A tan solo minutos de que se le diera la votación definitiva para enviarse a firmar como Ley de la República, un grupo de diputados frenó la aprobación del expediente 20.554 que quitaría 800 millones de colones al año a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su programa de lucha contra el cáncer, para destinarlo al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
La iniciativa fue presentada por 47 diputados en julio de 2018 y recibió la votación en primer debate días atrás. Ello obligó a la CCSS a lanzar una campaña alertando de los efectos negativos que tendrá el que se le quiten esos recursos y hasta inició una campaña de recolección de firmas en Change.org que a la medianoche de este miércoles rondaba los 20 mil apoyos.
La Caja sostiene, por ejemplo, que cada día hay 30 casos nuevos de cáncer en Costa Rica y que los 800 millones de colones que le serían quitados son usados actualmente para la atención de pacientes, la formación de profesionales, la compra de equipos y la educación en las comunidades.
¿En qué consiste el proyecto? De la actual distribución de recursos por el Impuesto al Tabaco, quitarle un 5% a la Caja del Seguro para dárselo a Icoder, bajo el alegato de que la institución tiene dineros por ese tributo sin ejecutar. De este modo, la Caja pasaría de tener el 60% de lo recaudado a 55%, y el Icoder pasaría de 15% a 20%.
Sin embargo, la Junta Directiva de la Caja dejó clara su oposición desde el trámite en comisión del proyecto y el doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la Caja indicó que todos los recursos son usados de inmediato o se reservan para proyectos que están en marcha en algún punto de planificación.
Con estos fondos se ha fortalecido el diagnóstico temprano de los cánceres más comunes en el país para dar mayor oportunidad de sobrevida o recuperación, entre ellos el de mama, de cérvix, de estómago, de próstata y piel. Sin embargo, algunos fondos comprometidos no se presentan como ejecutados porque no han terminado su proceso de desarrollo por lo que se ha dado a entender que no se usan, cuando ocurre lo contrario: están totalmente asignados a grandes compromisos que impactarán a los pacientes.
Aunque estaba listo para el segundo debate, un grupo de diputados presentó ante la Sala Constitucional una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, lo que obligó al presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, a suspender cualquier votación a la espera del pronunciamiento de los magistrados. La gente que se encontraba en la barra del público oponiéndose al proyecto celebró la decisión y procedió a retirarse del Congreso.
Este golazo al minuto 90 causó profundo malestar en el principal impulsor de la iniciativa, el Dr. Luis Antonio Aiza de Liberación Nacional, quien alegó que el documento no tenía el "recibido" de la Sala y que por eso el procedimiento estaba viciado.
Aquí tengo el recibo que ustedes dicen que enviaron a Sala Constitucional, no tiene el entregado ni el recibido de la Sala Constitucional, eso es un procedimiento que está viciado lo que hicieron ustedes, me parece que sienta un precedente bastante grande en esta Asamblea Legislativa.
La secretaria del directorio, Laura Guido tuvo que solicitarle a Benavides que retornara a la silla presidencial para que defendiera la decisión que había tomado de suspender el segundo debate del proyecto.
El presidente legislativo explicó a Aiza que, de forma novedosa, la consulta fue planteada ante la Sala por la vía electrónica.
Me han presentado prueba de que el proyecto ha sido presentado a la Sala por la vía electrónica, lo cual es una vía novedosa de presentar el proyecto. Le he advertido a los consultantes la imperiosa obligación de presentar el escrito también durante el resto de la sesión, sin embargo, sí me trajeron prueba de la presentación de la consulta, la cual incluso tiene número de expediente 19-011623-0007-CO, la cual ya se muestra en el portal de consulta en línea del Poder Judicial y yo no puedo, mi querido diputado, hacer caso omiso de esa realidad.
Así las cosas, queda pendiente que: la Sala admita la consulta (que debe ir firmada por no menos de 10 diputados); que la Sala solicite el expediente del proyecto; y que los magistrados emitan pronunciamiento en el plazo de un mes, una vez reciban dicho expediente.
Proyectos aprobados
Los diputados tuvieron una ajetreada agenda de proyectos este martes: un segundo debate y seis primeros debates.
El primero en recibir votación fue el expediente 20.554, denominado "Ley de Protección de Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza", apoyado por 43 diputados y sin que ninguno votara en contra.
El recuadro en la curul 57 (David Gourzong) significa que el legislador participó de la discusión del asunto, pero no estuvo presente en la votación, por lo que debería perder la dieta de este día según artículos 7 y 105 del Reglamento.
Este proyecto pretende regularizar la condición migratoria de la mayor parte de la población indígena transfronteriza (personas indígenas Ngäbe-Buglé), que tienen muchos años de residir en Costa Rica y cuentan con vínculos familiares con costarricenses.
Con esta nueva ley se garantizará el reconocimiento pleno de los derechos humanos del pueblo indígena Ngäbe-Buglé que habita en territorio costarricense o panameño, en concreto, su derecho a la nacionalidad, cuya negación hasta la fecha tiene consecuencias como limitación al acceso de la salud, la seguridad social, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda y en general a una vida digna.
Luego 39 diputados aprobaron en primer debate el "Protocolo Relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual actualiza el marco jurídico dirigido en abolir el trabajo forzoso a través de medidas de prevención y protección, las acciones jurídicas y de reparación necesarias para la supresión efectiva del trabajo forzoso u obligatorio.
De seguido se aprobó el expediente 20.014 "Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales" con 39 votos a favor y ninguno en contra.
Esta iniciativa desarrolla un marco jurídico internacional más claro para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales y cinematográficas, reconociendo derechos morales y patrimoniales por su participación en medios audiovisuales de comunicación tradicional o bien a través de las redes digitales; además, destaca la facultad de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales de obtener remuneración por la explotación de sus interpretaciones o ejecuciones.
Por tratarse de instrumentos internacionales, los dos expedientes anteriores deberán ser revisados por la Sala Constitucional, antes de que puedan ser votados en segundo debate.
Posteriormente se le dio primer debate al expediente 20.637 "Ley de impuestos municipales del cantón de San Rafael de Heredia", el cual viene a actualizar las tarifas de las patentes de ese municipio. 40 diputados votaron a favor.
Esa misma cantidad de diputados le dio primer debate al expediente 20.840 "Adición de un capítulo de acceso a la justicia a la Ley N.° 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad", con el cual se pretende fortalecer e incorporar formalmente en el ordenamiento jurídico la promoción de las medidas, facilidades, servicios y apoyos técnicos, a efectos de garantizar que todas las personas con discapacidad accedan sin discriminación alguna a los servicios judiciales para ejercer su derecho a una justicia pronta, cumplida e inclusiva.
Luego se aprobó el expediente 21.485 "Ley de Moratoria para la Aplicación de Sanciones Relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA)" y con el cual se suspende durante tres meses la aplicación de multas por el IVA, a efectos de que la gente tenga una curva de aprendizaje sobre la forma en que debe declararlo a Hacienda cada mes.
Previo a su primer debate, los diputados le hicieron dos cambios de fondo al texto: reducir de seis meses a tres la moratoria; y especificar que la misma no aplicará para grandes contribuyentes, grandes empresa ni para casos de fraude a la Hacienda Pública.
Finalmente, 39 diputados le dieron primer debate al expediente 20.233 "Autorización al Ministerio de Cultura y Juventud para donar terreno del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón", cuyo nombre habla por sí mismo sobre el propósito que busca.
Breves
— La diputada Ana Karine Niño del PLN realizó una publicación en Facebook que arroja luz sobre el por qué el proyecto para inhabilitar a las empresas que incumplan al Estado en los contratos de conservación vial no ha logrado ser aprobado en el Plenario: miedo, presiones... en fin: lo mismo de siempre.
— La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar se apersonará al Plenario este miércoles para exponer el plan de Hacienda con los eurobonos que ya fueron aprobados en primer debate. No se trata de una interpelación, sino del uso del artículo 145 de la Constitución que permite a cualquier ministro hablar en el Plenario de la Asamblea cuando a bien lo tenga.
— Dos proyectos de ley emanados a raíz de la polémica por los Panama Papers fueron archivados este martes al vencerse su plazo cuatrienal, y luego que los diputados negaran sus votos para extenderles la vida legislativa por cuatro años más.
Se trata de los expedientes 19.639 y 19.640, que pretendían facilitar el acceso a información de trascendencia para investigaciones de Hacienda y modernizar el Código Tributario para cerrar portillos a quienes usan entramados de sociedades para evadir, respectivamente.
