La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y ministra de la Niñez, Patricia Vega Herrera compareció este martes ante la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia de la Asamblea Legislativa a raíz de los presuntos errores cometidos por funcionarios de la institución, a la hora de atender denuncias de malos tratos hacia menores de edad, que acabaron con la muerte de dos de ellos semanas atrás.
Por espacio de casi 20 minutos, la jerarca detalló a los diputados las carencias que enfrenta el PANI para poder realizar su labor a cabalidad y afirmó que "Costa Rica vive una epidemia de violencia infantil, que lesiona los derechos de niños, niñas y adolescentes".
Vega afirmó, inclusive, que desde hace varios meses el lugar más peligroso para los niños son sus propias casas, ya que la intimidad de ellas impide muchas veces prevenir tragedias, daños, violaciones y maltratos.
La presidenta del PANI advirtió a los diputados: "Si ustedes diputados se equivocan en el diagnóstico, se van a equivocar en la solución. Son los padres, abuelos, tíos, padrastros quienes matan y abusan a los niños. Son las familias los que no lo están protegiendo. Como país algo no estamos haciendo bien, ese análisis y las medidas remediales trasciende las competencias de PANI, entramos en temas de educación, cultura, justicia penal, migración y muchos más, son asuntos de carácter estructural".
Vega reconoció que las llamadas al 9-1-1 donde se denuncian situaciones de violencia hacia menores van en aumento, pues mientras en el 2017 se registraron 48.240, un año después la cifra cerró en 56.163. Sin embargo, alegó que no todas esas alertas se convierten en casos que deban atenderse, ni mucho menos se traducen en denuncias ante el PANI.
El PANI no es omnipresente ni omnipotente. Tenemos en el PANI a una institución creada en 1930 para proteger la niñez, que asumí en 2018 la dirección y que estamos intentando sacarla de un estado calamitoso. El PANI requiere cirugía, la hemos iniciado y con fuerza, porque las debilidades son muchas, no acaban, todo lo que se examina requiere cambio.
La jerarca detalló a los diputados "lo que encontró" cuando asumió la institución en el 2018: carencia de tecnología, ausencia de datos para toma de decisiones, una cultura de no supervisión ni control, infraestructura deficiente, recurso humano sin inducción ni capacitación, atraso en trámite de expedientes, carencia de indicadores para medir gestión, proyectos deficientes, falta de atención 24/7 los 365 días del año, ausencia de control interno ni análisis de riesgo.
Las falencias de PANI son un secreto a voces. Semejante cantidad de debilidades no se solucionan en un año, ni en cuatro.
¿Qué han hecho para solucionar esos problemas? Vega detalló algunas medidas, entre ellas, la definición del contenido de la rectoría del PANI en materia de protección de niñez y adolescencia, la cual nunca ha sido ejercida en la forma correcta; la confección de un fideicomiso de $25 millones para construir 24 oficinas locales y tres albergues, el cual está a la espera de refrendo de la Contraloría; y la creación del expediente digital que conlleva la digitalización de 5 millones de folios de oficinas locales en todo el país, el cual a la fecha está listo en 18 de las 52 oficinas locales del PANI.
De igual forma, la institución ha duplicado su planilla en los últimos años, sin embargo, lo hizo sin inducción, capacitación ni cultura organizacional. Ello obligó a las actuales autoridades a crear una unidad de capacitación, para que los trabajadores tengan "ojo hábil" a la hora de analizar las situaciones que llegan a su conocimiento.
El aumento en el tamaño de la planilla del PANI, sin embargo, no se vio reflejado en el Departamento de Recursos Humanos. Allí, según Vega, se contrataban personas con un proceso de selección y reclutamiento que calificó como "terrible".
Ahora que necesitamos contratar más gente, necesitamos que sea un proceso transparente, no lo era, que evalúe las habilidades que realmente tienen que tener los funcionarios. Dentro de esas que entraron tenía una psicóloga en Puntarenas que decía que no le gustaban los chiquitos. Eso es parte del reforzamiento intensivo que estamos haciendo en el departamento de Recursos Humanos
En el tema principal por el que fue convocada: las denuncias sin atender, Vega dijo que al inicio de su administración habían 10.705 denuncias prioridad 1 que no habían sido atendidas. Algunas de ellas, desde el año 2014 pese a que su protocolo es que esos casos deben atenderse como mínimo en 24 horas y como máximo en 5 días.
Esa situación obligó a la institución a crear un plan para que las oficinas atendieran el 6% de las denuncias pendientes por semana, a fin de cubrir el 25% cada mes y terminar con el atraso en el 2018. Sin embargo, a febrero del 2019 la meta se había alcanzado en un 90%. "Hay oficinas que están siendo apoyadas, intervenidas, desde la gerencia técnica se les da acompañamiento para que puedan salir de esos casos, especialmente Limón, Golfito y Alajuela", dijo.
Precisamente, la gerenta técnica del PANI, Patricia Hernández reconoció que en el caso de la oficina de Alajuela --que tenía a su cargo el caso del menor fallecido en esa provincia-- las estadísticas que enviaron de atención a casos no son fiables, pues un día reportaron que tenían 300 denuncias y otro día más de 1000. Cuando fueron visitados el número correcto arrojó 310, de las cuales al menos 200 ya fueron atendidas.
Hernández afirmó que el sistema de emergencias 9-1-1 categorizó erróneamente la denuncia respecto al menor fallecido en Alajuela, pues le asignó prioridad 2. Ello hizo que el caso no fuera pasado de inmediato a la oficina del PANI durante el fin de semana, sino que ocurrió hasta el siguiente día hábil.
Finalmente, la presidenta del PANI anunció a los diputados su deseo de que acogieran una iniciativa de ley que le permita a la institución despedir funcionarios que, por negligencia, causen un daño a los menores de edad. La propuesta fue criticada por José María Villalta, por considerar que actualmente la institución puede hacer eso sin necesidad de una ley nueva.
Aprobada reforma a Ley de Concesiones
Con 39 votos a favor y 1 en contra, el Plenario aprobó este martes en segundo debate el expediente 20.929 con el cual se reforma la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos, para fortalecer el modelo de asocio entre el sector público y privado para desarrollar obra pública.
La iniciativa presentada por la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional establece, entre otras cosa, destinar durante una década el 2% de lo recaudado por concepto del marchamo para el fondo de concesiones, y cuyos recursos deberán destinarse en un 90% al desarrollo de la preinversión de los proyectos amparados a la Ley de Concesiones y para los cuales existen estudios de prefactibilidad que indican una potencial viabilidad.
Solo el diputado José María Villalta del Frente Amplio votó en contra, por lo que el proyecto pasa al Ejecutivo para su respectiva sanción.
Finalmente, el Plenario le dio primer debate por unanimidad al nuevo Código Procesal de Familia, tramitado en el expediente 19.455.
La iniciativa nace como una tarea pendiente, a 40 años de que fuese aprobado el Código de Familia y establece en su Libro Primero las normas generales comunes a los sistemas procesales. Se divide en siete títulos, que tratan sobre: jurisdicción y competencia, sujetos procesales, actuaciones procesales, actuaciones cautelares, la prueba, terminación anticipada de los procesos y consecuencias económicas de los procesos.
El Libro Segundo desarrolla los procesos. Consta de seis títulos referentes a las disposiciones generales, los procesos resolutivo familiar, procesos de protección cautelar, procesos de petición unilateral, procedimientos especiales y ejecución de las resoluciones.
Por su parte, el Libro Tercero expone lo relacionado al derecho internacional procesal de familia en cuanto a competencia y al proceso de reconocimiento, ratificación o ejecución de resoluciones extranjeras en Costa Rica.
Antes de que sea votado en segundo debate, el proyecto se envió a consulta a diversas instituciones y a publicar el texto en el Diario Oficial La Gaceta.
Como dato anecdótico de previo a que los diputados conocieran estos dos proyectos de ley, se aprobó una moción para que, en conmemoración del 70 aniversario de la adopción del Himno Nacional, se entonara dicho símbolo nacional en el Plenario.
La moción recibió 31 votos a favor y 8 en contra: dos del PAC, 1 del PLN, 4 del PRN y 1 del PUSC.
Jonathan Prendas cobró ilegalmente 8,3 millones en cesantía tras asumir como diputado
El diputado independiente leal a Fabricio Alvarado y quien fue su asesor en la Asamblea Legislativa, Jonathan Prendas Rodríguez, cobró de forma ilegal más de 8,3 millones de colones por concepto de cesantía tras asumir como diputado en mayo del 2018.
A esa conclusión llegó Delfino.cr tras analizar el dictamen C-158-2019 de la Procuraduría General de la República, el criterio STAP-0021-2019 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda que solicitó la diputada Paola Vega al respecto, y la resolución administrativa 076-2018 del Directorio Legislativo, mediante la cual se le reconoció a Prendas el monto de 8.383.738,44 colones por 154 días de cesantía.
Dicha resolución del Directorio, en poder de este diario, fue emitida el 2 de mayo de 2018 por Antonio Ayales Esna, director ejecutivo del Congreso y Pedro Solano García, actual director del Departamento de División Administrativa. La misma se firmó cuando Prendas ya había asumido como representante popular, en ese momento, por el Partido Restauración Nacional.
El documento muestra que Prendas solicitó el pago de los derechos laborales que le correspondían al haber finalizado su relación de servicios con la Asamblea Legislativa el 30 de abril del 2018, los cuales fueron estimados por Jorge Monge Vargas (con la revisión de Juan José Chotto Monestel) en 8,38 millones de colones por 154 días de cesantía, 453.077,79 colones por 8,5 días de vacaciones correspondientes al periodo 2017-2018 y 182.759,42 colones por 3,34 días de vacaciones proporcionales correspondientes al periodo 2018-2019, para un total de 9.019.575,65 colones.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República emitió a inicios de este mes un criterio legal a raíz de una solicitud de la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, en enero del 2019, quien consultó "si una persona que ocupa una plaza de confianza es electa en un cargo de elección popular ¿debe cobrar las prestaciones laborales al finalizar su nombramiento a tiempo definido en la plaza de confianza para ocupar el cargo de elección popular o al contrario, no debe cobrar dichas prestaciones por existir continuidad laboral al tener en ambos puestos al Estado como patrono?".
Pasaron cinco meses para que el abogado del Estado respondiera la consulta, pese a que --según constató Delfino.cr-- consultas de otros diputados que entraron meses después a la planteada por Hidalgo, fueron respondidas con mucha mayor celeridad y en plazos menores.
El criterio vinculante para la Asamblea Legislativa según la ley y el propio documento, concluye que no es legalmente posible conceder el pago de cesantía a los servidores que al ser removidos de sus puestos de confianza subalternos, por ejemplo, inmediatamente pasan a ocupar cargos remunerados en alguna dependencia del Estado, incluida la Asamblea Legislativa; independientemente de si el cargo es de elección popular o no.
Precisamente es de larga data conocido que los diputados son funcionarios públicos. Así lo ha reiterado en múltiples pronunciamientos la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional y lo ratifican instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción que Costa Rica ha firmado. Por ello tal y como lo concluyó la PGR a los diputados les aplica lo establecido en el artículo 686 del Código de Trabajo, el cual prohíbe el reingreso en cargos remunerados de cualquier dependencia del Estado, para aquellos servidores públicos que hubiesen recibido el auxilio de cesantía.
¿Cómo funciona el auxilio de cesantía en el sector público?
Si un funcionario público sale del cargo tiene derecho a un auxilio de cesantía, que viene siendo el equivalente al seguro de desempleo que existe en otros países. Su objetivo es asegurar a la persona trabajadora despedida (con responsabilidad patronal o por finalización de su contrato) una cantidad mínima para mantenerse mientras encuentra otro trabajo.
El monto de esa indemnización varía dependiendo de la cantidad de años laborados por el funcionario. Prendas, según la resolución en poder de Delfino.cr, tenía al 30 de abril de 2018 un total de 7 años, 2 meses y 15 días de trabajar como funcionario legislativo. Ello le daba derecho según el Congreso --erróneamente-- al escenario siete de la ley: 22 días de cesantía por año laborado o fracción superior a seis meses, para un total de 154 días.
El paso siguiente era promediar los salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos seis meses, los que según la resolución eran de 53.303,27 colones por día en el periodo 2017-2018 y 54.718,39 colones por día en el periodo 2018-2019.
El artículo 686 del Código de Trabajo establece que un funcionario que reciba el auxilio de cesantía no puede reingresar a cargos remunerados del Estado, a menos que devuelva el monto equivalente al tiempo que no necesitó de dicho auxilio.
Dado que a Prendas se le reconocieron 154 días de cesantía ello implicaba un impedimento para asumir cargos públicos hasta el 1 de octubre del 2018 (tomando como referencia el 30 de abril como fecha de inicio). Sin embargo, dado que el Congreso le autorizó al diputado el pago el 2 de mayo, cuando ya estaba trabajando, debe devolver la totalidad de esa suma y en realidad, la Asamblea nunca debió girarle ni un colón de esos 154 días de cesantía.
La información suministrada a este medio por la administración del Congreso muestra, por ejemplo, que los diputados Enrique Sánchez del PAC y Gustavo Viales del PLN recibieron auxilio de cesantía cuando salieron de sus cargos antes de asumir como congresistas, sin embargo, los días de cesantía otorgados se vencieron mucho antes de que asumieran la curul y por ende, no hay irregularidad en sus casos.
Delfino.cr preguntó al diputado Prendas si se acercaría a la administración a formalizar un acuerdo de pago para devolver los montos que cobró de forma ilegal, sin embargo, no respondió al mensaje dejado a su celular.
De igual forma, este medio consultó a la Dirección Ejecutiva si ya había entablado un proceso de cobro para recuperar esos montos, sin embargo, el correo y mensaje enviado no habían sido respondidos al cierre de edición de esta nota.
Otros casos analizados
Delfino.cr solicitó el 3 de junio a la Asamblea Legislativa un detalle completo de todos los diputados que habían ocupado algún cargo dentro del Congreso de previo a asumir su curul el 1 de mayo del 2018, así como el detalle de si tras su cese de labores percibieron algún monto por concepto de cesantía y otros extremos laborales.
En la lista suministrada por el Departamento de Recursos Humanos figura el diputado Enrique Sánchez del PAC, quien recibió 871.430,40 colones por 40 días de cesantía tras haber cesado funciones el 15 de octubre de 2013, de modo que podía reingresar a cargos del Estado sin devolver esos recursos hasta el 24 de noviembre del 2013. Según la información, Sánchez no tuvo otros cargos en la Asamblea antes de ser diputado.
También se encuentra en la lista el diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC, quien recibió 3,43 millones de colones por 84 días de cesantía a raíz de su cese el 30 de setiembre de 2014 y por ende, la indemnización cubría hasta el 23 de diciembre del 2014. Abarca no volvió a trabajar en la Asamblea sino hasta el 12 de febrero de 2018 y fue cesado el 30 de abril de ese año, aunque a diferencia de Jonathan Prendas, no cobró extremos laborales.
El diputado Luis Fernando Chacón del PLN figura como funcionario de la Asamblea Legislativa desde 1994 y renunció a su puesto de director del Departamento de Servicios Generales el 30 de abril de 2018. Según el expediente, solo se le pagaron 349.838,90 colones por vacaciones no disfrutadas, es decir, no se ha dado su reconocimiento de cesantía.
El también liberacionista Gustavo Viales Villegas recibió 2,76 millones de colones por 61,5 días de cesantía tras trabajar en la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo de 2014 y hasta el 15 de octubre de 2017. Viales no registra otro trabajo dentro del Congreso antes de ser diputado, aunque pudo haberlo hecho a partir del 16 de diciembre de ese año.
Finalmente, la diputada del PAC, Nielsen Pérez registra un pago de 23.532 colones por concepto de vacaciones pendientes de disfrutar a la fecha de su renuncia, el 15 de octubre de 2017. De igual forma, en su expediente no figura el reconocimiento de cesantía.
