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— Mientras todo el Poder Ejecutivo se encuentra en la ya tradicional gira por la provincia de Guanacaste previa a la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya, en el pueblo de La Roxana del cantón de Nandayure, la Asociación para la Gestión Social y Productiva la Roxana corre para evitar que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) la prive del uso de las instalaciones del Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (CEPROMA) en la sede de la comunidad.
— Así nos lo hicieron saber los miembros de la Asociación esta semana, cuando nos relataron los detalles del proceso que iniciaron hace más de seis meses, luego de que la actual administración de la entidad entrase en funciones y se percatara de que un desorden de administraciones pasadas, los tenía al borde de un abismo que afectaría directamente a decenas de pequeños productores de la zona.
— Los CEPROMA son entidades que nacen a partir del Plan Nacional de Alimentos como unidades de negocios en los territorios rurales y su función es que los pequeños productores que siembran alimentos básicos tengan apoyo para hacerle frente al mercado. En las instalaciones y con la maquinaria que el INDER les entrega, los microempresarios procesan y guardan sus productos y además, según los datos del Instituto estos centros proveen de empleo a aproximadamente 500 personas de forma permanente y temporal a lo largo del país en zonas rurales consideradas de riesgo.
— Lo que sucedió en La Roxana es que la Asociación tiene vencidos los permisos de uso desde el 2015 por problemas que la actual administración achaca a las anteriores gestiones; además, y a pesar de, las autoridades del INDER los han dejado trabajar sin freno hasta marzo de este año cuando se presentó la primera alerta.
En marzo, el INDER nos solicitó que realizáramos los trámites para renovar el permiso de uso pero la administración del CEPROMA no se lo informó a la Junta. Por eso en junio, cuando los miembros de la Junta pidieron audiencia con el INDER para revisar el tema de los permisos, el INDER llegó con un ultimátum.
— Este ultimátum —que se comunicó el día 19 de junio— se debió a que "se identificaron una serie de incumplimientos e inconformidades tanto administrativas como de la capacidad productiva y organizativa, que fueron comunicadas respectivamente a la organización beneficiaria, dentro de los cuales se destacan entre otros, como de urgente atención los elementos vinculados a la formalización de la actividad productiva de la organización. El estudio recomendaba el finiquito del permiso de uso asignado a esta organización, en vista de que dichas inconformidades identificadas no habían sido atendidas", según nos indicó el INDER tras una consulta realizada por este medio.
— La Asociación asegura que tras este llamado de atención corrieron a cumplir con todos los requisitos de renovación de los permisos; sin embargo, esta gestión obtuvo una respuesta negativa por parte de la institución que les pidió devolver la administración del lugar.
— Es importante señalar que aunque los miembros de la Asociación se refieran al tema como un "desalojo", el INDER aseguró que "la institución no realiza desalojos, lo que corresponde en un proceso administrativo de finiquito de dicho permiso de uso, ante los incumplimientos reiterados y no atendidos por las organizaciones beneficiarias". Aún así, se llame A o se llame B, lo cierto es que para la Asociación la afectación sería igual de grande:
A nosotros no nos pueden desalojar, tenemos demasiado arroz aquí en las bodegas, más de 1500 quintales y ¿cómo vamos a ir a decirles a los socios que nos teníamos que ir, con la inversión que hizo cada uno (aproximadamente 100.000 colones cuando se abrió el Ceproma)?
— La Asociación asegura que la decisión de quitarles los derechos de uso de las instalaciones se tomó "sin importar la afectación que pudiera resultar de las decisiones para los pequeños productores parceleros por los cuales se había construido esos edificios" y que por eso "consideramos un atropello a la clase pobre y campesina que conforma esta pequeña asociación de productores, porque les están despojando de las instalaciones sin escuchar apelaciones y a pesar de que ya entregamos todos los requisitos, lo cual consideramos poco responsable y una broma de mal gusto, sabiendo los errores que las anteriores administraciones han cometido y su actuar de mala fe con nosotros". Los miembros además agregan que no tenían las "bases académicas para saber todo lo que se requería" y que eso les jugó en contra ahora que, cuatro años después, el INDER llega a pedirles las llaves.
— Por ello es que empezaron un proceso de apelación que tiene como base que el INDER los ha dejado trabajar sin permisos durante los últimos 4 años y que ahora, que ya presentaron todos los requisitos, no deberían quitarles los derechos de uso del sitio. Esta apelación ya llegó a oídos de la primera dama, Claudia Dobles Camargo, con quien los personeros de la Asociación conversaron durante la gira de la jerarca la semana pasada en la zona. Según la asociación, en el despacho "quedaron en resolver pero no nos han contestado".
— En el INDER, sin embargo, parece que la apelación sí empezó a moverse pues aunque el proceso de entrega de instalaciones estaba agendado para el día de hoy, "dicho estudio está siendo valorado nuevamente por la oficina regional, para definir si acoge total o parcialmente los elementos descritos en dicho estudio, y coordinar eventualmente con la organización los aspectos necesarios para el desarrollo formal de la actividad", según nos aseguró el Instituto en la consulta realizada.
— Estamos hablando de decenas de productores de zonas rurales que se verían sumamente perjudicados si el proceso avanza y por eso es imposible perderle el ojo a estos temas, muchísimo menos ahora que nos podemos dar una noción más clara de cuál es la situación económica del país. Nos mantendremos atentos.
Bonus Track: Ejecutivo decreta emergencia por déficit hídrico en Guanacaste y otras regiones del país.
