cabo el esfuerzo solicitado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y asegurar que las libertades fundamentales consagradas en la Declaración sean universalmente conocidas, comprendidas y aprovechadas por todos los habitantes, en cualquier lugar, y al ser implementadas lleguen a ser una realidad viviente.
"Por lo tanto, es necesario aprobar las iniciativas de ley, para que la educación contemple el conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las escuelas y los colegios de nuestro país, y les brinden a los educadores las herramientas para hacer efectivos en nuestra sociedad costarricense los valores contenidos en esta Declaración", dijeron Fonseca, Benavides, Sánchez, Villegas, Monge y Acuña cuando presentaron el proyecto.
Cabe resaltar, además, que todas las instituciones consultadas sobre el expediente se pronunciaron a favor.
La Defensoría de los Habitantes dijo compartir la intención del proyecto de ley en cuanto a promover la formación de los estudiantes, mediante Educación en Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) calificó de "gran importancia" el fortalecer el espíritu democrático y la defensa de los Derechos Humanos en Costa Rica y el Patronato Nacional de la Infancia dijo apoyar el expediente pues la normativa propuesta redundará en el beneficio de todo ser humano y dentro de estas, las personas menores de edad.
También el Ministerio de Educación Pública manifestó su apoyo y el Consejo Superior de Educación dijo que el proyecto es "loable", ya que pretende asegurar que las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos sean universalmente conocidas, comprendidas y aprovechadas por todos los habitantes de nuestro país.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En ella se recogen los derechos humanos considerados básicos.
Dicha Declaración inicia por establecer que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; y que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Entre los derechos que incluye están el derecho a la vida, libertad, seguridad, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, asilo, nacionalidad, propiedad, libre reunión y expresión; la prohibición de la esclavitud, la trata de esclavos, torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Inclusive, si se contrasta la Constitución Política vigente en Costa Rica con la Declaración Universal de Derechos Humanos se encontrarán importantes similitudes.
Esperamos que quienes votaron en contra hagan públicas sus argumentaciones próximamente, y que sean fundamentos de peso, no el ya quemado estribillo del "adoctrinamiento PAC" a la niñez y la juventud...
La oposición empieza a pasar la factura por el acuerdo Gobierno-CCSS-Sindicatos
El acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los sindicatos del sector salud, con el cual se puso fin a la huelga en la institución, empieza a pasarle factura política al Gobierno desde la oposición.
La primera medida tangible fue la protesta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la cual realizó un receso durante toda la tarde para no conocer los proyectos en agenda, incluido el que permitiría a la gente retirar el 100% de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.
A través de un vídeo que envió a la prensa, la presidenta de la Comisión, Ana Lucía Delgado del PLN afirmó que el acuerdo alcanzado pisotea la legalidad del plan fiscal y que el receso era necesario para que las fracciones decidieran lo que harán con el proyecto de quinto presupuesto extraordinario que se conocerá este miércoles en la Comisión en horas de la tarde. Dicho proyecto contiene los recursos que el país debe entregar como capitalización al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para acceder al crédito de apoyo presupuestario que Hacienda negoció.
El tema se trasladó al Plenario. Allí Erick Rodríguez afirmó ver horrorizado, con temor, susto, e ira cómo el Poder Ejecutivo había abdicado.
El Poder Ejecutivo ayer abdicó y se dejó chantajear por grupos sindicales que decían que luchaban contra la privatización. Resulta que entre los grandes acuerdos está pago bisemanal ¿qué es, que si el pago no es bisemanal, 14 salarios al año en lugar de 13, la Caja se privatiza? Esa era la gran lucha contra la privatización. Que se mantengan los pluses de manera porcentual ¿qué es, que si no se mantienen de manera porcentual, la Caja se privatiza? Ustedes no lucharon por la Caja, lucharon por sus gollerías, sus privilegios y se encontraron con un blandengue en Zapote que para gritar en Guanacaste sí tenía galillo.
Nuevamente habló Ana Lucía Delgado y anunció que serían vehementes y rigurosos con el trámite de presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias que lleguen a la Asamblea; así como que Macaya debía comparecer ante los diputados para explicar el acuerdo. De seguido, leyó un comunicado emitido por la fracción del PLN en el cual se repudiaba el acuerdo suscrito un día antes.
Desde este momento nos manifestamos contundentemente opuestos a todo acuerdo que busque la no aplicación de las normas establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con enorme sacrificio aprobamos para darle un respiro a la economía nacional, y que por lo tanto atenta y pretenda debilitar los impactos de la puesta en marcha de una serie de medidas aprobadas para colaborar con el combate de la crisis fiscal.
Minutos después, los diputados Luis Antonio Aiza y Paola Valladares emitieron pronunciamientos en los que indicaban no suscribir el comunicado del resto de la fracción.
Aiza dijo que en su caso particular es consecuente con sus palabras y acciones; por lo que así como cuando se tramitaba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se salió del Plenario para no ser parte de una votación que involucraba al gremio médico, "hoy no voy a ser partícipe de este comunicado de la fracción". Valladares dijo que "no comparto la opinión emitida en el comunicado de prensa de la fracción del Partido Liberación Nacional, soy consecuente con mis convicciones y mis acciones".
Los oficialistas Nielsen Pérez y Enrique Sánchez afirmaron al Plenario que no se estaba negociando nada sobre la regla fiscal, ya que ese tema fue definido por la ley (que expresamente excluye el Régimen No Contributivo y al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte) y por la Sala Constitucional (que incluyó en la excepción también al Seguro de Enfermedad y Maternidad).
"No se ha negociado en contra de lo que se ha legislado. No se negociaron aumentos ni incentivos, en lo que no hubo acuerdo, lo único, se judicializó", dijo Pérez.
Por su parte, Sánchez resaltó que era importante que la huelga terminara y que el plan fiscal, en lo que respecta a empleo público, se aplica en la Caja desde el 4 de diciembre cuando entró en vigencia.
Se redujo el tope de cesantía de 20 a 8 años, se aplicó la Renta de salarios, se aplicó prohibición y dedicación exclusiva. Existe diferendo en la forma de cálculo de las anualidades pasadas. Diferendo que se resolvió entre CCSS y sindicatos y luego entró en contradicción con un decreto de Hacienda. Es falso que la regla fiscal se haya desaplicado, la desaplicamos nosotros y la Sala IV
El PUSC, por su parte, suscribió una carta a la contralora general, Marta Acosta, solicitando que se declaren nulos los acuerdos entre la Caja y los sindicatos, y se abra una investigación para sentar responsabilidades.
Horas más tarde, el Comité Ejecutivo del PLN anunció que el partido no apoyaría los empréstitos que actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa, salvo que se establezcan condiciones y controles claros sobre el uso y manejo de los mismos y el respeto a las leyes aprobadas.
A pesar de la amenaza de que fracase el quinto presupuesto extraordinario y los empréstitos de apoyo presupuestario con el CAF y el BID, el Ejecutivo no ha enviado un decreto de desconvocatoria de esos proyectos a sesiones extraordinarias...
La discusión está lejos de terminar, pues se aprobó una moción para que la sesión de este miércoles se dedique a un debate reglado sobre el tema.
Proyectos aprobados
Este martes se aprobaron dos proyectos de ley en segundo debate y cinco en primer debate (incluido el que anteriormente señalamos)
El primero en recibir la votación definitiva fue el expediente 19.806 denominado "Adhesión al convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños", cuyo propósito es implementar y mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes en conflicto, cuya resolución del caso puede involucrar sistemas jurídicos de países diferentes. De esta manera, se prevé la solución de este tipo de conflictos relacionados con la materia de competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la eventual ejecución de medidas de protección a favor de las personas menores de edad que así lo requieran.
En total, 51 diputados dieron visto bueno al proyecto.
De seguido, 49 diputados dieron segundo debate al expediente 21.517 denominado "Reforma de los artículos 164 y 170 de la Ley N.° 8764, Ley General de Migración y Extranjería, de 19 de agosto de 2009". Dicha iniciativa era solicitada por los controladores aéreos, ya que se les hacía responsables si un avión despegaba sin chequeo de migración clarificado. Ahora, esa responsabilidad recae sobre el funcionario de Migración e incluye una multa de $10 mil para el medio de transporte internacional que abandone Costa Rica sin la autorización de la Dirección General de Migración.
En primer debate, 49 diputados a favor y 1 en contra (Zoila Volio) se pronunciaron sobre el expediente 20.853 denominado "Ley para la Celebración del Día de la Cultura China e Incorporación de Actividades Educativas y Culturales".
El expediente 20.889 llamado "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria" recibió 48 votos a favor y 1 en contra (Pedro Muñoz), por lo que pasa a la Sala Constitucional para su revisión previa al segundo debate.
El expediente 21.260 denominado "Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios" se aprobó también en primer debate con 49 diputados, y de igual forma pasa a revisión de la Sala Constitucional.
Finalmente, 49 diputados apoyaron el expediente 20.205 "Reforma al artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas". También se le conoce como Ley contra el Adultocentrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven y como este nombre lo dice, pretende defender los derechos de opinión, valoración y criterio de todas las organizaciones juveniles cantonales para que elijan la presidencia del comité mediante un método totalmente democrático y participativo.
