33 diputados aprobaron en primer debate el contrato de préstamo entre Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el programa de seguridad y conservación del Teatro Nacional cuyo monto asciende a los $31.3 millones.
La votación afirmativa al expediente 20.810 se dio tras un debate que se extendió por por más de 3 horas y donde intervinieron 19 diputados de diversos grupos parlamentarios, unos para hablar a favor y otros en contra.
Aunque los votos favorables del PLN, PAC, PIN, FA, PRSC e independientes fueron más que los negativos del PUSC y PRN, el proyecto se tambalea pues al tratarse de un empréstito, por norma constitucional requiere para su aprobación en segundo debate 38 votos a favor como mínimo.
Ello implica que el juego de las matemáticas y las oportunidades entra en juego ahora. 10 diputados estuvieron ausentes de la votación: 4 del PLN, 2 del PUSC, 1 del RN, 2 independientes ex-RN y 1 independiente ex-PIN.
Para alcanzar los 38 votos necesarios para el segundo debate, los defensores del proyecto requieren tener asistencia perfecta el próximo 1 de julio cuando se conocerá en segundo debate y además, garantizarse que los diputados ausentes del PLN de este martes vayan a votar a favor.
Si el empréstito no alcanza los 38 votos favorables el 1 de julio, se irá al archivo y el Gobierno se verá obligado a renegociar desde cero con el BCIE.
El debate del proyecto dejó intervenciones de todo tipo.
Mileidy Alvarado, diputada de Restauración, resaltó que las "obras complementarias" del proyecto desvirtuaron el fin inicial del préstamo: prevenir un incendio mediante la instalación de un sistema que evite los mismos. De igual forma hizo una recapitulación por todos los préstamos internacionales que se encuentran vigentes y que no han sido ejecutados por diversas instituciones; y cuestionó si la intervención que se hará al edificio comprometerá la declaración de patrimonio que sobre él pesa.
Enrique Sánchez, diputado del PAC, dijo que sin las obras complementarias contempladas en el préstamo, el Teatro seguirá siendo una bodega, sede de oficinas y por ende, en riesgo. Asimismo resaltó que en el último año 63 mil estudiantes de zonas rurales asistieron gratuitamente al Teatro, por lo que el mismo debe ser protegido para los próximos 100 años.
Wágner Jiménez, diputado del PLN, justificó que su voto a favor se debía a su convencimiento de que el arte y la cultura tienen poco peso, pero mucho valor emocional e histórico; garantizar la transmisión cultural para las próximas generaciones; y porque el préstamo fue analizado de forma clínica por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, donde el Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos descartó que el monto del préstamo sea excesivo.
Yo no deseo ser responsable de una negativa para garantizarle una intervención integral al Teatro Nacional de Costa Rica. Los niños y jóvenes esperan que los espacios que representan orgullo nacional prevalezcan a través del tiempo. Con esos $31 millones no se podría construir un nuevo Teatro Nacional si la edificación actual se llegase a quemar en algún momento.
Laura Guido, diputada del PAC afirmó que el proyecto viene trabajándose desde hace más de 10 años y que actualmente el mismo cuenta con 254 láminas de planos y más de 1000 folios con especificaciones técnicas, además que existe riesgo de un cierre del Ministerio de Salud y que hay oficinas administrativas en el mismo lugar donde se encuentran obras artísticas de alto valor.
Mélvin Nuñez, diputado del PRN, dijo la frase más.... memorable de esta discusión.
Y si se quema [el Teatro], bueno hay que revisar, hay que hacer la investigación, porque aquí se habla mucho que se va a quemar, ya casi se quema. Bueno diay, ¿cuántas cosas se han quemado aquí?, y no se sabe quién fue. Pero si lo estamos anunciando ya estamos advertidos. ¡Cuidado! ¡Cuidado lo dejan quemarse! ¡Llamen a los Bomberos! Por favor, mucho de esto es porque hacen las cosas donde quieren pasar todo con atropello
María Inés Solís, jefa de fracción del PUSC, insistió en que saben que se tiene que solucionar el tema del sistema eléctrico, pero no entienden por qué los $31 millones, el túnel y el edificio anexo. De igual forma, dijo que en dos ocasiones la bancada socialcristiana le hizo saber al Ejecutivo que en los términos actuales, el préstamo no tendría sus votos y que lo mejor era renegociarlo, pero que la respuesta fue "todo, o nada".
Quien aprueba este préstamo no ama a los costarricenses que la están viendo fea.
José María Villalta, diputado del FA, dijo que durante la discusión se habían usado argumentos falaces, como decir que la inversión era demasiado alta y recordó que es la primera vez en más de 10 años que a la Asamblea Legislativa llega un préstamo para el sector cultura. De igual forma, señaló que los economistas han dicho que para reactivar la economía en el corto plazo es necesario invertir en infraestructura de obra pública y que el presupuesto para el sector cultura en el Presupuesto Nacional del 2019 es de apenas 0,4% del total.
Carmen Chan, diputada independiente, manifestó que el proyecto es de gran importancia no solo por razones culturales e históricas, ya que se trata de la conservación de un edificio patrimonial que aporta al desarrollo del arte y la cultura nacional, sino además porque es un motivo de atractivo turístico, fuente generadora de empleos directos e indirectos y de sustanciales ingresos para el país.
No podemos esperar que el deteriorado sistema de electricidad o de seguridad contra incendios provoque un siniestro, y producto de esto mueran o se accidenten personas. No tiene sentido poner en peligro la vida de costarricenses o extranjeros que visitan el Teatro, y sobre todo si los criterios para detener el empréstito no son técnicos y defienden la tesis de que ahora no es el momento de intervenir esta obra por la situación económica del país.
Yorleni León, diputada del PLN, anunció que que votaría en contra a modo de protesta por venir de una región donde el arte y la cultura es "un pecado capital".
A mi no me representa el Teatro Nacional, sino las casas de la cultura de Guápiles, Siquirres, Limón o Puerto Viejo. Esos son mis teatros nacionales.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC, advirtió que a él no le van a endilgar si le pasa algo al Teatro por haber votado en contra del crédito, ya que los responsables de ese edificio son sus administradores, no los diputados.
Ivonne Acuña, diputada independiente, dijo que aunque existan dos Costa Ricas, no se puede poner en peligro la única joya arquitectónica que tiene el país y relató que los camerinos del Teatro se usan para oficinas administrativas; y que dentro del inmueble hay recipientes con 600 litros de diésel.
Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea, afirmó que Teatro Nacional solo hay uno y que nuestros antepasados lo construyeron aún cuando en esos tiempos Costa Rica era más pobre de lo que es hoy. "Si hubiesen pensado en eso, no habrían construido ni un salón comunal".
El San José que perdimos por inútiles lo dejamos ir. El Teatro Nacional es uno de los pocos edificios que nos quedan. Lo que el Teatro representa no tiene valor numérico.
Eduardo Cruickshank, diputado del PRN, empezó su discurso diciendo que el Teatro no se iba a quemar, que tenían derecho de cuestionar el monto del empréstito y que el Valle-Centralismo salvaje ha privado a los costarricenses de tener acceso a todas las cosas como los demás.
Los cristianos decimos 'la vida y la muerte está en poder de la lengua'. Como el poder de la vida y la muerte está en la lengua, yo declaro que el Teatro no se va a quemar, como sí se quemó el Teatro Nacional de los limonenses: el Black Star Line.
Dictaminado tercer presupuesto extraordinario y presentado el número cuatro del 2019
La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el 2019, aunque el Ministerio de Hacienda ya alertó que las modificaciones realizadas vía moción por los diputados le debilitará al Estado el brindar servicios a la ciudadanía.
A través de la fracción oficialista, el Gobierno dijo que los diputados de Liberación, Unidad y Restauración impidieron crear plazas que ya tenían contenido presupuestario destinadas a los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Servicio Nacional de Salud Animal, Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Hacienda y Gerencia de la Terminal de Contenedores de Moín.
Específicamente, el PAC reportó que la medida adoptada tendrá las siguientes implicaciones:
- Imposibilidad de crear 41 plazas de personas del CEN CINAI que atiendan servicios de mejora de la protección y la salud nutricional de la población materno-infantil y del desarrollo de la niñez. De estas, 36 plazas eran para oficinas en varios territorios del país.
- Imposibilidad de crear 17 plazas de Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y 15 plazas del Servicio Fitosanitario del Estado para la vigilancia y protección de la salud animal, salud pública veterinaria; así como el control, regulación de la importación y exportación de productos agrícolas; registro control y regulación de sustancias químicas y biológicas de uso agrícola y certificación de la condición fitosanitaria de productos de exportación que se realizan en puestos fronterizos, puertos y aeropuertos.
- Imposibilidad de convertir 21 plazas de Servicio Civil en 15 plazas de Servicios Especiales, con mejores controles y eficiencia para el desarrollo tecnológico del Ministerio de Hacienda para ajustar las plataformas de Integra, Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF), en este período importante de atención a la población ante el cambio más importante que ha tenido el país en materia tributaria. Además de otros sistemas del área de ingresos y gastos, tal como ha sido el mandato de la Contraloría General de la República
- Imposibilidad de crear la plaza del Gerente de la Terminal de Contenedores de Moín por parte del Consejo Nacional de Concesiones, como contraparte para el buen funcionamiento que debe dar el concesionario en este servicio portuario.
De igual forma, se rechazó la rebaja de de ₡1048 millones a los CEN-CINAI como pretendía el Ministerio de Salud, pese a que la jerarca de esos centros indicó que estaba a favor del traslado, dado que es materialmente imposible para la institución ejecutar la totalidad de los montos que los legisladores le aprobaron en el presupuesto ordinario, ya que fueron superiores a los que originalmente fueron solicitados. Es decir: los diputados se negaron a recortar un presupuesto cuya jerarca reconoció no le es posible ejecutar.
Finalmente, el dictamen contiene 40 mil millones de colones para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los cuales se destinarán de la siguiente forma:
- ₡3.600 millones al fideicomiso San José- San Ramón
- ₡26.400 millones en proyectos de conservación vial
- ₡4.500 millones en el puente sobre el río Virilla, ruta 32
- ₡3.250 millones para la ampliación de la ruta nacional 147 (Lindora)
- ₡1.300 millones para el diseño y construcción del puente General Viejo
- ₡700 millones en la construcción de puentes menores en la ruta nacional 121 San Rafael de Escazú- Ciudad Colón
- ₡250 millones en el puente binacional Sixaola.
Por otro lado, este mismo martes se le asignó a la Comisión de Hacendarios el conocimiento del Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República de este 2019, el cual incluye el salvavidas financiero para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por 23 mil millones de colones.
Según justificó el Gobierno públicamente, dicho presupuesto busca garantizar los fondos necesarios para dar cumplimiento a las urgentes necesidades que enfrenta esta entidad:
- Pago de planilla por tres meses.
- Aplicación del proyecto de ley 21.426 para la modernización de la institución, presentado el 28 de mayo y que cubre los derechos laborales ya adquiridos y el incentivo adicional contemplado en esa iniciativa.
- Otorgamiento de fondos para la creación de un régimen de prejubilación.
Instalada la Comisión Especial que investigará las campañas electorales del PAC
La comisión especial conformada para investigar exclusivamente las campañas electorales del Partido Acción Ciudadana en las que Ottón Solís Fallas fue candidato presidencial quedó instalada este martes.
La misma la integran Gustavo Viales y Franggi Nicolás del PLN, la independiente Ivonne Acuña, Pedro Muñoz del PUSC, Dragos Dolanescu del PRSC, Catalina Montero del PAC y Giovanni Gómez del PRN.
Como presidente del nuevo foro legislativo quedó electo Viales, quien además ocupa actualmente la secretaría general del PLN; mientras que en la secretaría quedó electo Muñoz, quien anteriormente fue presidente de la Unidad Social Cristiana.
La comisión tendrá un plazo de 6 meses para entregar su informe al Plenario, aunque como ha ocurrido con la comisión que investiga la notificación de la Procuraduría de la Ética sobre el caso de Luis Guillermo Solís, puede ser prorrogada.
